Un documento relativo al pasado proceso electoral de México, elaborado por un grupo de expertos de la Unión Europea, confirma lo que amplios sectores políticos y sociales de este país constataron: el perfil fraudulento de los comicios y la indolencia del Instituto Federal Electoral ante el cúmulo de irregularidades detectadas. Entre otros aspectos, el informe redactado por la misión de la UE consigna la evidente intromisión del duopolio televisivo en favor del candidato priista, Enrique Peña Nieto.

(Artículo publicado en la edición del 7 de octubre de 2012 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Enrique Peña Nieto llegará a Europa –en una gira que empezará el jueves 11 y terminará el jueves 18– cuando ya se divulgó aquí el contenido de un informe de la Misión de Expertos Electorales (MEE) de la Unión Europea (UE) sobre las elecciones en México, documento que entre otras irregularidades reporta las denuncias de compra y coacción masiva del voto para favorecer al priista y cuestiona la pasividad del Instituto Federal Electoral (IFE), que no investigó las acusaciones.

Más aun, el informe de la MEE afirma que Televisa y TV Azteca, con el control casi total que detentan del mercado televisivo, obstaculizaron el ejercicio de una cobertura plural de las campañas presidenciales en los medios, lo que, asegura, no pudo comprobarse oficialmente debido al deficiente monitoreo que la Universidad Nacional Autónoma de México realizó para el IFE.

En el documento de 24 páginas –cuya copia obtuvo Proceso– la MEE incluso sostiene que las autoridades judiciales mexicanas “deberían” investigar “la compra de cobertura editorial” de partidos y candidatos durante la campaña y menciona la necesidad de abrir una averiguación del caso particular del “presunto acuerdo entre el PRI y Televisa para impulsar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto”.

El informe señala: “La instancia judicial competente no debería renunciar a la investigación de este tipo de prácticas, por mucho que la existencia de pactos secretos entre partidos y medios de comunicación para obtener cobertura informativa pueda ser muy difícil de demostrar”.

Los especialistas europeos exponen que una forma de proporcionar “evidencia empírica” que esclarezca las denuncias de la izquierda y del movimiento #YoSoy132 en relación con el “sesgo mediático” favorable al candidato priista, sería que los partidos políticos seleccionaran a una “entidad imparcial de la sociedad civil” para que haga un monitoreo eficaz de medios.

El pasado 24 de septiembre la jefa de la delegación de la UE en México, Marie-Anne Coninsx, le dio una copia del informe final de la MEE al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. Ese mismo día el IFE emitió un boletín en el que se limitó a informar del acto de entrega del documento y del modo en que operó la misión de expertos. También informó que ésta comenzó a funcionar cinco semanas antes del día de las elecciones y señala las fases del proceso electoral que observó.

Sobre el contenido del documento el comunicado del IFE sólo dice que “los expertos europeos reconocen el avance democrático de México, así como la fortaleza y legalidad de las instituciones electorales”, pero no menciona ninguna de las muchas críticas vertidas en él.

La agencia Notimex y la mayoría de los medios mexicanos se conformaron con reproducir en sus notas el comunicado del IFE, que atribuyó a la MEE únicamente elogios para el proceso y las instituciones electorales.

En el documento los especialistas electorales –acreditados por los 27 gobiernos de la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior– culpan al IFE de haber consentido prácticas electorales tipificadas en el Código Penal mexicano como delitos, en referencia a la compra y coacción del voto, tal como sucedió, destaca el informe, con la entrega de monederos electrónicos que podían ser canjeados –a cambio del voto por el PRI– en las tiendas Soriana.

Los expertos europeos reprochan al IFE que haya decidido en su momento no dictar medidas cautelares y, por lo tanto, no congelar las cuentas bancarias de donde salía el dinero para efectuar esas dudosas operaciones. El IFE alegó que no había pruebas de esas conductas delictivas, argumento que los europeos enviados a México desacreditan.

“La MEE –expone el reporte– comparte la opinión de algunos analistas y observadores que consideraron la aparente falta de actuación del IFE como abiertamente conservadora y como una oportunidad perdida para emitir una señal de desaprobación hacia ese tipo de prácticas.”

Y remata con un duro cuestionamiento: “Los acontecimientos poselectorales, llenos de acusaciones sobre la inequidad de las elecciones, supuestamente debida a la compra y coacción del voto, han puesto de manifiesto los pobres logros del IFE a este respecto”.

El reporte puntualiza que el Código Penal mexicano castiga la compra de votos con multas y penas de prisión e incluso prevé la inhabilitación y la destitución del cargo de los funcionarios infractores.

Por tal motivo los especialistas europeos consideran que la Procuraduría General de la República –concretamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales– debería “actuar más enérgica y sistemáticamente” en estos casos.

“Concentración mediática”

El informe de la MEE ofrece el análisis de la campaña presidencial en distintos aspectos del marco electoral mexicano, el cual es calificado como uno “altamente especializado”, “complejo”, “detallado” y que prevé “instituciones electorales sólidas tanto a nivel federal como local”.

Ello, sin embargo, se atribuye a “una subyacente falta de confianza de los votantes y los partidos políticos hacia los procesos electorales”.

El apartado más extenso y donde se percibe mayor preocupación es el que concierne al tema de la regulación de los medios.

Los expertos europeos confirman que la democratización de los medios electrónicos, controlados por el duopolio televisivo, fue el tema que ocupó “el centro del debate político” durante la campaña presidencial.

Refieren: “México presenta un panorama de medios electrónicos de alta concentración que compromete la pluralidad periodística. Particularmente en el caso de la televisión, que según una estimación muy extendida es el medio preferido por cuatro de cada cinco mexicanos para informarse de política”.

