BRUSELAS (apro).- La Unión Europea (UE) anunció que verificará y pondrá a prueba los sistemas contra riesgos de la central nuclear de Laguna Verde, localizada en Xalapa, Veracruz, pese a que –según reveló una evaluación independiente financiada por Greenpeace y publicada en junio último– los propios exámenes de control de las instalaciones nucleares europeas son ineficientes y parecen estar diseñados para que ninguna planta tenga que cerrar.

(Artículo publicado el 31 de agosto de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El proyecto de ”asistencia técnica” europea con México en la materia se inscribe en el marco de las medidas preventivas internacionales tomadas luego del desastre nuclear en la planta japonesa de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo de 2011, que reveló dramáticas deficiencias en las normas de seguridad.

La cooperación nuclear entre México y la UE se institucionalizó con la firma de la Asociación Estratégica en 2010. En el caso del proyecto en Laguna Verde, la colaboración bilateral se realiza a través del Instrumento de Cooperación en Seguridad Nuclear que gestiona la agencia de cooperación al desarrollo de la UE, EuropeAid, desde 2007.

En concreto, los especialistas europeos se ocuparán de la “revisión del estado actual de los mecanismos de evaluación de seguridad y de probabilidad de riesgos de la planta nuclear de Laguna Verde”, e incluso ”de sus ajustes en caso de ser necesario”.

Así lo señala el anuncio de la licitación pública del contrato divulgado por el Ministerio de Comerio e Inversiones de Gran Bretaña en su página de Internet el pasado 14 de agosto. Ahí también se precisa que el costo de verificación de la planta veracruzana y de otra brasileña se eleva a tres millones y medio de euros.

De acuerdo con el mismo contrato, las firmas europeas ganadoras del concurso se encargarán igualmente de ”examinar los reactores de agua a presión de Laguna Verde”, así como de “revisar las Directrices para el Manejo de Accidentes Graves (SAMGs, por sus siglas en inglés) y ”elaborar otras directrices específicas” para la central nuclear mexicana.

Finalmente, el contrato contempla la realización de un “estudio integral de riesgos” y la identificación de “potenciales modificaciones en el diseño y en los procedimientos operativos que mejoren la seguridad en relación con los escenarios de los exámenes de resistencia nuclear (o de estrés)”.

El objetivo general de la misión europea, se indica en el documento, es “emparejar” los actuales estándares de seguridad con que opera Laguna Verde con ”los criterios y prácticas internacionales” vigentes en ese campo.

Curiosamente, hace menos de tres años, el 30 de noviembre de 2009, Laguna Verde recibió el Premio Iberoamericano de Calidad Oro, entre otros motivos, por su “excelente” plan de seguridad. Dicho galardón está adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, España y Portugal, y está organizado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq), una asociación de empresas públicas y privadas.

El reconocimiento fue otorgado tras la evaluación que realizaron 11 expertos internacionales en materia de calidad total. El comunicado que emitió entonces el gobierno de Felipe Calderón señala que una de las “fortalezas” de Laguna Verde por las que ameritó ese premio fue ”la excelencia operativa del sistema de vigilancia radiológico y de las medidas de alarmas asociadas a los riesgos de la planta”.

Peligro nuclear

La central nucleoeléctrica de Laguna Verde comenzó a funcionar oficialmente el 14 de abril de 1990. El sitio cuenta con un historial lleno de cuestionamientos preocupantes. La oficina en México de la organización internacional ecologista Greenpeace aporta datos al respecto.

Greenpeace acusa que la empresa General Electric fabricó para Laguna Verde un modelo de reactor, el Mark II, que ya había sido descontinuado en Estados Unidos por mal funcionamiento, además de que el director de construcción de la central confesó públicamente en 1987 que no había controles de calidad en su edificación.

En dos ocasiones se produjeron fugas de vapor radioactivo, debido a fisuras en la tubería de circulación: una durante las pruebas finales el 25 de noviembre de 1989, y otra apenas 13 días después de su inauguración, el 27 de abril de 1990.

Greenpeace cuestiona que la planta nuclear haya sido instalada en un lugar donde atraviesa una falla geológica y una de las regiones más densamente pobladas del país.

“Demandamos el cierre de Laguna Verde porque representa enorme peligro al estar en la ruta de llegada de huracanes en Veracruz”, señaló Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México el 31 de marzo de 2011, dos semanas después del accidente nuclear de Fukushima.

El grupo ecologista recuerda que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) elaboró en 1999 un reporte en el que constó la ausencia de una cultura de seguridad en la planta.

Al año siguiente, la consultora especializada en estudios sobre seguridad nuclear, Large and Associates, advirtió que las estructuras de organización y administración corporativa de Laguna Verde estaba al borde de la “falla institucional”, una situación que causó los accidentes nucleares de Windscale en 1957, la Isla de Tres Millas en 1979 y Chernobyl en 1986.

Con base en los hallazgos del informe de WANO, el especialista estadunidense David Louchbaum aconsejó clausurar la central nuclear por lo menos durante un año y medio para resolver las irregularidades, y alertó sobre las “consecuencias desastrosas” de un accidente derivado de los desperfectos que detectó WANO.

A ese respecto, Greenpeace relata: “Durante su sexenio, el presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a las Madres de Veracruz (un grupo de mujeres de Xalapa que se organizó en 1987 contra la instalación de Laguna Verde) que se realizaría una auditoría imparcial en la planta para determinar si debería ponerse a trabajar de lleno, o bien clausurarse permanentemente.

