BRUSELAS.- Hace poco la Federación Internacional de Periodistas en Bélgica encargó a un grupo de expertos suecos y daneses que evaluara los resultados del Código de Acceso a la Información de la Unión Europea (UE).
Por un lado, los especialistas constataron que desde la puesta en marcha de esa ley en diciembre de 2001, la transparencia se ha incrementado y ahora es más fácil buscar y encontrar documentos específicos.
(Artículo publicado en la edición de noviembre de 2003 de la revista especializada en medios y comunicación ETCÉTERA)
Hoy en día, en algunos casos basta entrar a las páginas Web del Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo de Ministros las tres instituciones clave, y demandar un documento de entre los cientos de miles que hay en el registro.
Pero por otro lado, los estudiosos nórdicos concluyeron que el nivel de acceso a muchos otros documentos oficiales no había aumentado de la misma forma.
“La nueva regulación menciona el estudio funciona en favor de la completa satisfacción de aquellos que todavía no desean poner documentos sensibles en el dominio público, ni explicar las posiciones de los Estados miembros antes de que las decisiones sean tomadas.”
Statewatch, una reconocida organización basada en Londres, calcula que más de 50% de los documentos del Consejo de Ministros (el órgano de representación de los 15 Estados miembros de la UE) no están en el Registro Público. La mayoría de los faltantes son textos sobre procesos de negociación.
Como alerta su presidente, Tony Buynan, “sin libertad de información y acceso a documentos, no hay rendición de cuentas, y sin ésta no hay democracia”.
Europa es una de las regiones del mundo con mayores libertades a la prensa, pero eso no quita que haya una fuerte preocupación entre la comunidad periodística porque los políticos no están cumpliendo del todo las promesas de mayor apertura.
A diferencia de otras materias, no existe una ley única de transparencia informativa para todo el “Club”, si bien el artículo 1 del Tratado de la UE la garantiza a lo largo y ancho del territorio.
Cada uno de los 15 países miembros dispone de sus propias leyes de acceso a documentación oficial, con Suecia, Dinamarca y Holanda como los más abiertos y transparentes.
Antes de 1993 las instituciones supranacionales de la UE las tres ya señaladas no contaban con un código moderno de acceso. Aunque en mayo de 2001, durante la presidencia sueca de la UE, se acordó una nueva y más ambiciosa regulación, no han desaparecido las llamadas de atención.
En estos momentos la Federación Europea de Periodistas (FEP), que aglutina a 300 mil profesionales de 31 países, dirige una campaña para obtener mayor acceso a documentos de la UE a partir de 1990, cuando comenzó el “despegue” de Bruselas como centro de poder europeo.
El presidente de la federación instalada en Bruselas, el alemán Gustl Glattfelder, ha acusado una “falta de compromiso” de parte de las autoridades.
“Hemos visto progresos lentos en la preparación de documentos registrados. Incluso bastante confusión entre las instituciones sobre qué es lo que debe ser incluido”, explica.
Destacan algunos casos. En febrero de 1994, el periodista del diario británico The Guardian, John Carrel, demandó al Consejo de Ministros 49 minutas y comunicaciones relativas a las reuniones de los consejos de Agricultura, de Asuntos de Justicia, y de Asuntos Sociales.
Una mayoría de países socios le vetó el acceso porque “se referían a deliberaciones del Consejo y sus instancias preparatorias”, las cuales estaban bajo “protección”.
En 1997 se argumentó algo similar cuando la unión de diarios suecos, el Tidminger Journalisten, solicitó 16 documentos concernientes a la agencia policiaca europea Europol.
En ambos casos con respaldo de los gobiernos de Holanda, Dinamarca y Suecia, los periodistas recurrieron a la Corte de Justicia Europea que les dio la razón.
Tras la lectura de los documentos se descubrió que, en el primer caso, la UE estaba discutiendo el endurecimiento de polémicas medidas antiinmigración y un estricto sistema de vigilancia interna. En el segundo, la ampliación de funciones de la Unidad Drogas de Europol.
Más recientemente, en febrero de este año, la ONG holandesa Gatswatch filtró las peticiones hechas en junio de 2002 por la Comisión Europea a 109 países pobres, concernientes a la apertura privada de sus sectores de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio. La oficina comercial comunitaria, que comanda el francés Pascal Lamy, las había catalogado como “secretas” y sólo las había dejado consultar, sin derecho a conservar copia, a un reducido grupo de europarlamentarios.
En el fondo, subsisten visiones muy diferentes entre los gobiernos europeos sobre qué temas y hasta dónde pueden estar bien informados los ciudadanos sin poner en “peligro” a la patria.
“Entre los escandinavos toda información gubernamental es pública salvo algunas restricciones. Pero hay otra tradición entre los países del sur europeo, incluyendo Francia y Alemania, donde todo es secreto salvo que se diga lo contrario”, opina la sueca Renate Schroeder, directora de la FEP.
Esa actitud “eurosureña” se ha visto fortalecida tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, porque ahora los textos de políticas antiterroristas y sus ramificaciones, han sido clasificados con mucho más celo. No sólo a nivel interno sino también con otros países y aliados.
Ha llegado a ser prohibida entre periodistas europeos, por ejemplo, la distribución de copias de las minutas y la agenda conjunta de las reuniones entre la UE y Estados Unidos, que así lo ha pedido.
Apenas en febrero pasado, Bruselas presentó el Acuerdo de Seguridad con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), mediante el cual la “información clasificada” debe ser “asegurada apropiadamente”.
