La incapacidad del gobierno de Vicente Fox para esclarecer los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez llegó a tal punto que el Consejo de Europa emitió una serie de recomendaciones legales dirigidas a las autoridades mexicanas para enfrentar estos “feminicidios”. Las recomendaciones no son obligatorias, pero ignorarlas podría tener un alto costo político para México. La razón: las muertas de Juárez tocan la “esencia” y razón de ser de este consejo: los derechos humanos.

(Artículo publicado en la edición del 3 de Julio de 2005 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Por considerar “insuficiente” el desempeño de las autoridades mexicanas para frenar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y para aclarar los cientos de casos sin solución, el Consejo de Europa –del que México forma parte como país observador– decidió pasar de las críticas a la acción: envió un paquete de recomendaciones que compromete al gobierno de Vicente Fox.

El hecho es importante, pues constituye el inicio del escrutinio de la justicia mexicana por parte de un organismo europeo.

El pasado 21 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –conformada por los poderes legislativos de 46 países de este continente– emitió la resolución 1454 y la recomendación 1709, derivadas del informe que –después de dos visitas a México– realizó la diputada suiza Ruth Gaby Vermot-Mangold.

La resolución de tres páginas refiere que “la reacción inicial” de las autoridades del estado de Chihuahua ante los homicidios de mujeres fue “de puro y simple rechazo” al fenómeno, sin que hicieran nada más.

Sostiene que los crímenes “no fueron objeto ni de investigación ni de sanciones (contra los responsables), y nada se hizo para atacar las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, lo que creó un clima de impunidad”.

Según el documento, fue después de una amplia cobertura mediática nacional y extranjera, paralela al desarrollo de varias campañas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de las víctimas, que “el problema terminó por infiltrarse en el consciente colectivo de México, suscitando la acción notable de las autoridades federales, que se han sometido a supervisiones internacionales”.

Sin embargo, denuncia: “A pesar de una neta voluntad política, de un compromiso general y de los esfuerzos llevados a cabo por los poderes públicos tanto a nivel estatal como federal, demasiados casos no han sido resueltos y demasiadas víctimas quedan sin identificar”.

“Peor aún –lamenta–, tales crímenes continúan cometiéndose: 17 mujeres y jovencitas han sido asesinadas desde el comienzo del año, sólo en Ciudad Juárez”.

Y concluye: “La reacción de las autoridades no puede considerarse más que insuficiente y lleva a pensar que no controlan todavía enteramente la situación”.

Una ficha de actualización de los acontecimientos, presentada el mismo martes 21, deplora el que María López Urbina, quien hasta hace un mes fue procuradora especial para el esclarecimiento de los homicidios, sólo haya dado seguimiento a 22 casos durante sus 15 meses de trabajo; así mismo, cuestiona el hecho de que, pese a la recomendación de la fiscal que se juzgara por obstrucción de la justicia a 41 de 143 funcionarios que tenían conocimiento de los casos, sólo dos han sido acusados –por negligencia– hasta el momento, pero no han recibido sanción alguna.

La ficha advierte que los poderes de la nueva fiscal especial, Mireille Roccatti, “permanecen invariables y son más bien limitados”.

Compromisos

La eurodiputada que elaboró el informe sobre las muertas de Juárez, Vermot-Mangold, de extracción socialista, estimó que el Consejo de Europa “tiene el deber de ayudar al Congreso y al gobierno mexicanos a solucionar el problema y prevenir su resurgimiento”.

Así, la Asamblea Parlamentaria del Consejo, a través de la citada resolución, se dirige al Congreso mexicano y le demanda llevar a cabo las reformas constitucionales y legislativas necesarias “para acabar con la impunidad, la tortura  y la discriminación de género”. También le pide emprender medidas que permitan a los procuradores realizar sus actuaciones “con eficacia, rapidez y transparencia” en cada uno de los casos.

Por ejemplo, solicita que en la legislación federal y en la estatal de Chihuahua se tipifique el crimen de “feminicidio”, y demanda a la justicia federal que atraiga las averigüaciones sobre estos hechos, tal como lo propuso la Comisión de Venecia.

Esta comisión –órgano de consulta del Consejo de Europa, integrado por un grupo de expertos en materia constitucional– analizó el caso mexicano y, en marzo pasado, concluyó que “el derecho internacional y la jurisprudencia de la Convención Europea de los Derechos Humanos (cuyo respeto vigila el Consejo de Europa) están a favor de la transferencia de la competencia en materia de instrucción de los estados mexicanos a las autoridades federales, por vía de la enmienda constitucional, para mejorar la eficacia de las pesquisas”.

