BRUSELAS (apro).- El pasado 24 de julio, el ombudsman de la Unión Europea (UE), Nikiforos Diamandouros, abrió una investigación contra Mario Draghi, quien preside una de las instituciones clave en la solución de la profunda crisis financiera que azota la zona euro: el Banco Central Europeo (BCE).
 
La razón: una organización no gubernamental con sede en Bruselas, Corporate Europe Observatory (CEO), alega que la pertenencia de Draghi al Grupo de los 30 (G30), un exclusivo club de banqueros, plantea un evidente conflicto de intereses.

(Artículo publicado el 10 de agosto de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Como lo dicta el procedimiento, el BCE tiene hasta el 31 de octubre próximo para comunicar al defensor del pueblo europeo su opinión sobre los alegatos de CEO.

En particular, Diamandouros solicitó al BCE que precise su opinión sobre tres aspectos: el propósito, la estructura y el funcionamiento del G30; el papel que juega Draghi en ese grupo, y si considera que el hecho de que el G30 incluya en su membresía a personas que actualmente trabajan en el sector privado podría resultar en la aparición de un conflicto de intereses.

CEO posteriormente introducirá sus observaciones a tales opiniones, tras lo cual el servicio legal de la oficina del ombudsman comenzará de lleno a examinar el expediente. Diamandouros estima que en menos de un año podrá emitir una “conclusión preliminar” del caso.

El G30 –que se presenta a sí mismo como una organización internacional privada y sin ánimo de lucro—- fue creado en 1978 por la Fundación Rockefeller y su sede está en Washington. Lo preside el antecesor de Draghi, el francés Jean-Claude Trichet, y entre sus asociados están altos ejecutivos y consejeros de sociedades financieras involucradas en la crisis actual, como David Walker, expresidente y actual consejero senior de Morgan Stanley; Jacob Frenkel, presidente de JP Morgan Chase International; E. Gerald Corrigan, socio y director de Goldman Sachs, y Guillermo de la Dehesa Romero, consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Grupo Santander.

También forman parte del G30 dos mexicanos: el expresidente Ernesto Zedillo, director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, así como Guillermo Ortiz, exgobernador del Banco de México y actual presidente del Grupo Financiero Banorte.

La carrera de Draghi no está exenta de controversias. Entre 2006 y 2011 fue gobernador del Banco de Italia con apoyo de Silvio Berlusconi. Antes, entre 1993 y 2001, Draghi presidió el Comité que se encargó de ejecutar una serie de privatizaciones estratégicas, incluyendo la de varios bancos.

Más aún, entre 2002 y 2005 Draghi fue vicepresidente para Europa del banco de negocios Goldman Sachs. Esa institución financiera trabajó para el gobierno griego en 2001 y 2002, y existen serias acusaciones de que durante ese tiempo Goldman Sachs ayudó a las autoridades de Atenas a disimular una parte de su enorme deuda, lo cual salió a relucir en 2010. Draghi asegura que no sabía nada del asunto.

A finales del año pasado Draghi llegó al máximo puesto gracias al respaldo de los gobiernos italiano y francés, entonces presididos por Berlusconi y Nicolas Sarkozy, respectivamente. La canciller alemana Angela Merkel accedió a apoyar su candidatura sólo después de haber obtenido para nacionales de su país algunos altos cargos del BCE.

“Negligencia inaceptable”

Draghi preside el BCE desde el pasado 1 de noviembre. El 28 de ese mismo mes, el investigador del CEO, Kenneth Haar, le envió a nombre de esa organización una carta en la que le exponía que su participación en el G30 podría implicar una violación al artículo 130 del Tratado de la UE relativo a la independencia del organismo.

Ese artículo estipula que los directivos del BCE ”no deben buscar o recibir instrucciones de instituciones, cuerpos, oficinas o agencias de la UE, de ningún gobierno de uno de sus Estados miembros ni de algún otro cuerpo”.

Haar observa en esa misiva que el BCE ha invocado en varias ocasiones ese artículo cuando los gobiernos nacionales han intentado influir en las decisiones de la institución, y que incluso ”fue defendido con celo” por el antecesor de Draghi, Jean-Claude Trichet.

Precisa que “el sector financiero privado y sus representantes están incluidos entre las agrupaciones que pueden ejercer una indebida influencia sobre el banco”, por lo que, consecuentemente, dice Haar, el presidente del BCE ”tiene la obligación de guardar una apropiada distancia de todo lo que parezca un instrumento de cabildeo” de tal sector.

Haar le advierte a Draghi que cometería una “negligencia inaceptable” si decide continuar como miembro del G30 y presidente del BCE al mismo tiempo, en particular, apunta, “en este dramático momento de la historia de la UE, con la existencia de una crisis y un mórbido sector bancario, receptor de trillones de euros en ayudas”.

En el mismo escrito, se subraya que el G30 ”es una iniciativa conjunta de los banqueros del sector público y privado”. Es más, Haar resalta que el propio presidente de JP Morgan Chase International, Jacob Frenkel, actúa públicamente como su portavoz.