“Sin embargo –prosigue–, Salinas escogió, para hacer la auditoría, a Manuel López Rodríguez, cuya imparcialidad estaba comprometida por tres factores: era un promotor de la energía nuclear en España; era amigo de Juan Eibenshuzt, quien era el padre de la planta, y tenía relaciones con Hidroeléctrica Española S.A., uno de los contratistas de Laguna Verde. Por ello, no fue sorpresa que López Rodríguez declarara a Laguna Verde segura para su operación”.

Las señales de alerta continuaron durante el sexenio del panista Vicente Fox: en 2002, Greenpeace presentó 22 documentos internos de Laguna Verde en los que se reconocían diversas fallas de funcionamiento. Y más aún: el Plan de Mejoras de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad aseguró que Laguna Verde presentaba un total de tres mil 800 problemas que debían solucionarse, según publicó el diario La Jornada el 3 de marzo de 2005.

A finales de ese mismo año se produjo un pequeño incendio. El incidente se desató en el techo del edificio en que se halla uno de los reactores con uranio enriquecido. El 5 de marzo de 2006, otra vez uno de los dos reactores de Laguna Verde tuvo que ser cerrado tras dañarse un cable eléctrico conectado a un motor.

Actualmente, Greenpeace México está denunciando una posible relación entre la actividad nuclear de Laguna Verde y una presencia de enfermedades cancerígenas entre los habitantes de los municipios circundantes Vega de Alatorre, Actopan y Emiliano Zapata.

La organización expone que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Campeche han confirmado la presencia de radionúclidos de Cesio 137 (un elemento radioactivo) en las lagunas de El Llano (localizada a cinco kilómetros de la central), de Catemaco y de Tamiahua, así como en la playa de Villa Rica en Veracruz.

Fallas europeas

Luego del sismo y el maremoto que provocaron la catástrofe nuclear de Fukushima, el 11 de marzo de 2011, los dirigentes europeos se reunieron para establecer criterios más estrictos en cuestión de seguridad nuclear. El 25 de marzo de ese año decidieron someter a pruebas de resistencia (test de resistencia o de estrés) a las 143 centrales nucleares que operan en su territorio, a seis en construcción y a 15 en planeación.

La finalidad de esas pruebas es determinar la capacidad de las instalaciones nucleares para aguantar sismos, inundaciones u otras catástrofes naturales, choques aéreos o atentados terroristas.

En noviembre de 2011, la UE presentó un informe con los primeros resultados. La unidad de Greenpeace en Bruselas presentó el pasado 14 de junio un reporte titulado “Exámenes de resistencia: errores, puntos ciegos y complacencia”, elaborado por las expertas europeas Antonia Wenish y Oda Becker a solicitud de la organización.

El estudio analizó los resultados de resistencia de reactores nucleares ubicados en España, Bélgica, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, República Checa, Francia, Reino Unido y Suiza (un estado no miembro de la UE). Sus observaciones son asombrosas.

Afirman: “Las pruebas de resistencia aflojaron la presión en áreas de mayor preocupación para los expertos independientes: factores como el envejecimiento o las fallas de diseño no fueron tomados en cuenta. Poca atención fue puesta en una falla múltiple del reactor, como sucedió en Fukushima, o una falla múltiple de la instalación, como una probable interrupción de la comunicación en el caos de un desastre nuclear”.

Las especialistas europeas prosiguen: “Múltiples escenarios de desastre que dieron nacimiento a las pruebas fueron omitidas y la mayoría de los Estados miembros de la UE se rehusaron a analizar las consecuencias de un choque aéreo que lleve a un desastre nuclear directa o indirectamente (si un avión se estrella cerca de una central)”.

Las compañías operadoras de las centrales nucleares y los reguladores gubernamentales de España, Suiza, República Checa y Eslovaquia estuvieron en desacuerdo con sus contrapartes de Alemania, Reino Unido y Francia acerca de la necesidad de utilizar contenedores secundarios, de los que carecía Fukushima.

“Otras omisiones significativas –continúa el reporte– se refieren al mecanismo de respuesta de emergencia a distancia, incluyendo los planes de evacuación, la interrupción de los procesos económicos, el abastecimiento de la información y la comunicación. Esas áreas esenciales caen entre las rajaduras. Los organismos reguladores y las autoridades de la seguridad nuclear se echaban unos a otros la responsabilidad del asunto”.

Las cuestiones sobre seguridad y terrorismo fueron dejadas a un grupo cerrado de trabajo, que no permitió un escrutinio externo, remarca el reporte. Lo más sorprendente fue que tal grupo no estaba facultado para analizar los escenarios relativos con los choques aéreos. Después de 11 meses de trabajo, sus miembros concluyeron que era necesario continuar con las discusiones.

Algo más inquietante: el documento acusa una enorme falta de claridad en los detalles de los procedimientos de las pruebas. Dice que, por ejemplo, los operadores usaron distintos enfoques en sus evaluaciones de amenazas de riesgos, particularmente en lo relativo a temblores.

“La información resultante no puede ser comparada entre países, se lamenta el reporte. Sin esas referencias, parece que las pruebas fueron diseñadas, intencionalmente o no, para no fallar”, concluye.