La Unión Europea acude a la Cumbre del G-20 sacudida por la inestabilidad financiera y por la crisis de endeudamiento que tiene a varios de sus países al borde del colapso. Más aún, acude dividida ante las férreas medidas de ajuste fiscal que defiende la canciller de Alemania, Angela Merkel, y las propuestas impulsadas por el presidente francés, François Hollande, que abogan por el uso de eurobonos para avalar las deudas nacionales y la aplicación de medidas que reactiven el crecimiento. Y pocos descartan que dicha división salga a flote en la Cumbre de Los Cabos.
(Artículo publicado en la edición del 16 de Junio de 2012 de la revista PROCESO)
(Posteriormente lea: “CRECIMIENTO VERDE”: PROPUESTA COSMÉTICA)
BRUSELAS.- La crisis económica internacional, pero sobre todo la que tiene a varios países de la Eurozona al borde de la bancarrota, será uno de los temas principales de la Cumbre del G-20 que tendrá lugar este 18 y 19 de junio en Los Cabos, México.
El último capítulo de la crisis europea ocurrió el pasado 10 de junio cuando la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) –la llamada troika– decidieron otorgarle un préstamo de 100 mil millones de euros al gobierno de España para rescatar a su sistema financiero. La firma calificadora Moody’s rebajó la deuda soberana española de A3 a Baa3, a solamente un nivel por encima del “bono basura”.
La economía italiana también se tambalea peligrosamente después de los fuertes recortes presupuestales y la introducción de nuevos impuestos que implementó el gobierno de Mario Monti, el excomisario de Mercado Interno y Servicios Financieros de la UE que sustituyó a Silvio Berlusconi para, supuestamente, impulsar las reformas necesarias en su país para superar la crisis. El pasado 28 de mayo el índice de confianza empresarial alcanzó en Italia su posición más baja desde agosto de 2009.
El 13 de junio, la agencia de noticias Reuters publicó una encuesta que levantó entre 59 economistas: 35 de ellos opinó que España requerirá de un rescate completo –como lo necesitaron Grecia, Irlanda y Portugal– en menos de un año; y 37 de ellos consideraron que el euro no sobrevivirá en su forma actual.
El caso más extremo es Grecia, donde habrá elecciones este 17 de junio después de que los partidos políticos de este país no lograron formar un gobierno emanado de los comicios del 6 de mayo. Su salida de la Eurozona y la posible quiebra de los otros países europeos con problemas de endeudamiento se manejan como escenarios posibles entre las autoridades políticas y financieras de Europa.
Las consecuencias sociales han sido catastróficas para el sistema de bienestar europeo. La oficina de estadísticas Eurostat indica que, entre marzo de 2011 y marzo de 2012, el desempleo alcanzó un récord histórico en los 17 países de la UE que conforman la Eurozona: 10.9% de la población activa. La tasa más alta fue la española con 24.1% de desempleo, seguida de Grecia, con 21.7%.
Peor aún es el crecimiento de la pobreza: en 2007, antes de que estallara la crisis económica, había 85 millones de ciudadanos de la UE por debajo del umbral de la pobreza (17% de la población total). En 2009 esa cifra había subido a 115 millones de personas (23.1%) y se estima que otros 100 o 150 millones más están al filo de la pobreza, principalmente en Estados miembros como España, Grecia, Portugal o Irlanda, pero también en Alemania, Francia o Austria, de acuerdo con Eurostat.
Agenda europea
El pasado 25 de mayo José Manuel Durao Barroso y Herman Van Rompuy, presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, respectivamente, dirigieron una comunicación a los 27 Estados asociados a la UE relativa a la reunión del G-20 en México.
En tal misiva se expone que la UE “apoya fuertemente” la prioridad mexicana de promover el “crecimiento verde” (desarrollo con protección al medio ambiente), pero de manera secundaria.
Los intereses europeos se hallan en cuatro áreas prioritarias, las cuales ya fueron definidas y publicadas en las conclusiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de la UE del pasado 2 de marzo: fortalecer la arquitectura financiera internacional, principalmente la capacidad de vigilancia del Fondo Monetario Internacional (FMI); avanzar en las reformas de los mercados financieros en relación con una mayor transparencia y rendición de cuentas, y seguir promoviendo el desarrollo y la seguridad alimenticia en el mundo a través del plan de acción para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y mejorar las políticas agrícolas, plan que el G-20 acordó el 23 de junio de 2011.
Sin embargo, Barroso y Van Rompuy afirman que el mayor interés de la UE es “mantener los temas del crecimiento y el empleo en la cima de la agenda del G-20”.
“Los líderes del G-20 –escriben– deben adoptar en Los Cabos el Plan de Acción para el Crecimiento y el Empleo, preparado sobre el contenido de los acuerdos a los que llegó el G-20 en su Cumbre de Cannes (el año pasado) y con base en una evaluación equilibrada de los riesgos para la economía global. En este contexto, la situación en la zona euro será un punto de discusión en la Cumbre del G-20 en México.”
