Contra las promesas que hicieron los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea sólo ha beneficiado a empresas europeas. Un balance realizado por las ONG Transnational Institute y Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio establece que algunas de esas compañías realizan en México prácticas prohibidas en sus países de origen, como acciones monopólicas, abusos contra los consumidores y violación de los derechos laborales.“Con regulaciones hechas a la medida –que, por ejemplo, otorgan a las empresas extranjeras el mismo trato que a las nacionales– y varias prácticas contra la competencia que son ilegales en sus países de origen, las empresas de la UE han amasado enormes beneficios en detrimento del mercado, de los consumidores y de los trabajadores mexicanos”, indica el informe titulado Siete años del tratado México-UE: una alerta para los países del sur.
Promesas
Ese informe, cuyos autores son los investigadores mexicanos Rodolfo Aguirre Reveles y Manuel Pérez Rocha, dista de los beneficios que prometió el entonces presidente Ernesto Zedillo el 24 de marzo de 2000, un día después de firmar en Lisboa el TLC entre México y la UE.
Zedillo aseguró que el acuerdo comercial impulsaría “una relación económica más equilibrada” con los países de la UE, “mayores oportunidades para los productos nacionales”, “transferencia de tecnología de vanguardia” y “la creación de empleos mejor remunerados”.
Su sucesor, Vicente Fox, sostuvo el mismo discurso durante su sexenio, mientras que el presidente Felipe Calderón no ha dejado de promocionar a México como “un buen negocio” en sus encuentros con dirigentes europeos.
Pero mientras la dependencia comercial de México con Estados Unidos continuó creciendo –ronda 90%–, la UE vendió a México 26 mil millones de dólares, casi el doble de lo que le compró en 2006 (14 mil 400 millones de dólares).
El citado informe señala que detrás de estas cifras existen denuncias contra empresas europeas que abusan de la flexibilidad legal que hay en México.
Menciona varios ejemplos:
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Santander Central Hispano (BSCH), ambos españoles, y el británico Hongkong Shangai Banking Corporation (HSBC) “no han cumplido con su papel de proveer créditos a la producción nacional”, pero absorbieron 52% de los ingresos que cobró toda la banca mexicana por comisiones.
Tan sólo en el primer semestre de 2006, el BBVA generó beneficios por 729 millones de euros (equivalentes a 995 millones de dólares), cifra superior a sus ganancias en España y Portugal; mientras en España éstas crecen 11% anual, en México lo hacen al ritmo de 90%.
En otro sector, la empresa Aguas de Saltillo –49% propiedad de la española Aguas de Barcelona, que opera desde octubre de 2001– fue auditada después de denuncias presentadas en su contra por prácticas irregulares: aumento excesivo de tarifas, despido injustificado de trabajadores inconformes, indemnizaciones por debajo de la ley y salarios exorbitantes de sus directivos. Un peón ganaba al mes 322 dólares; un gerente, 11 mil.
Energies Nouvelles, indica el reporte, es una filial de Electricité de France. En febrero pasado, esta trasnacional francesa anunció que invertirá 140 millones de dólares para construir una planta eléctrica en Oaxaca, uno de los estados más pobres de México. El propósito: proveer de energía a 350 supermercados de la cadena Wal-Mart.
Un caso más: la fábrica de neumáticos Euzkadi, ubicada en El Salto, Jalisco. Poco después de arrancar el TLC con Europa, la empresa dueña de la planta, la alemana Continental, requirió a sus empleados trabajar 12 horas al día –incluso los domingos– y producir más sin recibir salario adicional ni reparto de utilidades. Los obreros protestaron y Continental cerró la planta ilegalmente en diciembre de 2001. Luego de cuatro años de denuncias internacionales, los trabajadores lograron reabrirla como empresa cooperativa.
El informe indica que las compañías europeas aprovechan al máximo los bajos costos de producción del país, comercian sólo entre ellas y usan a México como una plataforma de envío de mercancías –“sobre todo vehículos de lujo”– hacia mercados de mayor poder adquisitivo que el mexicano, sin interesarse en el desarrollo nacional. Prueba de ello, afirma, es que 90% de la inversión directa europea la realizan España, Países Bajos, Gran Bretaña y Alemania, y se focaliza en el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla.
Las ventas de tan sólo ocho trasnacionales europeas fluctuaron entre mil 625 millones de dólares y 9 mil millones de dólares, de acuerdo al listado que hace la revista Expansión con las 100 empresas más importantes de México en 2007. La ventas de aquellas ocho empresas superan todas las exportaciones anuales de México a la UE, calculadas en 14 mil 400 millones de dólares. Estas empresas son Daimler-Chrysler (Alemania / Estados Unidos), BBVA Bancomer (España), Volkswagen (Alemania), Banco Santander Central Hispano (España), Hongkong Shangai Banking Corporation (Gran Bretaña), Internationale Nederlanden Groep (Países Bajos), Iberdrola (España) y Siemens (Alemania).
Debido a esta “agresiva política comercial de la UE y su desinterés en los ideales sociales y democráticos”, el 26 de noviembre de 2002 ONG europeas y mexicanas –la RMALC entre ellas– propusieron al gobierno del entonces presidente Vicente Fox y a la Comisión Europea crear un Observatorio Social del acuerdo comercial. Una de sus funciones: denunciar los abusos en territorio mexicano de las trasnacionales europeas. Las autoridades mexicanas continúan “estudiando” la propuesta.
