Signante en 2003 de un novedoso acuerdo de relaciones políticas con la Unión Europea, que contó con el aval del gobierno de Vicente Fox, el gobernador Francisco Ramírez Acuña puso en riesgo la validez de ese convenio y provocó un malestar internacional. El motivo: la represión, el encarcelamiento y las torturas contra manifestantes altermundistas.
(Artículo de portada de la edición del 21 de Noviembre de 2004 de la revista PROCESO JALISCO)
BRUSELAS.- La persistente negativa del gobierno de Jalisco a investigar las torturas y otras vejaciones cometidas en contra de manifestantes altermundialistas el 28 de mayo en Guadalajara, durante la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, pone en duda la validez de un significativo compromiso internacional.
Más aún cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó, el pasado 16 de agosto, tales violaciones a las garantías individuales.
Al mediodía del 3 de octubre de 2003, el gobernador, Francisco Ramírez Acuña, suscribió un novedoso acuerdo de relaciones políticas con el Comité de las Regiones de la Unión Europea.
A la firma protocolaria del documento en la sede del Comité en Bruselas asistieron su entonces presidente, el británico Albert Bore, y Porfirio Muñoz Ledo, entonces embajador mexicano ante la UE. Así, Jalisco fue la primera provincia no europea en conseguir un convenio como ese.
En el punto primero de la Declaración de intenciones entre el gobierno del estado de Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos y el Comité de las Regiones de la Unión Europea en materia de cooperación, ambas partes declaran:
“El respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, y la puesta en práctica –mediante un diálogo político más intenso– de los principios de igualdad, transparencia, solidaridad y subsidiaridad, son elementos esenciales de la presente declaración”.
Inspirada en la cláusula democrática que entró en vigor en México y la UE el 1 de octubre de 2000 con el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, la versión birregional contó con el respaldo del gobierno de Vicente Fox, cuyo equipo legal revisó minuciosamente el contenido de las dos páginas del texto que, pese a no ser vinculante, se comprometió a cumplir el mandatario jaliscience.
En entrevista con Proceso, el jefe de la Unidad Jurídica del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), el español Pedro Cervilla –el único dentro de ese organismo que animó a Bore a aceptar el convenio con Jalisco–, lamenta el “ambiente político negativo” que en la UE ha generado la polémica sobre los manifestantes detenidos en Guadalajara.
Para Cervilla, existe el riesgo de no alcanzar los ambiciosos objetivos planteados en el compromiso: por un lado, el “proyecto piloto” de cooperación abierto a las regiones europeas y mexicanas, y por otro, la creación (para la primavera de 2005) de un “foro de debate y de intercambio de buenas prácticas y experiencias” en el que participarían estados mexicanos representados en la Conferencia Nacional de Gobernadores.
“Si queremos que este acuerdo llegue a tener una aplicación práctica, se necesita que uno de los miembros del comité lo asuma y le dé impulso político, y hablo fundamentalmente de los presidentes de las regiones españolas, que tendrían el apoyo de los italianos y portugueses. Pero esta claro que lo de Guadalajara no ayuda”, señala el funcionario de la UE.
Puntualiza: “Si hay una toma de posición oficial de las instituciones que gozan de la competencia en asuntos exteriores, que son el Consejo –los gobiernos de la unión– y la Comisión Europea, y le dan un warning (advertencia) a México, eso evidentemente tendría un efecto en el Comité de las Regiones”.
Aunque matiza: “Pero si entre mayo y octubre no se han manifestado, ya no creo que lo hagan”.
–Y usted, que tanto hizo por que se aceptara el convenio con Jalisco, ¿cómo se siente ahora?
–Personalmente, mal. Si no se respetaran los principios democráticos, el acuerdo sería papel mojado y el problema sería, en todo caso, con el tratado de asociación en sí mismo, ya que nos movemos dentro de ese marco”.
Acusaciones
Ramírez Acuña devolvió a México al radar europeo de los países con problemas de derechos humanos. Durante la administración del presidente Fox, el país ha sido objeto de siete comunicaciones en las que miembros del Parlamento Europeo expresaron a la Comisión Europea –el Poder Ejecutivo de la comunidad– su preocupación por supuestos incumplimientos a la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre México y la UE.
Pero las posturas de los europarlamentarios nunca fueron tan directas y energéticas como ahora.
El mismo día que Amnistía Internacional manifestó la primera de una serie de condenas a las autoridades de Jalisco (el pasado 8 de junio), el Grupo Confederal de la Inzquierda Unitaria Europea envió una carta al presidente Fox expresándole su “profunda indignación por las brutales violaciones a los derechos humanos” ocurridas en Guadalajara. Se lee:
“En el Parlamento Europeo hemos sido informados de manera detallada de cómo una manifestación pacífica –con pocos desbordamientos por parte de pocos manifestantes– ha sido reprimida de manera indignante, con el uso de armas de dispersión no convencionales como gas pimienta, gases lacrimógenos potenciados y espuma tóxica, aunado al uso de toletes para golpear a los y las participantes. A esto se suman arrestos arbitrarios, llevados a cabo con violencia totalmente innecesaria, mientras los detenidos no oponían resistencia alguna. Toda persona joven o vestida de manera no convencional era objeto de la represión policial”.
Continúa: “Consideramos particularmente grave que en un Estado con el cual tenemos un acuerdo de asociación con cláusulas expresas al respecto de los derechos humanos, se proceda a la tortura física y psíquica de detenidos ilegales, que se obligue a las mujeres detenidas a desnudarse y que se amenace violarlas, que se niegue a los detenidos agua y alimentación varios días, así como cuidado médico y sanitario, y la comunicación con un abogado”.
