BRUSELAS (apro).- George-Pierre Tonnelier, un dirigente de la extrema derecha belga, anunció públicamente que renunciaba a sus ideas radicales.
Legalmente exigió a diversos organismos antirracistas la aplicación de su “derecho al olvido” y que, en consecuencia, eliminaran de sus sitios de Internet aquellas informaciones relacionadas con su carrera como ultraderechista.
(Artículo publicado el 17 de agosto de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)
Éstos sospecharon de la sinceridad de su reconversión. La organización no gubernamental RésistanceS –con más de 15 años de existencia– decidió realizar un estudio del movimiento neonazi y sus prácticas de reclutamiento en Internet utilizando un método periodístico: la investigación encubierta.
De ese modo, dio de alta en la red social Facebook el perfil de una falsa simpatizante de extrema derecha con quien, casualmente, asegura la organización, entró en contacto Tonnelier.
Las conversaciones resultaron reveladoras: el activista, supuestamente arrepentido de su pasado, no sólo seguía profesando sus opiniones extremistas, sino que, además, continuaba participando con la dirección del partido de corte neonazi al que siempre había pertenecido.
Tras haber sido exhibido, Tonnelier, constituido en parte civil, interpuso una acusación contra el presidente y el tesorero de RésistanceS, Manuel Abramowicz y Julien Maquestiau, respectivamente. Los cargos: usurpación de identidad, portación pública de nombre falso, falsificación y uso de falsificación informática, violación de la vida privada y hostigamiento.
A pesar de que el ministerio público de Bruselas había pedido el sobreseimiento de la denuncia en favor de RésistanceS, sorpresivamente la Cámara del Consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas estimó que el método de trabajo usado por la organización podía derivar en la comisión de diversas infracciones “graves”, por lo que el pasado 26 de junio turnó el caso al tribunal correccional para “delitos de prensa”.
El gremio periodístico se inquietó. La Asociación de Periodistas Profesionales de Bélgica (AJP, por sus siglas en francés) explicó, en la última edición de su boletín mensual, que este proceso plantea “cuestiones clave” para la profesión, en particular para el periodismo de investigación.
Se interroga: “¿Cuándo se puede ocultar que uno es periodista para descubrir la verdad? ¿Hasta dónde extender los principios deontológicos de la profesión y considerar el uso de una excepción? ¿Sobre qué balanza sopesar el derecho a la información y aquel a la vida privada? ¿Hasta dónde hay que aceptar el ‘derecho al olvido’ en Internet?”.
Los hechos
Tonnelier ingresó al Frente Nacional de Bélgica (FN) a mediados de los años noventa. Fue dirigente de la rama juvenil del partido y se colocó rápidamente como el brazo derecho del presidente y fundador, Daniel Féret. Tonnelier incluso llegó a encabezar la lista del FN en las elecciones comunales.
Fue también uno de los hombres más cercanos a Marguerite Bastien, quien fundó y presidió el Frente Nuevo de Bélgica (FNB), una escisión del FN.
En abril de 2007, Tonnelier formó parte del Comité Belga de Apoyo –creado por Bastien– a la candidatura presidencial de Jean-Marie Le Pen, dirigente del Frente Nacional de Francia y uno de los más importantes líderes de la extrema derecha europea.
Poco después, en septiembre de 2007, Tonnelier volvió al FN para participar en su proceso de renovación.
En ese momento se logró posicionar como ”colaborador” del diputado regional del FN en Charleroi, Jean-Pierre Borbouse, como presidente del centro de estudios del mismo partido y como secretario del buró político nacional.
El 18 de abril de 2006 –a raíz de una denuncia interpuesta por el centro por la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, dependiente del gobierno federal–, la Corte de Apelaciones le prohibió a Tonnelier ocupar cargos de elección durante un periodo de siete años. Ese tribunal consideró que había incurrido en actos que incitan al odio, a la discriminación y a la segregación racial. En 2008, Tonnelier fue nuevamente condenado por haber sostenido declaraciones antisemitas.
