BRUSELAS (apro).- La eurodiputada sueca Amelia Andersdötter es categórica: “El Parlamento Europeo está listo para rechazar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación” (ACTA, por sus siglas en inglés), por lo que recomienda a los ciberactivistas mexicanos movilizarse, como lo hicieron los europeos, contra cualquier intento por imponer este tratado, ya que fue planificado para desarrollarse a largo plazo. “Y México no debe adoptarlo”, aconsejó.

(Artículo publicado el 29 de Junio de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El próximo 4 de julio (la fecha podría cambiar de última hora) la sesión plenaria de esa institución votará a favor o en contra de que la Unión Europea (UE) apruebe el ACTA.

Cinco comités internos –Industria, Desarrollo, Asuntos Legales, Libertades Civiles y Comercio Internacional— ya votaron sus propios reportes en los que rechazan su adopción.

Andersdötter fue la ponente del reporte de opinión del Comité de Industria, el cual recibió –el 31 de mayo– 31 votos contra ACTA y 25 a favor.

Su texto consideró que ese tratado no guarda un buen equilibrio entre los derechos de protección intelectual, la libertad de empresa y la protección de los datos personales, además de que no garantiza la libertad para compartir información por Internet.

La eurodiputada pertenece al Partido Pirata Sueco, creado en 2006 para proteger el libre intercambio de información y los derechos políticos y civiles en Internet.

Su crecimiento marcó un novedoso fenómeno cultural y político que se extendió en todo el mundo: hoy existen partidos piratas en prácticamente todos los países occidentales; incluso el Partido Pirata de Alemania logró entrar al Parlamento local de Berlín en 2011.

En 2009, el Partido Pirata Sueco ganó un escaño en el Parlamento Europeo, al obtener 7.1% de los votos (en las elecciones generales suecas tres años antes apenas alcanzó 0.63%).

Christian Engström, ciberactivista de 49 años, excabildero contra las patentes informáticas y vicepresidente del partido, se convirtió en eurodiputado.

Engström tenía que haber formado parte de la delegación para México del Parlamento Europeo, pero el grupo del Partido Verde Europeo –en el que están inscritos los “piratas” suecos— decidió ceder ese lugar para evitar cualquier contacto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que acababan de romper relaciones, y conseguir un lugar en la delegación para el Mercosur, que mantiene las relaciones con Brasil.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el partido consiguió una segunda curul que ocupó Andersdötter, una joven economista de 25 años y dirigente de la organización juvenil de los “piratas” suecos.

En ese año, 2009, el arresto y enjuiciamiento de varios miembros del sitio sueco de intercambio de archivos Pirate Bay –llevado a cabo por presiones de las multinacionales estadunidenses sobre el gobierno de Estocolmo– había encendido las protestas de los jóvenes del país.

En una conversación con Apro, la eurodiputada afirma que el tratado será rechazado por la reunión plenaria del miércoles 4 de julio. “Es posible que el grupo del Partido Popular Europeo (la fuerza mayoritaria) emita una resolución contra ese rechazo, pero en este momento, éste no dispone del apoyo mayoritario del resto del Parlamento Europeo a favor de ACTA”, comenta.

Explica las lecciones que, a su juicio, dejó el ACTA:

“El sistema ‘fragmentado’ de los derechos de autor en Europa representa un gran problema, especialmente en los países de Europa del Este. En Europa no tenemos un sistema de excepciones y limitaciones de esos derechos. En muchos países éstos no se conocen porque no están escritos. Eso significa que la mitad de la población europea no tiene acceso al contenido digital en Internet de una manera protegida legalmente”.

Continúa: “Las protestas más grandes contra el ACTA en toda la UE tuvieron lugar en Polonia y en otros países del Este. Si Europa implementa un día una reforma de la legislación de derechos de autor y de la propiedad intelectual dentro del ambiente digital, es gracias a la movilización que se efectuó en esa región europea. Ahí se origina la reforma”.

En este sentido, expone, el tema del ACTA es decisivo para la UE: “Hemos rechazado un tratado que es muy represivo. Ahora tenemos que pensar en qué queremos cambiar para mejorar el acceso a los contenidos digitales. Eso plantea un enorme desafío para nuestras instituciones”.

Leyes modernas

El jueves 21 de junio, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó el reporte principal (los otros eran “de opinión”) que recomienda rechazar el ACTA. Se aprobó por 19 votos contra 12. Su ponente fue el eurodiputado británico David Martin, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

La votación tuvo su dosis de emoción. Por ejemplo, cuando se votó la primera enmienda al texto, la número 3, que estipulaba la suspensión de todo el proceso de aprobación del ACTA hasta que la Corte Europea de Justicia emitiera, dentro de unos años, su evaluación legal del tratado.

La primera votación dio 19 en contra y 13 a favor, lo que daba 32 votos, lo cual era imposible porque ese comité lo componen 31 miembros. Se repitió el voto; el recuento dio esta ocasión 19-12.

Esa fue la primera vez que un comité del Parlamento Europeo rechaza la aprobación de un acuerdo internacional. Quienes conocían los detalles de las negociaciones planteaban que el grupo del Partido Popular Europeo, que apoya el ACTA, podría pedir que el voto fuera secreto, con la intención de que algunos eurodiputados de otros partidos pudieran traicionar la línea de su partido y votar a favor del ACTA sin ser identificados. Pero eso no sucedió.