Y enlistan sus exigencias, entre las que figuran ordenar la libertad inmediata de los manifestantes detenidos por ejercer su derecho de protesta, que se garantice su integridad física y que se establezca qué autoridades están implicadas en los hechos, se les detituya de sus cargos y se les castigue. Así mismo, piden que “se indemnice a las víctimas por los daños materiales y morales infligidos”.
Al día siguiente, el Grupo de los Verdes utilizó los mismos argumentos en otra misiva, donde le aclaran a Fox que sus peticiones son idénticas a las que recibió el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en el caso de los enfrentamientos durante la cumbre del G-8 en Génova en julio de 2001, que ya fueron objeto de averiguaciones oficiales.
Ambos mensajes terminan agradeciendo al presidente que comunique al Parlamento Europeo cualquier información sobre las medidas que adoptará el gobierno mexicano. Seis meses después, los dos partidos afirman no haber recibido respuesta alguna de Los Pinos.
Resolución
Raúl Romeva Rueda, eurodiputado verde electo para la VI Legislatura del Congreso Europeo que comenzó en mayo, asumió el seguimiento del “caso Guadalajara”.
Asevera: “Es una cuestión lo suficientemente grave, urgente e importante para que no sólo el gobierno mexicano tome cartas en el asunto, sino también la UE, en tanto que es parte negociadora del acuerdo con México”.
El 30 de septiembre, durante una reunión que sostuvieron las cinco delegaciones europarlamentarias para América latina con el director encargado del continente en la Comisión Europea, el francés Tomás Dupla, Romeva instó a la institución –la única que puede activar la cláusula democrática del lado europeo– a definir una posición oficial y delinear acciones.
Dupla dijo a la prensa que se analizaría la situación y, en caso de confirmarse las acusaciones contra las autoridades tapatías, se abriría un diálogo con Los Pinos para dar cumplimiento a la citada cláusula, que sentencia:
“El respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento escencial del presente acuerdo”.
La reacción de Ramírez Acuña, 24 horas más tarde, alimentó la hoguera al apuntar que el anuncio de Bruselas, no le preocupaba: “Nosotros tenemos plenamente conciencia de que se actuó en razón de la defensa de los derechos humanos de los jalisciences”.
Acerca de las declaraciones del mandatario estatal, Romeva –quien pertenece a la Subcomisión Parlamentaria de Derechos Humanos– responde: “El gobernador presupone que no hay nada irregular. Yo no lo niego ni lo afirmo, simplemente me gustaría saber qué dice la investigación”.
Y especifica: “Puesto que hay unas denuncias públicas especialmente graves, tendrían que hacerse públicas las conclusiones de una investigación. la única que consta es la que hizo la CNDH, pero a partir de ella el gobierno federal tiene que hacer la suya bajo supervisión internacional”.
Abunda: “Lo que vamos a intentar hacer los eurodiputados que tienen una relación especial con el dossier, a través de la delegación del Parlamento para América Central o para México y de la Subcomisión de Derechos Humanos, tengan conocimiento de lo que pasa en México para que haya una postura política”.
–¿Pedirán la aplicación de la cláusula?
–De persistir las violaciones, se poodría plantear. Pero por experiencia de otros casos, sabemos que el consejo suele tener muchas reticencias a evocarla. Por eso es importante la presión política y mediática.
–Desde 2000, la Comisión ha respondido que el “diálogo” es la solución a las quejas que expresó la anterior legislatura. ¿Cuál es el límite?
–Que la Comisión da respuestas vagas, no es una novedad. Pero otra cosa es el papel que puede jugar el Parlamento para influir. Lo que queremos es terminar con la retórica. Lo primero que nos planteamos es realizar un reporte en la Subcomisión de Derechos Humanos, que nos aclare qué instrumentos legales y financieros tenemos para que, con base en supuestas o reales violaciones en países con los que la UE tiene relaciones comerciales, podamos hacer presión para que la cláusula democrática no se supedite al comercio, sino al revés. Y México es un caso que justifica el estudio.
El eurodiputado advierte: es posible obtener una “resolución” del Parlamento Europeo, vista como una medida máxima, ya que ésta permite a la Comisión Europea abrir los mecanismos políticos para la eventual evaluación de sanciones que presionen un cambio de actitud en México.
Una cosa es segura: a quien la UE le está pidiendo cuentas por los hechos de Guadalajara es a Fox, ya que como cabeza del Ejecutivo mexicano es el responsable de acatar el acuerdo de asociación, y será él también quien pague políticamente la obstinación de su compañero de partido, aún si éste rectificara.
Fox estaría forzado a ordenar una investigación que restituya el respeto de la cláusula democrática en territorio nacional, al menos que llegue al extremo inverosímil de justificar la actitud policiaca de Jalisco apelando a la cláusula de seguridad nacional (artículo 52 inciso b): “Ninguna disposición del acuerdo será obstáculo para que una de las partes tome medidas para garantizar su seguridad en caso de disturbios internos graves que pudieran poner en peligro la paz social”.
Cualquier discusión entre ambos gobiernos sobre derechos del hombre se remitirá al máximo órgano de decisión entre México y la UE creado por el acuerdo: el Consejo Conjunto, al cual acuden a nombre de Fox los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía. Su próxima reunión está programada para el primer semestre de 2005, aunque se puede convocar a sesiones de “urgencia”.