BRUSELAS (apro).- El Parlamento Europeo se manifestó a favor de que sea revisada la propuesta europea de reducir las ayudas a la cooperación con varios países latinoamericanos, entre ellos México y Brasil.

Ambos países, en cambio, comprometieron en la cumbre del G-20 –realizada los pasados 18 y 19 de junio en Los Cabos– aportaciones suplementarias de 10 mil millones de dólares, cada uno, al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la finalidad de salvar a las economías en dificultades como las de la Eurozona.

(Artículo publicado el 22 de Junio de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado 12 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución “sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con Latinoamérica”, en la que se afirma que la Unión Europea (UE) revelaría un falso interés en sus relaciones con Latinoamérica si aplica la nueva política de cooperación que propone para el período 2014-2020. Ésta incluye el recorte de los fondos de cooperación bilateral con México y Brasil –con los que suscribió “asociaciones estratégicas”– y con otros nueve países de la región.

No solo eso: tal medida contraviene los compromisos internacionales de la UE –principalmente aquellos relativos al cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas– en materia de combate contra la pobreza y promoción del desarrollo económico y social sostenible en el mundo.

Dicho documento –cuyo ponente fue el eurodiputado español Ricardo Cortés Lastra, miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD)– “manifiesta su preocupación por la falta de rigor en la aplicación de los criterios de admisibilidad establecidos en la propuesta de la Comisión Europea sobre el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) que retira a 11 países de renta media de Latinoamérica su acceso a los programas bilaterales”.

La resolución fue aprobada por 640 votos a favor, 17 en contra y 33 abstenciones.

Desigualdad

La Comisión Europea aprobó el pasado 7 de diciembre sus propuestas presupuestarias relativas a sus instrumentos de política exterior para el período 2014-2020.

El presupuesto global es de 96 mil 249 millones de euros, de los cuales 23 mil 295 millones corresponden al Instrumento de Cooperación al Desarrollo.

El Parlamento Europeo solicita en su resolución que “se amplíen los indicadores empleados para evaluar el desarrollo”, puesto que la clasificación de los países según su nivel de ingresos “se basa en cálculos que esconden desigualdad y pobreza”.

A pesar de que la pobreza se ha reducido de 44% a 33% en los últimos 10 años, el informe recalca que uno de cada tres latinoamericanos vive todavía en la pobreza, es decir 180 millones de personas, de los cuales 52 millones subsisten con menos de dos euros al día.

Advierte que la mayoría de los países latinoamericanos sufrirá un proceso de desaceleración económica, luego de un crecimiento regional de 4.5% en 2011.

El mismo texto “recuerda que algunos países de Latinoamérica se encuentran entre los más desiguales del mundo en ingresos per cápita, y que la desigualdad persistente en la región se produce en un contexto de baja movilidad socioeconómica”. Además, el escrito “insiste que son un grupo de países muy heterogéneos” en los que “debe mantenerse una cooperación diferenciada basada en la coordinación y el diálogo político”.

En ese sentido, el Parlamento Europeo considera que “el mensaje que transmite la UE (a Latinoamérica) es muy preocupante, ya que –indica–, en la práctica, es una declaración de que no le concede la importancia que merece, a pesar de los múltiples compromisos políticos y comerciales adquiridos y los intereses globales comunes”.

Por lo tanto, insta a la Comisión Europea –que gestiona los fondos internacionales de cooperación– y al Consejo de Ministros –el órgano de representación de los 27 gobiernos nacionales de la UE–, a que mantengan el actual volumen de la cooperación hacia Latinoamérica, de “un tercio del importe geográfico total”, en el período 2014-2020.

Explican los eurodiputados que, “aunque las repercusiones en Latinoamérica de la crisis económica y financiera mundial han sido menos graves que en otras regiones, los índices de desigualdad y las tasas de pobreza siguen siendo muy elevados, y el progreso en la consecución de seis de los Objetivos del Milenio resulta insuficiente”.

En ese sentido, el Parlamento Europeo presenta una contrapropuesta. En primer lugar, urge a la UE que continúe con la cooperación bilateral futura “al menos con Colombia, Ecuador y Perú”.

En segundo lugar, propone a la Comisión Europea que retire, pero gradualmente –“durante un período de transición máximo de cuatro años”– la ayuda bilateral, y que lo haga a través de una “estrategia coherente” y contemplando varios criterios: por un lado, que la ayuda “se concentre en el refuerzo del combate a la pobreza, en especial a través de la cofinanciación de políticas y programas para la reducción de la desigualdad de ingresos y de oportunidades” y, por otro, que “la definición de las prioridades se lleve a cabo mediante diálogos bilaterales y birregionales con las autoridades nacionales y la sociedad civil”.