Esa unión de banqueros –prosigue– funciona claramente como un grupo de cabildeo de intereses privados. En su página de internet declara que tiene por objetivo “influenciar el debate sobre la regulación internacional del sector financiero”. Lo hizo a favor del sector bancario durante las negociaciones del acuerdo Basel II de 2004, que pugna por un mayor control de los reguladores sobre el sistema bancario, recuerda Haar.

Finalmente, la misiva denuncia “la naturaleza opaca de las actividades de los miembros del G30, ya que “no hay manera de conocer los detalles de las participaciones, pues sus reuniones son confidenciales” y, por tanto, ”el público no tiene acceso a la información sobre el tipo de discusiones que tienen lugar y si sus miembros se comprometen a seguir ciertas líneas de acción”, afirma.

Cerrazón

El 22 de diciembre, la división de prensa e información del BCE respondió a Haar, pero sin abordar la cuestión central y, peor aún, interpretándola de manera tramposa.

Refirió que “parte de la misión del presidente es representar al BCE en conferencias, foros y grupos internacionales con la intención de intercambiar puntos de vista sobre temas económicos y financieros, y para comunicar las posiciones y políticas del BCE”.

En esas ocasiones –añadía la respuesta–, el presidente del BCE “actúa en concordancia con los principios de independencia e integridad”.

Frente a la falta de una verdadera respuesta, el 14 de febrero pasado CEO envió una queja formal al Consejo Ejecutivo del BCE. En esa comunicación por correo electrónico –que firmó también Haar– se insiste en el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo Draghi, por lo que lo exhortó una vez más a renunciar al G30.

Draghi, menciona la carta, estaría también infringiendo el Código de Conducta para los Miembros del Consejo de Gobierno, así como el Código Suplementario de Criterios Éticos para los Miembros del Comité Ejecutivo, ambos del BCE.

El primero determina que las actividades externas al banco, sean o no remuneradas, no deben tener un “impacto negativo” en las obligaciones de los funcionarios ni en “la imagen del BCE”, y que la relación con los “grupos de interés” debe ser compatible con la “independencia e integridad” de los mismos.

En especial, el punto 4.1 establece que los miembros del Consejo de Gobierno “deben evitar cualquier situación que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses”, en el cual sus intereses privados o personales “podrían influenciar o parecer influenciar la práctica objetiva e imparcial de su deber”.

El código suplementario, por su parte, indica que el presidente del BCE sólo puede aceptar invitaciones ”a conferencias, recepciones o eventos culturales si su participación es compatible con el pleno ejercicio de su deber, o si es en interés del BCE”, y siempre debe observar “particular prudencia con respecto a invitaciones a título individual”.

En esa carta, CEO solicitó el acceso a los documentos del Consejo de Ética del BCE relacionados con el caso, incluyendo las recomendaciones escritas que éste pudo haber enviado a Draghi y al Consejo de Gobierno; los documentos disponibles concernientes a la membresía de Draghi al G30; la comunicación escrita sobre este último punto del responsable de ética del BCE, así como la lista de los cargos externos de Draghi, tal como lo permite el artículo 3.6 del mencionado código de conducta del BCE.

Pero el BCE continuó empecinado en la defensa a ultranza de Draghi. En su respuesta del 8 de marzo, Pierre van der Haegen y Roman Schremser, director general y jefe de división del secretariado del BCE, respectivamente, contestaron a CEO que la pertenencia de Draghi al G30 “no requiere de ningún consejo por parte del Consejo Ético y tampoco consultar al Consejo de Gobierno”, por lo que no existían los documentos que habían requerido.

En cambio, proporcionaron la lista de puestos externos adicionales al G30 de Draghi: miembro honorario de Brookings Institution, miembro del Consejo de Administración del Instituto Princeton para Estudios Avanzados, profesor visitante del Centro de Reputación Corporativa de la Universidad de Oxford, y miembro del Consejo Científico del master en “Regulación global de los mercados” de la Universidad Sapienza de Roma.

Los directivos del BCE finalizan su carta informando a Haar que, “en una respuesta separada, le sería explicado en mayor detalle por qué la cuestión no genera ningún conflicto de intereses”.

En esa nueva respuesta –que Haar obtuvo sólo después de haber insistido en que se la enviaran–, una vez más el BCE repite su letanía: “el G30 es un foro que reúne conocidos representantes del sector bancario, de los principales bancos centrales y de la academia, quienes intercambian puntos de vista de temas de interés común”.

La participación de Draghi en el G30 –afirma en esa misiva la jefa de la división de prensa e información del BCE, Regina Schuller–, la asume él “a título personal, se dio por invitación y no está remunerada”, por lo que, concluye, ”es compatible” con los aludidos códigos de conducta del banco y con el artículo 130 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE.

El 27 de junio, Haar interpuso la queja de CEO contra Draghi ante la oficina del ombudsman, misma que, un mes más tarde, aceptó investigar.