En otra querella, el mencionado centro antirracista lo denunció por haber creado, en 2000, el sitio de Internet de una casa editorial dedicada a publicar libros de índole racista. Su propietario, Bernard Mengal, fue declarado culpable por el tribunal correccional, no así Tonnelier, debido a que, según los jueces, él sólo habría tenido una participación técnica en la empresa.
Tonnelier asegura que rompió relaciones con el FN en febrero de 2008. RésistenceS comenta que, en el verano de 2008, Tonnelier “envió centenas de e-mails, fax y correos postales a decenas de asociaciones y organismos antirracistas, así como a responsables de éstas para afirmar que se había vuelto ‘una persona de bien’, porque había roto con la extrema derecha.
“Desde hace meses –continúa–, él ha estado hostigando al Movimiento contra el Racismo, el Antisemitismo y la Xenofobia (MRAX), La Liga de los Derechos del Hombre, RésistanceS.be y el Centro por la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo. Su objetivo: exigir a esos organismos que retiren de sus sitios de Internet todas las referencias a su persona en las que se menciona que él era uno de los responsables del FN, perseguido por los tribunales por racismo y condenado por ese motivo”.
La insistencia era tal, que Tonnelier mandaba mensajes de texto incluso los fines de semana.
Tonnelier evoca el “derecho al olvido”, que integran algunos códigos deontológicos periodísticos europeos.
El arrepentido dirigente, actualmente de 34 años, argumentaba que su militancia ultraderechista remontaba a sus años de juventud y que las informaciones relacionadas a este lapso de tiempo son “insultantes y denigrantes” para él, causándole graves prejuicios a su vida sentimental y profesional actual.
En junio de 2009, la organización antirracista creó una cuenta en Facebook a nombre de Isabelle Ravet, una imaginaria militante de extrema derecha.
El 18 de junio, Tonnelier contactó a Isabelle. El 1 de julio, éste le envió un mensaje en el que le dice: “Veo que usted está claramente comprometida a favor de las ideas nacionalistas, ¡muy bien!”.
Al día siguiente, afirmó que Patrick Sessler, el vicepresidente del FN, “es alguien de bien y de determinación”, y agregó: “Estoy persuadido que él logrará, con mi ayuda y la de otros cercanos, recuperarnos” del fracaso en las elecciones, las cuales habían tenido lugar un mes antes.
Y confió: “Yo pienso verdaderamente que el FN de Patrick Sessler es un partido con futuro en los años que vienen”.
El mismo día, en un segundo mensaje, admitió: “Yo soy, en efecto, miembro del FN (soy un próximo de Patrick Sessler), pero me esfuerzo para ser discreto, en razón de los problemas judiciales que me quedan por resolver”.
Más aún, reconoció, “una de mis tareas esenciales, por el momento, es conocer a las personas que se interesan en el FN y analizar sus expectativas, sus deseos, la voluntad de comprometerse…”.
El 3 de julio, Tonnelier comentó a su interlocutora que se le perseguía judicialmente a causa de sus opiniones políticas. Además, proporcionó el número de una cuenta bancaria del FN donde ella podía depositar 10 euros, en caso de quererse convertir en adherente. La falsa militante cortó entonces la comunicación.
RésistanceS había obtenido informaciones suplementarias de fuentes anónimas. Apenas tres meses antes, en abril, Tonnelier había acompañado a Sessler y Daniel Huygens, este último presidente del FN, a las instalaciones del Ministerio del Interior, en la calle Colonies de Bruselas, para registrar la lista de candidatos del partido a las elecciones europeas.
El 14 de mayo siguiente, Tonnelier y Huygens hicieron lo mismo con las listas regionales para el distrito electoral de Charleroi, al sur de Bélgica. Dos horas después del registro, ambos se dirigieron con otros simpatizantes a un café muy conocido en el mundo judicial de esa ciudad, el Saint Yves. Ahí, Tonnelier afirmó a varias personas ser “el consejero jurídico del FN de Sessler”. Más precisamente, había sido contratado como asistente jurídico del abogado oficial del FN.
Argumentos
Una abogada de RésistenceS, Sandrine Hablau, declaró el 26 de enero pasado que el caso no tiene nada que ver con “un conflicto personal, como intenta hacer creer desde hace años Tonnelier, sino con un tema de libertad de prensa y las protecciones jurídicas que ella entraña”.