El anterior Plan de Acción de Cannes para el Crecimiento y el Empleo –acordado bajo la presidencia francesa del G-20 el 4 de noviembre pasado–, fue “inspirado” en los análisis de “expertos independientes” del FMI. Tal plan establece un detallado paquete de compromisos por país y bloques de países para “remediar factores de vulnerabilidad a corto plazo, reestablecer la estabilidad financiera y consolidar a mediano plazo los fundamentos del crecimiento económico”.
En su carta, Barroso y Van Rompuy exponen que en la Cumbre de Los Cabos expondrán los esfuerzos que ha emprendido la UE para enfrentar la crisis de las deudas soberanas, y reafirmarán su compromiso de salvaguardar la estabilidad financiera del euro, así como su determinación para que Grecia continúe en la Eurozona “mientras –acotan– respete sus obligaciones”.
No obstante, ambos líderes advierten que los otros socios del G-20 también deben “reconocer sus responsabilidades para alcanzar una recuperación sostenible”.
“Creemos –dicen– que debe darse un renovado énfasis en el equilibrio de la economía global y éste debe reflejarse en la repartición de responsabilidades en el Marco para un Crecimiento Fuerte, Sostenible y Equilibrado”, el cual pactó el G-20 en la Cumbre de Pittsburgh de 2009.
Así, la UE busca que Estados Unidos y Japón implementen “planes creíbles de consolidación fiscal” a mediano plazo y que China fortalezca sus “redes de seguridad social”, lleve a cabo mayores reformas estructurales y que su moneda adopte “una tasa de interés determinada por el mercado”.
El G-20 “es un foro donde podemos encontrarnos y discutir con todas las potencias económicas. El G-8 no es suficiente”, señala a Proceso Alexandre Polack, vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La UE también está representada en el otro grupo de naciones ricas, el G-8, pero éste excluye a países emergentes como China, Brasil, India o México.
Por esa razón en 2009, los líderes del G-20 anunciaron en su Cumbre de Pittsburgh, Estados Unidos, que ese sería el principal foro anual de discusión económica entre los mayores países generadores de riqueza. Los integrantes del G-8 generan aproximadamente 42% del Producto Nacional Bruto Global y los del G-20 el 82%.
Rivalidad
La elección del socialista François Hollande a la cabeza del gobierno francés el pasado 6 de mayo modificó la correlación de fuerzas en Europa, y dividió a los Estados miembros de la UE respecto a cuál debe ser la solución a la crisis que atraviesa la Eurozona.
El dirigente francés no está de acuerdo con la estrategia de extrema austeridad que la canciller alemana, Angekla Merkel, defiende como salida a la crisis de la zona euro y que la UE ha adoptado. Y más aún, Hollande propone la creación de Eurobonos o bonos únicos europeos que avalen las deudas nacionales. Merkel lo rechaza tajantemente.
A la posición francesa se han unido los gobiernos de los países más endeudados de la zona euro, como España, Grecia, Portugal e Italia, además de Bélgica. La postura alemana la comparten Finlandia, Holanda, Austria y Luxemburgo.
Un episodio –narrado por el semanario alemán Der Spiegel el 26 de mayo pasado– ilustra ese vivo antagonismo económico. El pasado 23 de mayo tuvo lugar en Bruselas una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Fue la primera a la que asistió el socialista François Hollande, el presidente francés recién electo.
Hollande, además, pugna por añadir de alguna forma mayores medidas de crecimiento al Tratado de Estabilidad Fiscal que firmaron 25 de los 27 integrantes de la UE el 2 de marzo pasado por iniciativa alemana. Merkel rehúsa su modificación.
Reino Unido, que junto con Italia y la UE forman el grupo europeo del G-20, se negó a adherirse a dicho tratado, como también lo hizo la República Checa. En esa ocasión, el primer ministro británico, David Cameron, acusó al eje franco-alemán de imponer ese tratado.
Durante la cena de la mencionada cumbre europea, los líderes discutieron acerca de las medidas para reactivar la actividad económica y generar fuentes de trabajo.
Conforme avanzó la discusión –cuenta Der Spiegel– el rostro de la canciller alemana se fue endureciendo: uno tras otro, los mandatarios europeos se expresaban a favor de asumir de manera colectiva las deudas nacionales y en contra de la aplicación de las rigurosas medidas de austeridad impulsadas por Alemania y que el anterior presidente francés, Nicolas Sarkozy, apoyaba enteramente.
La coincidencia de planteamientos en esa materia entre Sarkozy y Merkel llegó a ser tal que, previo a los encuentros europeos, ambos concertaban una posición común a la que se adherían los otros Estados miembros. Si un país disentía, corría el riesgo de quedar aislado y ser presa fácil para los mercados financieros.
