BRUSELAS (apro).– A través de una empresa instalada en Bélgica bajo un deficiente control de las autoridades locales, Estados Unidos logró establecer un programa secreto de espionaje bancario internacional. Tras el reciente escándalo que causó la noticia de que las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses eran sometidas a una vigilancia clandestina, el prestigiado diario The New York Times consideró este nuevo caso como “una tentativa más del gobierno para desmantelar las barreras legales que protegen las informaciones privadas”.

(Artículo publicado el 10 de Julio de 2006 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado 23 de junio varios periódicos estadounidenses, entre ellos The New York Times, revelaron la existencia de tal programa, coordinado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Con el supuesto propósito de detectar las redes financieras del terrorismo, Washington había demandado el acceso al sistema de información bancaria de Swift, la “carretera virtual” por la que circulan las órdenes de pago del orbe. Swift autorizó la apertura, tras la cual comenzó a transmitir una enorme cantidad de datos bancarios a la oficina corporativa de Nueva York, para uso de los servicios de inteligencia de aquel país.

De acuerdo con el citado diario neoyorquino, dicho programa entró en operación pocas semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El mismo día de las revelaciones, Swift y la Casa Blanca reconocieron separadamente la veracidad de las versiones periodísticas. El presidente George W Bush, quien había hecho gestiones para detener la noticia, acusó a la prensa de “revelar secretos oficiales en tiempos de guerra”, amenazando a The New York Times de llevarlo ante los tribunales.

Al día siguiente, a pesar de ser día de descanso, el ministerio de Justicia del Reino de Bélgica anunció oficialmente que investigaría los hechos. Y no sólo eso: la titular de esa cartera, Laurette Onkelinx, así como el propio primer ministro, Guy Verhofstadt, desmintieron públicamente las acusaciones de la prensa local en el sentido de que ambos sabían del programa.

En consecuencia, el pasado 28 de junio el gobierno belga ordenó a la instancia responsable de la seguridad civil y militar, –el Colegio para la Información y la Seguridad–— indagar si el programa de Bush viola las leyes nacionales, y si deben endurecerse los controles financieros. A mediados de este mes se conocerán los resultados.

“Estamos sorprendidos del proceder estadounidense. Muy bien, hay que luchar contra el terrorismo, pero hay que hacerlo en concertación”, declaró molesto Didier Reynders, ministro de Finanzas, mientras la senadora Christine Defraigne acusó a Washington de tratar a Bélgica como a “un protectorado”.

Ante la gravedad del caso, también el llamado “Comité R” del Senado belga decidió lanzar su propia investigación Esta analizará la actuación de las agencias de seguridad nacionales y la categoría jurídica de los datos transferidos por Swift, con el fin de identificar cualquier atentado al derecho a la privacidad.

Marc Vandemeulebroeke, un reconocido especialista belga en derecho financiero, expone: “De encontrarse elementos legales contra la acción estadounidense, Swift puede ser acusado de infringir la reglamentación europea sobre transferencia de documentos confidenciales. Y esta reglamentación está surtida de sanciones penales: la justicia podría actuar”. El affaire Swift puede alcanzar mayores dimensiones: la radio pública holandesa asegura que las autoridades bancarias de su país estaban informadas de lo que ocurría con la empresa belga pero, tal y como sucedió con el Banco Nacional de Bélgica (BNB), tampoco comunicaron su existencia al gobierno.

Sin control

El Banco Nacional de Holanda, en todo caso, no sería el único enterado. Swift es una “sociedad cooperativa de responsabilidad limitada”, creada en 1973 y establecida en La Hulpe, un discreto poblado de 7 mil habitantes ubicado al sur de la capital belga, en la parte francófona.

Dicha empresa ––con subsidiarias en los cinco continentes–, canaliza los mensajes de transferencia de valores de 7 mil 890 instituciones financieras de 204 naciones y territorios. Bancos, sociedades bursátiles, corredoras de bolsa y agentes comerciales, circularon el año pasado nada menos que 2 mil 500 millones de tales mensajes vía Swift, la mayoría provenientes del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia e Italia.

Más o menos 2 mil 300 instituciones financieras son las propietarias y controladoras del llamado “nervio central del tráfico bancario”. Sin embargo, la supervisión exclusiva la ostentan los bancos centrales de los países del G/10: Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido, además del Banco Central Europeo.

El Consejo de Administración de Swift lo componen 25 miembros sin función ejecutiva. De ellos 19 representan a igual número de bancos centrales. Su presidente es un hombre con buenas relaciones en las instituciones de la Unión Europea, Jaap Kemp, vicepresidente ejecutivo del banco holandés ABN AMRO.

El director ejecutivo es Leonard Schrank, presidente de la American Chamber of Commerce de Bélgica. Dos importantes miembros más aparecen como “administradores belgas”: Pascal Deman, jefe ejecutivo de la compañía holandesa FinForce, cuyo principal accionario es el banco belga KBC; e Ignace Combes, jefe ejecutivo adjunto de Euroclear SA/NV, una de las dos únicas empresas en el mundo que ejecutan las órdenes de transferencia de Swift (la otra es la luxemburguesa Clearstream).

El BNB, el “líder supervisor” de la firma privada, entregó al gobierno de Bruselas una relación de hechos, con fecha del pasado 27 de junio y clasificado como confidencial, la cual divulgó el diario Le Soir. Dicho documento consta de seis páginas y lleva el título: Nota de información concerniente a las conminaciones del ministerio estadounidense de Finanzas dirigidas a Swift.

