BRUSELAS.- Mientras que la Unión Europea (UE) enarbola en su discurso la defensa de la democracia y de los derechos humanos como eje de sus relaciones con Latinoamérica, los eurodiputados españoles implementaron una campaña de apoyo al gobierno hondureño de Porfirio Lobo Sosa y a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Colombia.

(Artículo publicado en la edición del 16 de mayo de 2010 de la revista PROCESO)

El peso del cabildeo español se reflejó en la invitación que el pasado 8 de abril recibió Lobo del presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para que asista esta semana en Madrid a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Latinoamérica y el Caribe.

El jueves 6, Lobo anunció que sólo estará presente en el encuentro entre europeos y centroamericanos, luego de que los países de la Unión Sudamericana de Naciones (entre ellos Ecuador, Venezuela y Brasil) amenazaron con boicotear la cumbre si asiste el presidente hondureño.

“Esas posiciones españolas no son compatibles con el discurso democrático europeo”, afirmó la eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek en entrevista con Proceso realizada el mismo jueves 6.

Lunacek, eurodiputada del Partido Verde Europeo e integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, comentó que “los españoles creen que ellos son los únicos que pueden ocuparse de las relaciones con Latinoamérica”, aunque también reconoció que el resto de Europa deja a España encargarse de la región.

Manifestó que los eurodiputados españoles del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) “apoyan desde hace tiempo a los gobiernos conservadores latinoamericanos, incluyendo a los más reaccionarios”, pero también así lo han hecho los eurodiputados españoles de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD), menor en número.

El pasado 22 de febrero, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica del gobierno de Rodríguez Zapatero, presentó en el Parlamento Europeo el programa de la presidencia española de la UE para las relaciones con Latinoamérica.

Señaló que la UE había mantenido una posición de “absoluta condena del golpe de Estado” del 28 de junio de 2009 contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pero luego afirmó que la UE “no podía ignorar los resultados de las elecciones” del 29 de noviembre pasado, lo cual, dijo, unido a los “gestos” del nuevo presidente Lobo (la formación de un gobierno de unidad nacional y la creación de una Comisión de la Verdad) se planteaban “condiciones suficientes para la normalización de las relaciones con Honduras”.

Sobre Colombia, el funcionario socialista destacó el “compromiso de las autoridades” con los derechos humanos, y subrayó que la firma de un TLC con el gobierno de Álvaro Uribe –cuyas negociaciones ya finalizaron–“añadiría un nuevo instrumento muy eficaz en ese ámbito”.

En contraste, la eurodiputada portuguesa Ilda Figuereido, vicepresidenta de la delegación para América Central y miembro de Izquierda Unitaria, lamentó que la UE “ignore la situación actual en Honduras, derivada de un golpe de Estado contra un gobierno legítimo”. Le recordó también al diplomático español que en Colombia “se siguen asesinando sindicalistas y poniendo en duda el respeto a los derechos humanos”.

De acuerdo con José Antonio Gil de Muro, asesor político de la bancada socialista en temas latinoamericanos, muchos eurodiputados de la APSD no comparten la visión de sus compañeros españoles. El asesor comentó a este corresponsal que los franceses y los alemanes rechazan “por principio ideológico” al gobierno de Lobo y el acuerdo comercial con Colombia, pero que la visión “pragmática” española se imponía en las relaciones con Latinoamérica.

Así, el 16 de febrero, una delegación de ocho eurodiputados socialistas, encabezada por el presidente de la APSD, el alemán Martin Schultz, comenzó una visita de observación de los derechos humanos en Colombia. A su regreso, Schultz evitó someter a votación el tema colombiano para no exhibir públicamente la división que existía en su grupo político respecto de la posición española.

Intereses comunes

El eurodiputado Willy Meyer es miembro de la Delegación para los Países Andinos y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Él es el único español del grupo de Izquierda Unitaria.

Entrevistado el pasado 6 de mayo, Meyer señaló: “El Parlamento Europeo es de las pocas instituciones democráticas del mundo que no condenó el golpe de Estado en Honduras”.

Comentó que él propuso en la Comisión de Asuntos Exteriores que se realizara un debate y se elaborara una resolución final que definiera la posición del Parlamento Europeo sobre la situación hondureña.

“Pero el portavoz del grupo del PPE, José Ignacio Salafranca, dijo que no”, indicó Meyer. Y abundó: “Salafranca me planteó que él no tendría inconveniente si también se hablaba de Venezuela y de Cuba. Le pregunté si queríamos o no condenar el golpe de Estado en Honduras. Entonces él se cerró y ya no hubo posibilidad de nada, ya que mi grupo no tiene diputados suficientes para promover una resolución final”.

Salafranca fue, “por iniciativa propia”, el ponente del reporte sobre la estrategia de la UE para las relaciones con Latinoamérica. Luego de que fue objeto de discusión entre las diversas fuerzas políticas, ese reporte se convirtió en el documento que fijó la posición del Parlamento Europeo sobre la Cumbre de Madrid de esta semana.

Una ficha informativa interna del Partido Verde Europeo, a la que tuvo acceso este corresponsal, describe así los posicionamientos de Salafranca vertidos en su reporte:

“Salafranca evita cualquier tema incómodo, como los derechos humanos, la impunidad o el creciente agotamiento de los recursos naturales. En su lugar, solicita la creación de una fundación euro-latinoamericana con estatutos precisos, y da la bienvenida al nuevo mecanismo de inversión, el cual concentrará aún más la inversión europea en pocos sectores de pocos países latinoamericanos.”

Además, continúa la ficha, “Salafranca enfatiza la necesidad de apoyar organizaciones, congresos y otras actividades que pueden reconocerse fácilmente como iniciativas de interés español, y pide también que aumente el respaldo y el financiamiento a proyectos cercanos a su propia posición ideológica y en beneficio de empresas trasnacionales españolas”, como Telefónica, Unión Fenosa o Aguas de Barcelona.

La eurodiputada Lunacek confirma que hay intereses económicos que comparten populares y socialistas españoles con las empresas españolas que pueden participar en el desarrollo de megaproyectos en Latinoamérica.

Lunacek y la eurodiputada francesa Catherine Grèze, también del Partido Verde, propusieron una enmienda que solicitaba a los dirigentes de la UE y Latinoamérica “detener proyectos dañinos del medio ambiente, como la construcción de la presa Belo Monte”.

Tal megaproyecto, ubicado en el cauce del río brasileño Xingú, en la región de la Amazonia, anegaría una enorme extensión de terreno, desaparecería tramos del afluente, destruiría la biodiversidad, reduciría la pesca, generaría el desplazamiento forzoso de más de 20 mil personas y sólo favorecería a la contaminante industria minera, según advirtió la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar).

Sin embargo, los socialistas españoles rechazaron tal enmienda. Los eurodiputados del PPE también votaron en contra de ella, por lo que finalmente salió del reporte final.

De acuerdo con organizaciones defensoras del medio ambiente, como Redlar, el gobierno brasileño tiene planeado construir 50 hidroeléctricas en los próximos cuatro años como parte del Programa de Aceleración del Crecimiento. Las compañías energéticas españolas Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa estarían interesadas en invertir en su construcción y explotación.