BRUSELAS (apro).- Lejos del México de fantasía en el que el presidente Felipe Calderón se regodea al final de su sexenio, un documento de la Comisión Europea –al que tuvo acceso esta agencia– estima que la guerra contra el narcotráfico tuvo efectos nocivos en el combate a las desigualdades.

Además, critica la supuesta eficiencia de los programas sociales del gobierno mexicano que, según el mandatario, ayudaron a contener la pobreza en el país.

(Artículo publicado el 16 de noviembre de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado martes 6, Calderón presumió a los senadores que entre 2008 y 2010, “en un escenario de crisis mundial”, se mantuvo en 11.7 millones el número de mexicanos en extrema pobreza, como un efecto positivo de los fondos sociales de su administración, principalmente los programas Oportunidades y Ayuda Alimentaria, sin los cuales, advirtió, la población en pobreza alimentaria hubiera pasado de 18.8 a 21.8%.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojan que entre 2006 y 2010 creció 12.2 millones el número de pobres (de 45.5 a 57.7) y en más de seis millones el de mexicanos en pobreza alimentaria (de 14.7 a 21.2).

No obstante, el jefe del Ejecutivo asegura, en un manejo mañoso de las cifras, que de 2008 a 2010 el porcentaje poblacional en condición de extrema pobreza se redujo de 10.6 a 10.4%, y en las zonas rurales esa disminución fue de 2.3%.

En ese sentido, el citado memorando de trabajo de la Comisión Europea confirma que las políticas sociales del gobierno mexicano han sido ineficaces en su operación y coordinación para mitigar de manera significativa la pobreza en el país.

Refiere que “durante décadas el gasto social del gobierno mexicano no ha sido suficiente para reducir considerablemente la pobreza y la extrema pobreza”. Lo anterior, la Comisión Europea lo atribuye a dos motivos: “el alto número y la dispersión de programas sociales, y su deficiente coordinación y focalización sobre la disminución de la pobreza”.

La institución –que instrumenta la relación de la Unión Europea (UE) con México– señala que el gobierno de Calderón repitió el mismo esquema.

Así, su Plan Nacional de Desarrollo –apunta la Comisión Europea– subraya la necesidad de realizar reformas estructurales en relación a mejorar la coordinación y revisar las políticas sociales y los programas, así como a permitir un mayor acceso a los servicios públicos básicos.

Sin embargo, a pesar de que el memorando europeo reconoce “ciertos progresos” en esas áreas a través de las iniciativas México 2030 y Vivir Mejor, precisa que el impacto de este último programa ha sido menor “por la todavía elevada dispersión y una pobre coordinación entre las instituciones que se ocupan de los programas sociales, servicios e instrumentos de financiamiento existentes”.

Ese memorando –transmitido al Parlamento Europeo el 7 de septiembre último para su consulta– subraya que México es un país que muestra una de las “más pronunciadas disparidades sociales y regionales” del mundo; su coeficiente GINI –que mide la desigualdad en la distribución interna de los ingresos o la riqueza–, “es muy alto”, expone, ya que el país ocupa el lugar 120 de mayor desigualdad entre 160 analizados.

La Comisión Europea observa que el gasto social es el instrumento fundamental del gobierno mexicano para intentar reducir esas notables desigualdades, y en especial la extrema pobreza; pero aun así, se sorprende la institución, la pobreza afecta a cerca de 49% de los mexicanos, mientras que 80% “vive en una situación de vulnerabilidad social”.

En ese contexto mexicano, el memorando informa al Parlamento Europeo que es necesario que la Comisión Europea financie con 11 millones de euros el “Laboratorio de Cohesión Social II con México” (que aportará otros 11 millones), con el objetivo de “apoyar a actores públicos y no estatales determinantes en la formulación e implementación de políticas de cohesión social integradas y sustentables”, a través de la cooperación técnica de expertos europeos.