En la rueda de prensa posterior, el ponente Martin explicó que los Estados asociados a la UE no tienen la facultad legal para aplicar por su cuenta el ACTA mientras no lo aprueben las instituciones de la UE.

Cabe destacar que el ACTA es un acuerdo de tipo comercial y ese ámbito –el mercado común europeo– es una prerrogativa de la UE en su conjunto.

La Comisión Europea, el órgano de representación legal de la UE en este caso, firmó el ACTA el 26 de enero junto con 22 de los 27 gobiernos que la conforman (Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Corea del Sur y Canadá hicieron lo propio el 1 de octubre de 2011).

Suiza no lo ha firmado, y tampoco México, ya que el Senado lo rechazó.

Su ratificación está en suspenso en Europa, aunque varios gobiernos, sobre todo del Este, anunciaron ya que suspendían el procedimiento luego de las protestas masivas de sus poblaciones.

“La gran dificultad en la UE es que los debates públicos en cada uno de los Estados miembros no son iguales”, comenta Andersdötter a Apro.

Prosigue: “Si la sociedad civil europea se apunto un éxito con el rechazo al ACTA, se debió a que las discusiones fueron las mismas en todos los países y al mismo tiempo. Pero para cambiar el actual sistema legal de derechos de autor, y para instaurar un marco de excepciones y limitaciones, no creo que vayamos a tener la misma coincidencia”.

–Por todo Europa las trasnacionales del entretenimiento continúan presionando a los gobiernos para frenar la “piratería on line”. Por esas mismas presiones en España o Francia incluso se está deteniendo a ciberactivistas por su presunta participación en el colectivo rebelde Anonymous. ¿Usted cómo cree que afectaría un voto contra el ACTA a nivel de la UE en relación con esos intentos de las multinacionales por empujar políticas represivas contra el intercambio de archivos en Internet? –se le pregunta a Andersdötter.

–La Comisión Europea quiere continuar con el ACTA y ha introducido una demanda para que la Corte Europea de Justicia evalúe su compatibilidad con las leyes europeas y las libertades individuales. El comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht, respondió al Parlamento Europeo que esperará la decisión de la Corte, que llegará por ahí de 2014 o 2015, es decir, una vez que hayan pasado las elecciones para formar un nuevo Parlamento Europeo.

“Es muy posible que el ACTA vuelva a debatirse en ese nuevo Parlamento Europeo y quizá lo vaya aprobar. Ahora es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que ACTA fue creado para aprobarse posteriormente por China o India, países que no participaron en las negociaciones. Es un tratado de largo plazo”.

–El reporte principal, el del Comité de Comercio Internacional, señala que rechaza el contenido actual del ACTA, pero deja la puerta abierta a la negociación de otro acuerdo internacional. ¿Cuál es la posición de su grupo o de su partido político al respecto?

–No creo que el cumplimiento de las leyes, en el tema de los derechos de autor, sea el desafío más importante para nuestra sociedad. El abuso de tales leyes sí impone un problema mayúsculo para todo el mundo. Para mi partido es mucho más importante la renegociación del TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, administrado desde 1996 por la Organización Mundial de Comercio). Nos interesa hacerlo en foros multilaterales. Queremos dar importancia al acceso a la información, a los nuevos medios para diseminarla, intercambiarla con otra gente y construir de esa manera nuestras identidades y nuestras sociedades. Ese es el desafío mayor, no la aplicación de la ley.

Abunda: “Las leyes no son modernas si éstas no pueden ser aplicadas fácilmente en la sociedad. La ley tiene que estar fundada en la moral social. Ahora bien, si la población muestra una moral distinta al espíritu de la ley, ésta es la que tiene que adaptarse y no al revés. Una sociedad no puede funcionar así.

–Su partido defiende la plena libertad de los intercambios en Internet…

–No sé si todos en mi partido estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece razonable que el uso comercial, con ánimo de lucro, debe regularse de alguna forma. No es igual el acceso y la distribución de contenidos que no son de índole comercial, que se da entre ciudadanos. Es un derecho muy importante para nosotros que, como individuos, podamos intercambiar información, cultura, experiencias, con las que de cierta manera nos formamos.

–A principios de este año fue arrestado en Nueva Zelanda Kim Dotcom, el así llamado propietario alemán del sitio de intercambio en Internet de películas, música o series de televisión Megaupload. Basado en Hong Kong, el dominio fue apagado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué opina su partido de este caso? ¿Fue correcto aplicar la justicia incluso si se hizo de manera muy severa?

–La ley que fue aplicada en ese caso fue la estadunidense. Pero con esa decisión causaron graves daños económicos a empresas europeas, sobre todo a pequeñas y medianas. Yo hubiera esperado que la Comisión Europea defendiera en este caso los derechos comerciales de las empresas europeas. No es justo que la ley estadunidense se aplique fuera del territorio del país: los servidores se hallaban físicamente en Estados Unidos, pero los contenidos correspondían a firmas europeas. La confiscación de esos servidores en Estados Unidos implicó la retención de datos europeos, que tienen una relevancia de orden económico para nosotros.