BRUSELAS (apro) -”De origen la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea se caracterizó por su prácticamente nula difusión y consulta entre los diversos sectores de la sociedad. Aún con su cláusula democrática, no se sometió a consulta, no se acompañó de estudios de impacto ambiental, (y) no se han formalizado mecanismos de participación de la sociedad civil, a pesar que un conjunto de organizaciones mexicanas y europeas llevamos seis años exigiéndolo”.

(Artículo publicado el 18 de octubre de 2004 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Tal es uno de los párrafos del documento en el que la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (Cifca) y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Rmalc) –que agrupan a 95 ONG de México y de nueve países europeos– justifican la necesidad de sacar la cláusula democrática de los cajones del poder y permitirle a la ciudadanía participar en la toma de decisiones del acuerdo México-UE.

Las ONG –entre las que se incluyen las influyentes fundaciones alemanas Friedrich Ebert y Heinrich Böll– señalan que la interpretación más frecuente de las cláusulas democráticas que la UE impone desde 1992 en sus acuerdos internacionales es “negativa”, es decir, se utiliza para imponer sanciones a gobiernos que han cometido graves y persistentes violaciones a los derechos humanos civiles y políticos.

Por esa razón, mencionan, “nuestra propuesta es darle a la cláusula una dimensión ‘positiva’ con base en los tres aspectos generales del acuerdo global: diálogo político, cooperación e intercambio comercial y económico”.

Y explican: “Se propone la conformación de un Comité Consultivo Mixto para promover un diálogo político y social en el acuerdo global (entre sociedad y autoridades), y la de un Observatorio Social que realice tareas de observación y consultas para detectar impactos sociales, económicos y medioambientales de la aplicación del acuerdo, así como formular propuestas de políticas alternativas y servir como medio de información a la sociedad civil y a las instancias gubernamentales y parlamentarias”.

El texto de 34 páginas –en poder de Apro– que describe a detalle la estructura y funcionamiento de las dos instancias, le fue entregado el 30 de septiembre de 2003 a Chris Patten, comisario de Exteriores de la UE, y a Porfirio Muñoz Ledo, entonces embajador mexicano ante la UE.

A pesar de la petición expresa –y personalizada en cartas anexas– de que hubiera un “pronunciamiento de fondo” del Consejo Conjunto –el órgano principal de las relaciones UE-México– y la confianza manifiesta a que habría una “reacción positiva” al proyecto, nada de eso ocurrió. A la fecha los activistas continúan esperando un sí o un no.

En entrevista con Apro en las instalaciones del Centre National de Coopération au Developpement, Gérard Karlshausen, presidente del grupo para México de Cifca, dice que las propuestas fueron estudiadas por el Comité Conjunto –la extensión a nivel técnico del Consejo–, pero que “nunca” recibieron “una respuesta oficial”.

Subraya que aunque perciben el interés de los gobiernos, “hay otro modelo que las autoridades quieren poner por delante y que es el Comité Económico y Social (CES)”.

Argumenta: “Nosotros hemos propuesto un mecanismo que permite la participación más amplia posible de los sectores de la sociedad civil tanto en México como en Europa. Pero la UE, y hasta cierto punto el gobierno de México, tienen interés en reproducir el modelo que hay con Chile, cuyo CES es la contraparte del que tiene la UE.

“No estamos en contra –afirma Karlshausen, de nacionalidad belga– pero conocemos los límites del CES en la UE: en la coyuntura de nuestros países no podemos animar un debate con la sociedad teniendo de base los sectores que tradicionalmente componen este organismo, y que son los sindicatos, los patrones y muy pocas ONG.

“Sabemos además que en México ese modelo está encontrando muchos problemas y que va a demorar bastante tiempo, ¿para qué esperar entonces una fórmula que excluya a muchos interlocutores que nos parecen muy importantes, como movimientos indígenas, ambientalistas, de mujeres, de barrio? Queremos que ellos también puedan opinar sobre los efectos del tratado porque son los primeros afectados por éste”, proclama.