Los países de la UE, si quieren que su Euroejército acceda a la infraestructura de la OTAN, se deben comprometer a no publicar ningún documento “sin consentimiento de la otra parte”, es decir, principalmente de Estados Unidos.
Glattfelder ha alertado del primer caso, al que ve como un “precedente peligroso”, pues la UE le habría dado el “derecho de veto a Washington” sobre información que atañe a sus ciudadanos.
Un reporte-balance del Acta de Acceso a la Información de 2001, presentado por el Parlamento Europeo en junio, felicita a las instituciones por “afianzar” las prácticas y actitudes de apertura. Sin embargo, también ilustra otros “agujeros negros” del acontecer comunitario.
En resumen, el estudio de 15 páginas indica que los ciudadanos (siempre incluidos los periodistas en esta categoría) todavía no tienen acceso directo a los documentos que están debatiendo sus gobernantes, y que no hay forma en que puedan identificar la posición de su país, ni el de los otros, durante el proceso de toma de decisiones.
El coordinador del texto, el eurodiputado inglés Michael Cashman, da un detalle revelador: que el Consejo de Ministros dejó de grabar “ciertas reuniones” para evitar tener que proporcionar las cintas en caso de solicitud. Además “deplora” la utilización de la nueva clasificación “limitado” o “restringido”, y considera “inaceptable” que la Comisión Europea haya negado 38% de las peticiones de documentos alegando “distintas excepciones”.
Pero hay más efectos negativos en la rutina periodística. A los comunicadores les molesta el lapso de dos semanas que por ley disponen las instituciones para contestar a sus peticiones. Motivo por el cual usan raramente el Registro Público y más “otros medios”.
“Para nosotros es mucho tiempo. Desde hace bastante pedimos que se recorte ese periodo a 24 horas o a más tardar a 48”, declara Schroeder, quien aparte está pidiendo que se “concreten” más los casos de “excepción”. “Si no abunda Schroeder, basta que un país, por sus propios intereses, vete la entrega de la información para no obtenerla. El criterio de excepción se convierte en político”.
En enero de 2004 habrá una revisión del Acta Europea de 2001. Un grupo de organizaciones civiles del Viejo Mundo, entre ellas la FEP, está proponiendo que la UE adopte los principios de la ley estadounidense o sueca, que por un lado ofrecen más garantías a la ciudadanía para acceder a la información y, por otro, más protección a los servidores públicos ante cualquier acción criminal o antisocial por “liberar” documentos.
Otro buen modelo es la ley irlandesa aprobada en 1997, y calificada por algunos expertos como la “mejor pieza legislativa de acceso a la información en Europa”.
Al respecto, los “focos rojos” se han encendido entre las asociaciones de colegas porque también el gobierno de Bertie Ahern planea enmendarla pero en detrimento democrático. Entre otras reformas, pretende extender las excepciones a los documentos del gabinete hasta diez años; negar el derecho del periodista a apelar una respuesta negativa, y cobrar un “impuesto de acceso a la información”, según lo llama la FEP, que afectará sobre todo a los reporteros de investigación y freelance.
“Los planes para diluir la ley tendrán un efecto devastador. Debilitará el derecho de la gente a informarse y regresará a Irlanda a la secrecía oficial y a un gobierno de puertas cerradas”, dice Aidan White, quien como secretario general de la FEP más aboga por usar la ley irlandesa como patrón continental.
La inquietud crece porque las diez naciones que ingresan a la UE el 1 de mayo de 2004 arrastran un pasado de extremo control gubernamental de la documentación. El temor es que se enraícen las posiciones más conservadoras.
No obstante, también hay buenas noticias. La Convención que redactó la Constitución Europea confirmó el derecho de acceso a los documentos, amplió la obligación de transparencia a todas las instituciones comunitarias políticas y financieras, y abrió el proceso legislativo al público, especialmente en el que respecta al Consejo de Ministros. Ahora, sin embargo, falta que los dirigentes nacionales no toquen esos párrafos cuando se reunan a partir de octubre a revisar la Carta Magna.
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Qué opinan en América Latina
Una encuesta realizada por el Internacional Center for Journalists entre 368 periodistas de América Latina confirmó que éstos enfrentan “enormes obstáculos para cumplir con su trabajo, especialmente cuando se trata de investigar las actividades de sus gobiernos”.
Provenientes de 18 países latinoamericanos, 84% de los periodistas interrogados por el centro coincidieron en que la mayor dificultad es obtener información de sus autoridades públicas.
Así lo asegura el 100% de los periodistas de Perú, El Salvador y República Dominicana. El 96% en el caso de México, 94% en el de Uruguay, y 92% en los casos de Brasil y Nicaragua.
Seis de cada diez comunicadores negaron que las leyes en sus países garanticen el acceso a la información sobre las actividades políticas.
A la hora del análisis del sondeo, el centro con sede en Washington hace notar que los 23 colegas mexicanos encuestados respondieron que tales leyes “no existen” en el país, pese a estar en estudio la Ley Federal de Acceso a la Información aprobada finalmente el 12 de junio.
De cualquier forma, 73% de los periodistas de la región señaló que aun obteniendo la información tienen que “convencer” a sus editores de publicar o transmitir una noticia cuando existe “presión política o de otro tipo” sobre el medio.
El 51% considera haber sido alguna vez víctima de la censura, y 41% reconoce haberse “autocensurado”, uno de los porcentajes más altos del mundo, según el ICFJ.
El estudio fue publicado en julio y puede consultarse en la “Latin American Newsletter” de septiembre en la página Internet de la Federación Internacional de Periodistas (www.ifj.org).