La salida de Grecia de la Eurozona ocasionaría daños considerables tanto para el país como para la Unión Europea. Se trataría de un juego de suma cero, en el que nadie gana y todos pierden. Aunque los estatutos de la UE no prevén la expulsión de un país miembro, hay indicios de que se pretende forzar a Grecia para que solicite su exclusión. Detrás de estas maniobras, denuncia Sofia Sakorafa, del partido de izquierda Syriza, está Wolfgang Schäuble, ministro alemán de Finanzas, quien cada vez que abre la boca para manifestarse al respecto causa una nueva catástrofe.

(Artículo publicado en la edición del 9 de Junio de 2012 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Son las primeras horas de un sábado en Atenas, Grecia. La bolsa de Nueva York acaba de cerrar sus operaciones. El gobierno griego –conformado tras las elecciones del domingo 17 de junio– lo anuncia oficialmente: el país ha decidido abandonar el euro como moneda y reimplantar el dracma.

Las nuevas autoridades –que rechazan los términos de pago de su deuda, incluyendo los recortes de gasto y las medidas de austeridad– decretan de inmediato medidas de control de capitales para impedir que los ciudadanos retiren sus ahorros masivamente ante el temor de una fuerte devaluación.

El Banco Central Europeo (BCE) comienza los preparativos para cortar todos los fondos a los bancos griegos. El mismo sábado del anuncio, los ministros de Economía de la UE se reúnen de emergencia en Bruselas y, al día siguiente, los jefes de Estado inician negociaciones para un acuerdo de salida con el gobierno griego.

Antes de que abra el lunes siguiente la primera bolsa del mundo, la de Nueva Zelanda, las autoridades griegas deberán implementar técnicamente el cambio de divisa y contener las manifestaciones populares, eventualmente violentas, que pudieran estallar.

De esta manera transcurrirían los primeros días tras el anuncio de la salida de Grecia de la Eurozona, coinciden diversos expertos europeos.

Ese escenario ha ido cobrando fuerza en la medida en que algunos de los involucrados en la solución de la crisis griega aceptan que podría estar dentro de sus proyecciones y pese a que 78% de los griegos no quiere abandonar la moneda común.

El pasado 18 de mayo el comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht, comentó al diario belga De Standaard que funcionarios de su institución ya estaban trabajando en “planes de contingencia”, declaración que matizó posteriormente la Comisión Europea.

Antes, el 8 de mayo, en una entrevista con el rotativo alemán Handelsblatt, Joerg Asmussen, integrante del Consejo Ejecutivo del BCE, planteó que Grecia sólo podía permanecer en la zona euro si cumplía con sus obligaciones de pago. Esta declaración fue interpretada como una advertencia a la coalición de partidos de extrema izquierda Syriza, la segunda fuerza política más votada en los comicios del 6 de mayo último, que se opone a los programas de recortes acordados con el Fondo Monetario Internacional, la UE y el BCE para recibir fondos de rescate. Es muy probable que esta alianza gane los comicios del próximo 17 de junio.

El 11 de mayo el gobernador adjunto del banco nacional sueco, Per Jansson, reveló a la agencia de noticias Bloomberg que los representantes de los bancos centrales europeos comenzaron a discutir la eventualidad de una salida griega del euro y cómo afrontarla.

De acuerdo con reportes de la televisora France 2, las agencias financieras han reintroducido en sus sistemas de cotización el dracma y, según información divulgada el 18 de mayo último por el periódico londinense Times, la casa impresora británica de monedas y billetes, De La Rue, efectúa trabajos preparatorios para producir la nueva divisa helénica.

Colapso

El 9 de septiembre pasado, el economista angloestadunidense Willem Buiter realizó un extenso reporte titulado El futuro de la zona euro, el cual se ha convertido en una referencia en este tema.