Justicia extraterritorial
El Parlamento Europeo emitió en marzo pasado una resolución sobre el tema de la responsabilidad social corporativa. El texto –del que Proceso tiene copia– incluye recomendaciones en torno a las operaciones de las empresas europeas en naciones de otros continentes.
El resolutivo pide a la Comisión Europea –que promulga leyes de la UE– que “implemente un mecanismo por medio del cual las víctimas” de empresas que incurran en conductas contra los derechos humanos o laborales, o en detrimento de la ecología, “puedan buscar reparación por parte de tales compañías europeas en las cortes nacionales de los Estados miembros de la UE”. El resolutivo otorga ese derecho a ciudadanos afectados de países no europeos.
La institución también aconseja “monitorear y evaluar” la responsabilidad social de las “filiales y subcontratistas” extranjeras de las multinacionales de la UE; y que los directores de firmas con más de mil empleados deban ser los responsables de “minimizar cualquier daño social o impacto ecológico causado por las actividades del corporativo”.
Dicha resolución –cuyo ponente fue el eurodiputado británico Richard Howitt– incluso solicita el nombramiento de un ombudsman en la materia, que reciba las quejas de organizaciones no gubernamentales, individuos, comunidades, sindicatos y autoridades.
En su resolución, el Parlamento Europeo solicita además establecer una normativa que obligue a las empresas europeas a rendir cuentas de su actuación ética a nivel internacional, así como exhortar a los 27 Estados miembros de la UE a negar créditos para exportación a las firmas que no cumplan “con los más altos criterios de medios ambientales y sociales”.
Tal documento prosigue a una comunicación –documento que formula nuevas políticas comunes de la UE– que en relación al tema presentó en marzo de 2006 la Comisión Europea, tras la realización del Foro Europeo de Actores Involucrados, un grupo de negociación formado por empresas, autoridades, sindicatos y ONG, que culminó a fines de 2004.
Las ONG, sin embargo, acusan a la comisión de haber desechado en su comunicación “los avances de la última década” relativos a mejorar la conducta ética de los corporativos.
Resulta que antes de la publicación de este documento, el comisario de Empresa e Industria de la UE, el alemán Gunter Verheuguen, realizó discretamente consultas privadas con gente de BusinessEurope –la poderosa federación de industrias– y de CRS Europe, integrada por compañías como Volkswagen, Nissan, Coca-Cola, Sony, Shell, BASF, Cisco y otras 62 trasnacionales, muchas de ellas con presencia en México.
En el texto de esa comunicación aparece la creación de la Alianza Europea sobre Responsabilidad Social Corporativa, un consorcio de multinacionales –entre ellas las mencionadas– cuya membresía no implica compromisos obligatorios, lo cual es considerado por las ONG como un evidente “procedimiento de limpieza de imagen”.
Falsa ética
Con sede en Bruselas, The European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) aboga por que se aplique un marco regulatorio ético a las compañías europeas.
“Fue un logro importante que el pleno del Parlamento Europeo aprobara la resolución con el voto de la derecha”, señala a Proceso Ruth Casals, coordinadora de la ECCJ, que agrupa a 18 grupos de ONG de países como Alemania, España, Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Noruega y la República Checa.
“El documento –explica Casals– hace un llamado a la Comisión Europea para evitar la polarización del debate sobre la responsabilidad social corporativa, ya que después de dos años de trabajo del Foro Europeo de Actores Involucrados, la comisión determinó que tal responsabilidad es una ‘actitud voluntaria’, un campo que no regularía, por lo que las ONG sentimos que ello no correspondía al trabajo que veníamos realizando y decidimos retirarnos del foro.”
–Muchas empresas ya publican sus propios informes de responsabilidad social y desarrollo sustentable–, le comenta este corresponsal.
–Esas iniciativas son bienvenidas, pero se quedan cortas. Hay una millonaria industria de asesoría en “responsabilidad social” que se dedica a instruir a las empresas sobre cómo presentar sus informes para que se vean bien, o cómo poner una escuela para lucirse. Se está pervirtiendo el término. Por eso nosotros preferimos la palabra en inglés corporate accountability, que es rendir cuentas por sus acciones (…)
“En Inglaterra se promulgó, el año pasado, una ley por la cual los ejecutivos asumen mucha más responsabilidad legal de lo que hace la firma hasta el final de la cadena de negocios. Eso es mejor.”
Continúa Casals:
“Para comenzar a garantizar derechos mínimos, es necesario forzar a las empresas a publicar un informe anual sobre ciertos aspectos de derechos humanos y medio ambiente. Esa es una nueva obligación en Francia para las compañías inscritas en su bolsa de valores.”
–Se critican también las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece México.
–Ese mecanismo no permite llevar a juicio a una empresa; promueve más bien los arreglos. Por otro lado, los puntos nacionales de contacto de la OCDE, encargados de recibir las quejas y de tramitarlas, están a cargo de representantes del Estado, por lo que hay dudas sobre la independencia en el seguimiento que se da a las demandas. Además no cuentan con suficiente personal ni recursos económicos.
“Para el comisario Verheuguen –explica la entrevistada– existen ya leyes en materia de protección ambiental o laboral; lo demás no puede regularse. El problema es que no se aplican las normas que ya existen: las laborales de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones sobre derechos humanos, las legislaciones ecológicas europeas… Tampoco hay un monitoreo.
“En ese sentido, nuestras peticiones y las del Parlamento Europeo no son tan radicales. No estamos pidiendo la fundación de un nuevo sistema, sino aprovechar las medidas que ya existen y mejorarlas”, concluye Ruth Casals.