En concreto, la Comisión de Venecia ve con buenos ojos un proyecto de ley presentado por el presidente Vicente Fox para hacer una enmienda al artículo 73 constitucional (relativo a las facultades del Congreso) y reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Judicial Federal. El objetivo: “otorgar a las autoridades federales la competencia para instruir sobre las infracciones de derecho común ligadas a las violaciones a los derechos humanos que exceden el dominio de competencia de los Estados”, lo cual –señala– ocurre con los feminicidios en Ciudad Juárez.

La comisión argumenta: “No hay ninguna duda en cuanto a la obligación  de México, como Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (firmada el 23 de marzo de 1981), de adoptar las medidas que sean necesarias ante los feminicidios”.

Más: “Si para garantizar los derechos civiles y las libertades fundamentales de las mujeres, entre ellos el derecho a la vida, México debe proceder a una modificación de su Constitución y el cambio de autoridad en materia de instrucción, eso debe hacerse”.

La Comisión de Venecia también recomienda que tanto el Congreso de Chihuahua como el federal se “asocien” a la campaña contra la violencia doméstica de los parlamentos europeos, la cual será lanzada en 2006.

Oferta de apoyo

Pero la Asamblea Parlamentaria fue más allá: involucró directamente a los gobiernos europeos, pues “recomendó” a su Comité de Ministros –el órgano de decisión del Consejo de Europa, compuestos por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los 46 Estados miembros–, “establecer un programa de cooperación y de asistencia con su Estado observador México”.

Se prevé incluso financiar este programa con las contribuciones voluntarias de las diplomacias del viejo mundo.

El objetivo de tal iniciativa, menciona el texto, es “favorecer la reforma de la justicia mexicana y sus sistema de procuración”, así como “promover una cultura de respeto de los derechos del hombre y de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Para lograrlo, se plantea tomar medidas específicas: organizar intercambios de procuradores, miembros de la policía judicial y médicos legistas mexicanos, así como ofrecer a México asesoría legal en materia de “feminicidio” y violencia doméstica.

Además, la resolución aboga por que las cancillerías europeas contribuyan a financiar la construcción de refugios para las víctimas de violencia doméstica y la formación de su personal, y para que ayuden a pagar el equipamiento del nuevo laboratorio de medicina legal que va a ser creado en Ciudad Juárez.

“No podemos dejar de reconocer que tenemos esos problemas de los que habla el reporte de la eurodiputada Vermot-Mangold. Es doloroso como mexicano que un organismo externo tenga que intervenir para solucionarlos, pero hemos escuchado con atención sus recomendaciones”, declaró a Proceso Fernando Margáin, senador del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la delegació, parlamentaria mexicana en el Consejo de Europa.

El legislador panista estuvo presente durante la discusión de los documentos sobre Ciudad Juárez que se efectuó en la sede del Consejo en Estrasburgo, Francia. Asegura que de parte de la Cámara de Diputados y del Senado hay “una expresión de aceptación” de las recomendaciones que les fueron enviadas.

“han pasado los tiempos en que esta participación extranjera la veíamos como una injerencia. Hoy, la colaboración y la cooperación internacional en temas de derechos humanos es necesaria”, recalcó el panista.

Desde noviembre de 1999, México es uno de los cinco miembros observadores del Consejo de Europa (Estados Unidos, Canadá, Japón y el Vaticano son los otros).

El artículo 1 de la carta para miembros observadores estipula “la aceptación de los principios de la democracia, el estado de derecho y del goce de todos los individuos bajo su jurisdicción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Si bien las recomendaciones del Consejo de Europa no están investidas de obligación jurídica, el costo político de ignorarlas es tan grande que pocos lo han querido pagar en los 56 años de vida de ese foro, considerado una especie de “conciencia dmocrática” de Europa.

Un ejemplo: tras el golpe militar de 1967, Grecia anunció dos años después su retiro del consejo, adelantándose a su inminente expulsión. En 1974, al restablecerse la democracia, ese país fue readmitido como miembro del organismo.

Y es que el artículo 8 de la misma carta advierte que el incumplimiento de tales valores puede sancionarse con la expulsión. “Hay una forma de presión previa: retirarle su tiempo de participación en las juntas y sesiones”, explica Francesc Ferrer, oficial del secretariado de la Asamblea Parlamentaria.

El tiempo en que debe cumplirse la resolución no está contemplado. Ferrer explica que Vermot-Mangold hará un seguimiento de la situación. Si la diputada juzga que hay falta de voluntad política de las autoridades mexicanas para acatar las medidas, podría obtener del Comité de Ministros un nuevo mandato para la elaboración de otro reporte.

“Ella es muy activa y concienzuda, y seguro va a vigilar los pasos que se den”, manifiesta el funcionario del organismo, “porque el problema de México en Ciudad Juárez toca la esencia misma de nuestra organización, que es los derechos humanos”.