Con datos de un informe de 2006 de la Comisión Federal de Competencia el documento europeo enfatiza que dicha concentración se ejerce a todos niveles: empresarial, de audiencia y de mercado publicitario. Y precisa: “Sólo dos empresas, Televisa y TV Azteca, capitalizaban 96.8% de la audiencia y la práctica totalidad de los ingresos publicitarios en televisión, medio que atraía, además, 58% de la inversión publicitaria total”.

Sin embargo, se advierte que la apertura de un proceso de licitación para conceder dos nuevas licencias de televisión –y que anunció a principios de junio pasado la Comisión Federal de Telecomunicaciones– ayuda a resolver el problema de la concentración “pero no garantiza mayor diversidad editorial”.

El reporte explica que para avanzar en una mayor desconcentración y pluralidad en los medios electrónicos es necesario que las autoridades mexicanas apliquen, como se hace en Europa, “medidas adicionales, como la potenciación de una televisión del Estado orientada al servicio público y con una programación que conjugue la ecuanimidad, la calidad y el interés de la información política o las ayudas a los medios comunitarios y a los medios privados minoritarios”.

Así, la misión europea hace una inusual crítica –viniendo de una entidad con el aval de la UE– a la actitud de Televisa y TV Azteca frente a las reformas electorales de 2007 y 2008, que entre otras cosas prohibieron la compra de tiempo-aire en periodos electorales.

El duopolio considera que tales cambios legislativos “violan su derecho a la libertad de expresión”.

Con ese razonamiento, las televisoras desplegaron en sus pantallas una campaña de linchamiento contra las instituciones electorales, incluyendo expresiones de protesta de sus presentadores estrella durante un debate en la materia celebrado en el Senado en 2007.

Al respecto los expertos europeos argumentan: “Tanto la restricción de la publicidad en los medios electrónicos, que llega en algunos países a la prohibición, como la distribución de espacios electorales gratuitos en medios electrónicos, ya sean privados o del Estado, es una práctica habitual en regímenes democráticos que en modo alguno se considera violatoria de la libertad de expresión”.

Continúan: “El fundamento de la limitación o prohibición de la compra de propaganda electoral en radio y televisión es que estos medios, sea cual sea su régimen de propiedad, tienen obligaciones públicas en razón de su ocupación del espacio radioeléctrico, que es un bien público, limitado y sujeto a la regulación del Estado”. Por tanto, indican, la distribución de espacios gratuitos en los medios privados “debe ser considerada contrapartida a su usufructo del espacio radioeléctrico”.

Además el reporte hace hincapié en que  tal   limitación  “reduce  el  riesgo  de que los partidos políticos desarrollen lazos de dependencia con los grandes poderes económicos”.

La MEE concluye que tales reformas, que afectaron los intereses económicos de las televisoras, “han supuesto avances en términos de igualdad de oportunidades de partidos y candidatos durante las campañas” y están en línea con los criterios internacionales.

Monitoreo ineficiente

No obstante, observa el escrito, esas reformas dieron lugar durante la campaña presidencial a fenómenos que no corresponden con una comunicación electoral digna de un país democrático.

Por un lado los medios de comunicación sobrecargaron su programación con spots electorales de 30 segundos cada uno que fueron transmitidos en bloques continuos de hasta seis minutos de duración. El resultado: “El hastío de la audiencia” y “la pérdida del interés y del ya limitado valor informativo” de tales “píldoras publicitarias”, recalca.

Por otro lado expone que el IFE no retiró los spots que juzgó denigrantes y calumniosos antes de ser emitidos, ya que la Constitución prohíbe su censura previa. Ello, lamenta el documento, provocó al candidato afectado “un daño irreparable antes de la celebración de las elecciones”.

Pero una de las consecuencias más perniciosas de la prohibición de comprar propaganda electoral, plantea la MEE, fue el agravamiento de un problema ya existente: la compra clandestina de cobertura editorial. Y en este renglón, subrayan los especialistas europeos, el proceso presidencial mexicano careció de un eficiente monitoreo de medios, indispensable para detectar a los electrónicos que incurran en desequilibrios en la cobertura de la campaña.

Desde 2009 el IFE encargó esa operación de monitoreo a la UNAM, que para las pasadas elecciones presidenciales contrató y formó a un equipo de 180 alumnos de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La MEE considera que ese monitoreo de la UNAM no cuenta con la metodología correcta: sólo toma en consideración los noticieros, deja fuera de observación otros programas de contenido político (como tertulias, debates o emisiones de opinión) y tampoco incluye las declaraciones de cargos públicos electos que no compiten en las elecciones.

Sin embargo, la principal debilidad que observa la MEE es que las notas informativas que examina el monitoreo de la UNAM sólo son valoradas en tres tipos: positivas, negativas o neutras, con la finalidad de evitar caer en una interpretación personal de los individuos que realizan ese trabajo.

El efecto de esa decisión metodológica, explican los expertos europeos, “ha sido peor que el riesgo que trata de evitar”, ya que no arroja información útil.

A su juicio la imparcialidad del trato informativo “no se puede establecer cabalmente a menos que se evalúe la calidad del tiempo que se dedica a los partidos y candidatos observados”, por lo que propone que mejor sean aplicados “modelos de codificación del tono” de las noticias, que suelen utilizar las misiones de observación electoral y que prevén estrategias para moderar la subjetividad de las personas encargadas de la codificación.

Por todo lo anterior, concluye la MEE, “el monitoreo de medios (de la UNAM) no puede proporcionar una radiografía completa de la existencia y magnitud del sesgo informativo de los medios electrónicos pese a que este ha sido uno de los grandes temas de la campaña electoral”.