El documento plantea tres escenarios: la conformación de una alianza fiscal, que el especialista considera poco factible por las divergencias políticas que actualmente existen entre los Estados miembros de la UE (Alemania se rehúsa); la continuidad de la moneda única a través de un paquete mínimo de medidas institucionales, fiscales y regulatorias “de sobrevivencia” –que juzga el más viable–, y la fractura de la Eurozona, a su juicio la más remota de las posibilidades, pero no imposible.

En ese documento de 56 páginas –elaborado por Buiter para la división de Análisis e Investigación de Inversiones del banco estadunidense Citigroup– se indica: “En cuanto se filtre en la prensa que Grecia renuncia al euro, habrá un retiro masivo de fondos en los bancos y los depósitos volarían: los mercados asumirían, correctamente, que la nueva moneda, el nuevo dracma, perdería entre 30% y 50% de su valor respecto al euro”.

Los depósitos y 90% de la deuda soberana griega serían convertidos a dracmas, lo que representaría una suspensión de pagos.

El experto asegura que el sistema bancario griego se colapsaría incluso antes de que el país helénico termine de negociar con la UE su retiro de la unión monetaria.

Algunos políticos, como el presidente del partido de derecha Nueva Democracia, Antonis Samaras, avizoran una etapa muy penosa en la que escasearían los alimentos, cuyos precios aumentarían 25%, y en la cual las propiedades y los ahorros bancarios perderían la mitad de su valor.

Sandra Moatti, editora adjunta de la revista francesa Alternatives Economiques, puntualiza que el problema de la excesiva deuda griega sería en parte resuelto con la restructuración de la misma, que tendría lugar con la salida de Grecia del euro.

“Pero sin una devaluación franca y masiva de su nueva moneda –alerta– Grecia deberá bajar los precios y los salarios alrededor de 30% para restablecer su competitividad”. Ese proceso, advierte, “será largo, políticamente conflictivo –ya que los precios y los ingresos no bajan al mismo ritmo– y económicamente suicida para un país cargado de deudas”.

El documento de Citigroup prevé que, tras el retiro griego, los bancos que operan en los otros países con economías frágiles de la Eurozona –como España, Italia, Irlanda y Portugal– encarecerían sus préstamos por el riesgo implícito y, en consecuencia, se produciría un contagio financiero.

En relación con los costos de introducción de la nueva moneda, éstos incluyen la puesta en circulación de las monedas y los billetes, así como su distribución automática en el sistema bancario, pero también aquellos relativos a las modificaciones en contratos y pagos.

“Para el sistema de transacciones financieras el costo es minúsculo –subraya el documento–, pero para millones de hogares y pequeñas empresas, ese cambio en facturas, cuentas, auditorías, etcétera, no es trivial. Grecia tuvo una década para planear la introducción del euro. Tendría sólo unos cuantos meses para preparar el nuevo dracma.”

Charles Dallara, director gerente del Instituto de Finanza Internacional, organismo que agrupa a los bancos más grandes y parte negociadora en la crisis griega, estima que el costo global de esa salida sería de 1.25 trillones de dólares.

Sin salidas

El reporte de Buiter plantea un inconveniente legal al anterior escenario: cualquier país perteneciente a la Eurozona puede retirarse, siempre y cuando abandone también la Unión Europea. Así lo establece el artículo 50 del Tratado sobre la UE y el Tratado sobre el Funcionamiento de la UE.

Ahí se estipula que “cualquier Estado miembro puede decidir retirarse de la unión conforme a sus propias prerrogativas constitucionales” y que “debe notificar su intención al Consejo Europeo”, que es el órgano de representación de los gobiernos de la UE.

En ese órgano, los 26 países de la UE (no sólo los otros 16 de la Eurozona) y Grecia deben negociar y concluir un acuerdo en que se fijen las disposiciones del retiro y se establezca el marco de sus relaciones futuras y la fecha a partir de la cual dejarán de aplicarse en ese país las leyes comunitarias.