Por otro lado, las informaciones que obtuvo la organización –manifiesta Julian Maquestiau–, proporcionaron “pruebas irrefutables de que Tonnelier continúa ejerciendo funciones de responsabilidad en el FN, y que de ninguna manera es un simple militante político víctima de una ‘persecución’ que le hace imposible una ‘reconversión democrática’”, como él lo ha expresado.
Explicó que se decidió inscribir un falso militante en Facebook “en el cuadro de una investigación periodística de carácter científico acerca de los métodos de reclutamiento en Internet de los movimientos de extrema derecha”.
El objetivo del estudio, precisó, “era observar en qué medida tales movimientos se ponían en contacto con este falso perfil para reclutarlo y con qué fines”.
Tonnelier, según RésistanceS, fue sólo una de las personas que se pusieron en contacto con la joven activista de manera voluntaria. Fue pura coincidencia –se afirma– que este hombre estuviera en ese momento reclamando el “derecho al olvido” de su militancia en la extrema derecha.
Tras esa circunstancia, el organismo pudo confirmar, “de una manera más formal”, las informaciones de sus fuentes, que ya les habían revelado la farsa del dirigente extremista.
Por otro lado, el método que eligieron (el llamado testing o “prueba de verificación”) lo han utilizado desde hace años en Francia organizaciones como SOS Racisme, y es totalmente legal. Con frecuencia sus activistas se presentan en parejas de distintos orígenes raciales en la entrada de discotecas con la finalidad de detectar casos de discriminación. Pero ese principio es también muy usado en el periodismo de investigación.
El testing, subraya RésistenceS, “usando cámaras ocultas, por ejemplo, se justifica deontológicamente si éste constituye el único medio para poder probar una información contradicha públicamente por los implicados”.
El “periodismo encubierto”, añade, es un procedimiento “reconocido y aceptado por los organismos profesionales del gremio del mundo entero”.
En su defensa, la organización cita los trabajos de reconocidos periodistas europeos, como el alemán Günter Walraff, quien se hizo pasar por inmigrante turco en su país con el fin de experimentar en carne propia la discriminación; o las francesas Florence Aubenas, que se empleó como trabajadora doméstica para denunciar las condiciones precarias de trabajo, y Anne Tristan, que se infiltró en el Frente Nacional francés, llegando incluso a laborar internamente como secretaria.
En Bélgica, está jurídicamente estipulado que las técnicas de investigación encubierta sólo pueden ser admitidas bajo tres condiciones: que la información que se busca sea de interés público, que no pueda obtenerse de otra manera, y que el periodista que no trabaje como freelance (independiente) tenga la autorización de sus superiores jerárquicos.
El 14 de noviembre pasado tuvo lugar en Kiev, Ucrania, la Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación, en la que varios comunicadores expusieron sus técnicas de trabajo clandestinas.
Esa ocasión, la citada AJP de Bélgica expuso: “Los periodistas no pueden utilizar medios desleales para obtener una información, como inventarse una identidad, disimular su calidad de periodista, utilizar micrófonos o cámaras ocultas, practicar la vigilancia o la infiltración, etcétera. Los códigos y las cartas deontológicas lo prohíben”. Sin embargo, apuntó, “las excepciones pueden ser admitidas desde el punto de vista ético”.
Respecto de la exigencia de Tonnelier de eliminar la información de Internet en su faceta extremista, en Bélgica existe el “derecho de rectificación numérica” (que se aplica cuando se publica información errónea de una persona), y el “derecho de comunicación numérica” (cuando una persona quiere actualizar el caso que lo concierne y que trató anteriormente el medio).
El “derecho al olvido” es un debate abierto todavía en Europa y muy difícil de regular. En enero pasado, la Comisión Europea presentó una directiva que prevé tal derecho. No obstante, aunque el Consejo de Prensa suizo lo ha integrado a su dispositivo deontológico, los organismos belgas no han tomado una posición al respecto.
“El terreno está minado”, advierte la AJP, “el riesgo de revisionismo (la actualización de doctrinas o prácticas pasadas), el daño al deber de memoria y la libertad de informar están en juego”.