En el primer laboratorio –iniciado a mediados de 2011– hubo proyectos, entre otros, de cultura y paz con organizaciones no gubernamentales en Ciudad Juárez; de investigación de espacios públicos recuperados, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), o de desarrollo en la zona de la Sierra en Chiapas.

A diferencia de la primera versión del Laboratorio de Cohesión Social UE-México, esta segunda versión –especifica la ficha técnica que acompaña al memorando– actuará no sólo a nivel federal y en la lucha contra la pobreza, sino que su campo de acción se amplía a tres sectores “altamente interconectados”: a nivel de gobierno federal se seguirán promocionando temáticas de “cohesión social”, pero también de “prevención del crimen y seguridad”, así como de “derechos humanos, Estado de derecho y justicia”.

Por otro lado, el laboratorio se extiende a los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, donde los fondos se enfocarán en el combate a la “pobreza, la desigualdad y la exclusión social”, y en su manejo participarán las autoridades locales. México, expresa el documento, cuenta “con la suficiente capacidad de movilizar importantes recursos públicos para su desarrollo sustentable y mejorar la redistribución de la riqueza”.

No obstante, aclara, las autoridades mexicanas todavía requieren del apoyo técnico del exterior para poder implementar una “estrategia integral” que despliegue ”capacidades locales” e instituya “una guía técnica de necesidades”, indispensable para un mejor trabajo social de las instituciones públicas y sus funcionarios.

Y remata:

“Facilitando la adopción de la transparencia, de procesos de políticas públicas basados en resultados, y la implementación de mecanismos eficientes respecto del multibillonario presupuesto social de México, los programas de cooperación técnica pueden potenciar el impacto y el valor de los limitados fondos de cooperación al desarrollo de la UE con México” (y que desaparecen a partir de 2014).

Ligado con la problemática social, el documento estima que pese a los “considerables esfuerzos del gobierno federal en materia de derechos humanos y justicia” –como elevar a rango constitucional los derechos humanos o la reforma al sistema de justicia–, hasta ahora éstos son ”trabajos en marcha con resultados tangibles limitados”.

Los cuestionamientos al sexenio calderonista continúan. La Comisión Europea expone en el documento que sus políticas sociales han resultado ineficaces a causa del desgarrador impacto que ha producido en el tejido social mexicano la creciente violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico durante su sexenio.

“A pesar de su nivel relativamente avanzado de economía, democracia y desarrollo institucional, así como del incremento en la solidez de sus finanzas públicas, el principal desafío de México sigue siendo la cohesión social (igualdad social) y la inclusión de su heterogénea población, caracterizada por un acceso desigual a la prosperidad y a las oportunidades, a los servicios públicos básicos y a la justicia, el empleo, la seguridad y los derechos humanos más elementales”, asegura el documento de la Comisión Europea.

Prosigue con su diagnóstico:

“El dramático incremento en años recientes de la violencia asociada con el crimen organizado está íntimamente vinculado con este problema (de rezago social), dado que sus causas y efectos han estado comúnmente relacionados con el frágil tejido social del país. Durante el proceso de democratización política y apertura económica de los últimos 15 años, no se han corregido los importantes desequilibrios sociales o no han sido revertidos significativamente”.

En el memorando europeo se indica que “un desafío clave para la cohesión social y el desarrollo del país lo representa la generalizada violación de los derechos humanos y el exiguo acceso a la justicia”, y agrega que, además del problema de ”la violencia de género y la impunidad, así como el escaso respeto de los derechos sociales, económicos y culturales, la escalada de la violencia relacionada con el crimen organizado representa la mayor fuente de preocupación en esta área”.

Y todavía peor:

“La complicada situación de seguridad de México –asegura el documento oficial europeo– ”ha estado causando un serio daño tanto a su tejido social como a la credibilidad y autoridad del Estado a diferentes niveles de gobierno: la endeble cohesión social, la limitada implicación de la sociedad civil y la debilidad de las instituciones, incluyendo la de los cuerpos de justicia y aplicación de la ley, la mayoría a nivel local, considerados causas y efectos de este fenómeno (de inseguridad)”.