“No hay nada en los tratados sobre la posibilidad o un procedimiento para dejar sólo la Eurozona –indica el reporte–. Eso se debe a que los países miembros de la UE, salvo el Reino Unido y Dinamarca, establecen la completa membresía a la Unión Económica y Monetaria (Eurozona) como una parte del acquis (derecho adquirido) de la UE.”

Ese acuerdo únicamente podrá ser aprobado si éste obtiene el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros: 255 votos sobre 345; es decir, 73.9%, así como una mayoría del número de países y que representen 62% de la población del bloque.

A partir del 1 de noviembre de 2014 esa mayoría cualificada requerirá un mínimo de 55% de los votos de los miembros del Consejo que incluya al menos a 15 de ellos y que reúnan 65% de la población de la UE.

Además, ese acuerdo debe obtener el “consentimiento” del Parlamento Europeo.

Buiter analiza: “Grecia perdería el acceso a los fondos de cohesión y estructurales, y más importante aún, a una válvula de seguridad económica y social: la libre movilidad de sus trabajadores a través de la UE. Intentar negociar algo como una asociación al Área Económica Europea, tardaría años”.

El reporte advierte que en los tratados no está claro cuánto tiempo exactamente tomaría el proceso de salida, pero estipulan que, de no lograrse un acuerdo, el retiro griego tendría efecto automático dos años después de haber sido solicitado, aunque el Consejo Europeo y Grecia podrían decidir mutuamente extender este período dos años más.

Por otro lado, si los Estados miembros coincidieran en la necesidad de que Grecia saliera de la Eurozona sin dejar la UE, el tratado podría ser interpretado de manera que lo permita y sin modificar su contenido, ya que ello activaría un largo y complejo procedimiento que tal vez requiera la organización de referendos en varios países de la Eurozona.

De cualquier forma Grecia puede desconocer sus compromisos con el bloque y salir del euro unilateralmente, a lo que no pueden oponerse los demás socios; sin embargo, éstos podrían sancionar al país si algún día pide su regreso a la moneda única.

El reporte explica: “Es difícil contemplar un escenario en el que un país de la Eurozona se toma un par de años de vacaciones fuera del euro, adopta temporalmente su propia moneda, alcanza una depreciación sostenida del valor de su divisa y entonces se vuelve a unir a la zona euro con una tasa de intercambio mucho más competitiva”.

Para poder reingresar a la moneda común –detalla el documento– Grecia tendría que solicitar su regreso a la UE y cumplir de nuevo con los criterios de Maastricht o de convergencia: inflación menor de 1.5% y tipo de interés a largo plazo inferior a 2%, en ambos casos con respecto al promedio de los tres Estados de la Eurozona con menor inflación; déficit presupuestario no mayor a 3% del Producto Interno Bruto y deuda pública que no rebase 60% del mismo, y tipo de cambio estable y sin devaluaciones durante los dos años anteriores a la petición.

Los tratados no prevén la expulsión de un Estado miembro de la Eurozona, pero se pueden crear las condiciones para forzarlo a pedir su retiro.

Janis Emmanouilidis, experto en la materia del European Policy Centre, un think tank ubicado en Bruselas, comentó al diario digital irlandés The Journal que la manera más efectiva de presionar a Grecia para que ella misma pida su salida del euro es “empujarla hacia la bancarrota”, deteniendo el programa de rescate y negándole más fondos.

En una entrevista publicada por el semanario francés Courrier International el 24 de mayo pasado, Sofia Sakorafa, del partido de izquierda radical Syriza, acusó la aplicación de tales medidas de coacción.

Señaló: “Somos amenazados por gente que no ocupa ningún puesto en la UE, como Wolfgang Schäuble, ministro alemán de Finanzas. Y cada amenaza ha sido seguida de un desastre. No existe ningún mecanismo para expulsar a un país miembro de la UE. Como no pueden echarnos, intentan empujarnos para que nos vayamos”.