También menciona que es necesario “reforzar en más de mil millones de euros el Instrumento de Asociación”, con el objetivo de “fomentar un nuevo diseño de la cooperación con los países de renta media y que sirva para intensificar la colaboración europea en “retos globales como la lucha contra la desigualdad, el cambio climático, la seguridad o la lucha contra el tráfico de drogas”.

El Instrumento de Asociación dispone en la propuesta de la Comisión Europea de mil 131 millones de euros (casi la mitad de lo que solicita el Parlamento Europeo).

Tal línea presupuestal es nueva y su finalidad “es impulsar y fomentar los intereses de la UE, así como abordar los principales retos a escala mundial”, entre otros, con las economías emergentes y los países en los que la UE tiene fuertes intereses.

En esa lógica, la resolución europarlamentaria insta a la Comisión Europea a otorgar a los países latinoamericanos “un acceso preferente” a ese instrumento, y que ofrezca una “cantidad mínima garantizada”.

Apoyo democrático

El texto del Parlamento Europeo –cuyo ponente, Cortés Lastra, preside la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta con México– critica que la UE carezca de “una política comercial más coherente con las políticas de desarrollo”, las cuales, señala, serían “un vector de promoción de normas sociales equitativas y justas, especialmente para la inclusión de cláusulas sociales que respeten los derechos humanos en los acuerdos de cooperación”.

Por esa razón, “lamenta la poca importancia que se da a la sociedad civil en los programas actuales de cooperación y su escasa asignación de recursos”, por lo que expresa su “consternación al constatar que en los recientes acuerdos de asociación y tratados de libre comercio con los países de Latinoamérica, la consulta a la sociedad civil se limita explícitamente a asuntos relacionados con el capítulo del desarrollo sostenible”.

En ese sentido, recuerda “la obligación de respetar el principio contenido en el artículo 208 sobre la Política de Cooperación para el Desarrollo de la UE y de evitar, así, los efectos negativos en la región que provocarían la exclusión de 11 países de la cooperación bilateral de la UE y la eliminación de las preferencias comerciales derivadas del régimen SPG Plus” (Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, que permite desde 2004 el ingreso al mercado europeo de productos sin pago de aranceles).

Refiere el texto: “A la hora de mantener el concepto de responsabilidad democrática, los parlamentos, las autoridades locales y regionales y la sociedad civil deberían recibir apoyo (de la UE) en sus esfuerzos para desempeñar un papel adecuado en la definición de estrategias de desarrollo, supervisión de gobiernos, control y valoración del rendimiento pasado y de los resultados obtenidos”.

La resolución contiene un apartado sobre ‘violencia y criminalidad”, el cual no menciona específicamente la guerra contra el narcotráfico del gobierno mexicano y de ningún otro.

El 11 de junio, un día antes de que el texto fuera aprobado, se llevó a cabo un debate sobre el tema. Ahí, Cortés Lastra acusó que la propuesta de la Comisión Europea defendía “un enfoque radical” que se apoyaba “únicamente en criterios económicos”. Salió también a relucir el dato de que Latinoamérica es la región del mundo que recibe menos ayuda europea a la cooperación.

El Parlamento Europeo sí “expresa su preocupación por el impacto social de los altos niveles de criminalidad y violencia en la región”, asociados al tráfico de droga o armas, al crimen organizado, al lavado de dinero y a la corrupción.

En particular se refiere a la violencia de género y los feminicidios, y “considera necesaria la definición de una nueva estrategia más eficiente que ataje este fenómeno, así como sus causas económicas, sociales y políticas”.

Las diversas menciones sobre los crímenes de mujeres en Latinoamérica fueron introducidas al texto por el Partido Verde Europeo, cuyo eurodiputado, Raúl Romeva, fue el ponente de una resolución aprobada en 2007 por el Parlamento Europeo contra los feminicidios en México y Centroamérica.

El texto de Cortés Lastra –quien ha viajado a México en varias ocasiones– señala que “uno de los objetivos prioritarios de la acción exterior de la UE es favorecer la consolidación de los sistemas democráticos y la defensa de los derechos humanos en el mundo y, por lo tanto, en Latinoamérica”.

De esa forma, pide a la Comisión Europea “que convierta la lucha contra la impunidad en una prioridad de su política de desarrollo en Latinoamérica”.

Más aún, le solicita que presente a finales de este año una comunicación sobre tal cuestión “con capítulos dedicados a la cooperación judicial, la cooperación financiera, el intercambio de información y la protección de las víctimas”.