En la reunión del 23 de mayo fue distinto, comenta el semanario alemán: el presidente francés, en su intervención, remarcó con satisfacción que constataba “una posible perspectiva” para la creación de los Eurobonos. Mientras él hablaba, Merkel lo miraba fijamente en silencio, y más tarde manifestó su desacuerdo: dijo que esos bonos no eran el instrumento correcto para afrontar la crisis, por lo que no servían para nada.
Sólo una minoría apoyó la posición de la canciller alemana. Al final de la cena, Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, dijo que “no debían existir temas tabú” y que examinaría la idea de instituir Eurobonos. “Herman –espetó Merkel–, por lo menos debes decir que varios en esta mesa tenemos una opinión distinta”.
Esa confrontación podría surgir en la cumbre de Los Cabos.
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“Crecimiento Verde”: Propuesta cosmética
(Artículo publicado en la edición del 16 de Junio de 2012 de la revista PROCESO)
BRUSELAS.- Las iniciativas del G-20 en materia de “crecimiento económico verde” –como la que promueve actualmente México en su calidad de presidente de este foro– no aportan nada nuevo en el fondo y sólo “buscan perpetuar la situación actual disfrazándola de transformación”, sostiene un informe de la fundación alemana Heinrich Böll fechado en junio pasado.
Elaborado por sus expertos Peter Riggs y Nancy Alexander, el informe de 50 páginas –cuya copia obtuvo Proceso–, explica que desde la Cumbre de la Tierra de 1992 ha tenido lugar una evolución paralela: por un lado, el reforzamiento de la leyes internacionales de protección a los inversionistas y, por otro lado, la proliferación de estándares voluntarios o códigos de conducta para proteger a las poblaciones y el medio ambiente.
Esa tendencia –prosiguen los autores– “se aleja del tipo de compromisos vinculantes como la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica” y, en contraste, “disminuye el poder de los foros globales para obligar a los actores públicos y privados a rendir cuentas de los ‘bienes globales’ o por la protección de los derechos humanos”.
En ese sentido, el reporte de la fundación alemana sostiene que “el G-20 está acelerando esta tendencia al utilizar los recursos públicos para afianzar montos masivos de inversiones privadas y redoblando las ‘asociaciones de capital público y privado’”.
La visión del G-20 para impulsar la “economía verde” es cosmética: los países se comprometen voluntariamente a adoptar ciertas medidas y con miras a revisarlos en el futuro, lo cual favorece a las empresas trasnacionales. Y eso no es todo: esa manera de impulsar las políticas verdes de crecimiento “profundizan y extienden los ‘mecanismos de mercado’, expanden el mercado de las materias primas y alientan la necesidad de que exista un financiamiento para los recursos naturales”.
“Este es el camino preferido del G-20 –ironiza el análisis alemán– para alcanzar el ‘crecimiento verde’”. Y asegura: “La cumbre del G-20 en México acelerará el uso de esos mecanismos”.
Exponen: “Será interesante ver cómo la presidencia mexicana del G-20 aterriza su declarado interés en el ‘crecimiento verde’. Un fuerte liderazgo político es requerido para llevar a cabo un cambio paradigmático hacia la economía verde, la cual provocará incuestionablemente serios trastornos, así como nuevos ganadores y nuevos perdedores”.
Los autores explican que, en la práctica, no hay una definición universal de lo que significa “crecimiento verde” o “economía verde”. Los Estados han tenido que establecer cada uno la suya, lo cual ha llevado a una gran discusión sobre el significado y la motivación para emplear el término, comentan.
Desde esa perspectiva, separan la aplicación de la economía verde en dos sentidos. Uno, “positivo pero incompleto”, reconoce que hace falta recortar seriamente los gases de efecto invernadero, aunque no se toma en cuenta de manera suficiente la dimensión social. Cita el mapa de ruta de la UE para alcanzar en 2050 una economía baja en carbono. Este plan busca reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector energético de 93% a 99% para 2050 y adoptar medidas en eficiencia energética y en transporte.
Refiere también una manera “negativa” de considerar el crecimiento verde. El informe señala que en los altos círculos gubernamentales existe la creencia que el concepto de “crecimiento verde” esconde una “siniestra conspiración” que lo único que generará es proteccionismo, pérdida de empleos, pobreza y abusos a los derechos humanos.
Y la controversia tiende a ser más intensa cuando se abordan las medidas comerciales ligadas a la economía verde: comercio de emisiones, impuestos medioambientales, recortes de subsidios que dañan los ecosistemas, y compensaciones a actividades que favorecen la preservación natural.
El reporte compara el manejo del tema en relación con la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20, que se llevará a cabo del 20 al 22 de junio, dos días después del G-20 en Los Cabos.
“El enfoque muy apretado del G-20 relativo a la agenda de financiamiento del desarrollo contrasta ampliamente con el que han divulgado sobre la ‘economía verde’ diferentes actores en la mesa de discusión del que es un foro más democrático: la Conferencia de Río+20”, concluye el texto.