Radicalizarse

Para captar el doble lenguaje que distingue a esta historia, hay que remontarse al Primer Foro de Diálogo con la Sociedad Civil de México y la UE, celebrado el 26 de noviembre de 2002 en Bruselas bajo el patrocinio de la Comisión.

La invitación a las ONG tuvo, entre otros motivos, el propósito de que expusieran sus propuestas de participación ciudadana.

Ese día por la tarde, Muñoz Ledo y Andrés Maldonado, el jefe del buró México de la Comisión, se comprometieron públicamente a que las propuestas serían “analizadas seriamente” una vez que se presentaran por escrito y a detalle.

Pero después las cosas tomaron otro rumbo: hasta su partida hace cuatro meses, Muñoz Ledo sostuvo que no era el gobierno mexicano sino la Comisión, la instancia con la que debían negociar las ONG su proyecto, ya que caía en el terreno de la cooperación.

No obstante, el embajador ha asumido la promoción y, según sus propias palabras el “asesoramiento”, para la creación del CES mexicano, que en la cita de Bruselas propuso Alianza Social, un organismo encabezado por sindicatos ligados a Francisco Hernández Juárez.

Conocer a ciencia cierta la posición del ejecutivo comunitario es más complicado, y aunque de manera oficial prosigue con el periodo de “estudio y análisis”, algunos funcionarios han mencionado que aceptar el proyecto implica reabrir el acuerdo, o que con el Observatorio Latinoamericano recién instituido –con un millón y medio de euros de fondos comunitarios– es suficiente.

Karlshausen, que ha vivido este frustrante proceso como negociador con la UE y también con sus aliados mexicanos, enfatiza:

“El observatorio social no es ningún pedido nuestro ni a la Comisión ni al gobierno mexicano, ni siquiera de financiamiento o reconocimiento. Es un instrumento para realizar análisis de académicos y gente reconocida de la sociedad civil respecto de la evolución del acuerdo de asociación. Lo que queremos es que este observatorio tenga un espacio para que se le escuche, si no para qué servirían los estudios. Y ese espacio, que debe ser aceptado políticamente por el gobierno de Vicente Fox y la UE, es el Comité Consultivo Mixto, que no va a suplantar las responsabilidades de los políticos”.

–Ustedes marcaron mayo pasado como límite para un pronunciamiento oficial sobre sus proyectos. No lo hubo ¿Qué harán?

–El punto clave es el Segundo Foro de Consulta, que podría celebrarse el 9 de noviembre, aunque no es seguro. Ahí seguiremos la discusión. Estamos conscientes que ni nuestras propuestas ni el CES se van a lograr en los próximos años porque requieren de un tiempo para madurar. Entonces, el foro es el último espacio de debate que nos queda por el momento. Por eso le hemos pedido a la Comisión que sea institucionalizado y se mantenga como un foro de diálogo entre sociedades civiles y autoridades, y no repetir la postura de la delegación mexicana en el 2002 cuando nos dijo: ‘Hemos venido a escuchar lo que discutan ustedes’”.

–¿Cual sería la consecuencia de no obtener pronto el espacio que demandan?

–Vamos a tener cada vez menor peso para resistir a los movimientos más radicales desde el punto de vista político, que nos dicen ‘ya no hay que seguir discutiendo con esa gente’, lo que nos pondría en el campo de la simple denuncia.

Insiste: “En la red Cifca siempre hemos tenido una visión crítica de las autoridades pero aceptamos el diálogo. Si éste no da resultados que se reflejen sobre las decisiones políticas de los gobiernos, se les da la razón a los grupos internos que nos están pidiendo cortar la conversación. Existe esta presión en México y claramente en Europa”.

Y prende la alarma a manera de conclusión: “Si no se celebra el segundo foro, o si se vuelve meramente cosmético y de ahí salimos con nuestras contrapartes mexicanas bien desanimados del diálogo, tendremos que evaluar por qué camino vamos a enfilar”.