Su contenido confirma que tras los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, el ministerio de Finanzas de ese país “dirigió una demanda ejecutoria a Swift”, estimando “que las informaciones disponibles” en la empresa “podrían ayudar a sus investigaciones sobre financiamiento terrorista”.

Continúa: “primero parecía que la conminación a Swift sería una obligación temporal. Más tarde fue recurrente. Swift entonces recibió varias conminaciones sucesivas”. La demanda de información se volvió “recurrente”, expone.

En febrero de 2002, la empresa informó al BNB y a los demás “supervisores mayores” su “sometimiento” a las demandas de Washington. Cinco meses después lo comunicó la propia Reserva Federal “a todos los gobernadores de los bancos centrales del G/10″, afirma la nota. Swift intentó obtener una autorización de parte de sus supervisores. La BNB respondió que no recaía en sus competencias aprobar o desaprobar la sumisión a tales demandas.

La empresa, indica el reporte, obtuvo la limitación de esos pedidos de información, que éstos fueran solamente utilizados con fines antiterroristas, así como el derecho a ejercer cierta participación sobre el análisis de los datos transmitidos. Sin embargo, el documento señala más adelante que Estados Unidos había aplicado sus requerimientos ante la sucursal neoyorquina de la compañía, la cual está totalmente sometida a la jurisdicción de Estados Unidos.

“Por consecuencia, indica el informe del BNB, no había razón para dudar o verificar el fundamento jurídico, la validez o la regularidad de la conminación americana”.

Párrafos después hay más argumentos desestimando el control belga: “La sede de Swift está en Bélgica, pero la empresa está también presente en Estados Unidos. Todos los datos que trata Swift también los trata la división americana”. Otra justificación: “Swift no es una institución financiera, motivo por el que no puede ser supervisada por la Comisión Bancaria, Financiera y de Seguros (de Bélgica)”.

El rosario de exculpaciones prosigue en la nota: la mencionada empresa “no cae bajo la autoridad de la ley belga del 11 de enero de 1993 relativa a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de dinero del terrorismo, ni de las directivas europeas sobre la materia”.

En cuanto al silencio que mantuvo frente al gobierno, el máximo regulador bancario responde: “En el ejercicio de sus misiones, el BNB está sujeto al secreto profesional en virtud del artículo 35 de su ley orgánica”. El citado Vandemeulebroek opina que el BNB actuó correctamente. Pero Swift no.

Detalla: “Si se negaba a obedecer, Estados Unidos podía cerrar la sucursal estadunidense y echar abajo el sistema entero. Como tampoco existía autoridad supranacional competente para apoyarla, quedó completamente expuesta. Para cubrirse de manera adecuada, Swift debió haber recurrido a un juez estadounidense que, en todo caso, la obligara a acatar la demanda de Washington. Pero no lo hizo”

Más deslindes

El gobierno belga examinó dos reportes más: uno de la célula contra el blanqueo de dinero, y otro de la Seguridad del Estado (inteligencia). El primero aseguró no haber recibido ninguna comunicación de su contraparte estadounidense “relativa a la existencia de una operación clasificada en materia de lucha contra el terrorismo”, cuando una demanda de información de tal naturaleza “debe implicar el acuerdo de la célula del país concerniente”.

El segundo reporte arguyó el mismo desconocimiento, añadiendo: “Somos un servicio de información defensivo, no ofensivo. La Seguridad del Estado no tiene vocación para mezclarse en acciones fuera del territorio belga”.

El caso ha llegado a la Comisión Europea, el guardián de las leyes comunitarias. La institución ––envuelta en una dura negociación con Estados Unidos sobre la transferencia de datos de pasajeros en vuelos trasatlánticos, y ante la evidencia empujada a reconocer la “colaboración” o “tolerancia” de 14 países del bloque con los vuelos ilegales de la CIA –, reaccionó con un nuevo deslinde: “hay que proteger la confidencialidad de los datos (……) pero la Unión Europea (UE) no puede entrometerse en un tema que es de competencia belga”, acotó el pasado 27 de junio el portavoz Friso Roscam-Abbing.

Otra razón: la directiva europea de 1995 sobre la protección de datos, “no cubre la transferencia de datos individuales con fines de seguridad hacia un tercer país”, agregó el vocero. Sin embargo, el pasado jueves 5, el comisario de Justicia de la UE, Franco Frattini, dio por hecho que la transferencia de datos de Swift hacia Estados Unidos cae bajo tutela o autoridad de la directiva europea de protección de datos de 1995.

En las discusiones que actualmente sostienen los 25 Estados miembros de la UE sobre dicho texto legislativo, está sobre la mesa sólo lo que concierne a las transferencias de información entre gobiernos, dejando fuera aquellas entre el sector privado.

El pasado 30 de junio la organización británica Privacy International –con presencia en 30 naciones–, presentó una demanda ante la comisión del gobierno belga para la protección de la vida privada. Protesta “contra las acciones ilegales de Swift” en beneficio de la administración Bush. En total 33 países recibieron la acusación de la ONG: los 25 socios de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Australia, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda, Jersey, Guernsey y la isla de Man. La organización exige la inmediata suspensión del programa hasta el completo esclarecimiento de su validez legal.