BRUSELAS (apro).- Afectada por los cables diplomáticos que ha divulgado el sitio de filtraciones en internet Wikileaks, la Unión Europea (UE) pretende restringir de forma significativa el acceso público a sus documentos oficiales, situación que ha alarmado a organizaciones que velan por la protección del derecho a la información, asociaciones de periodistas de investigación y centros de estudios académicos.

(Artículo publicado el 12 de Febrero de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado 28 de enero, 131 organizaciones no gubernamentales (ONG) y 56 federaciones de periodistas de 48 países –incluidos algunos fuera de Europa, como México–, lanzaron un llamado a los diputados del Parlamento Europeo para que ”protejan urgentemente las normas de transparencia de la UE” y no aprueben una proposición de ley que amenaza con acotarlas.

En una carta abierta, tales organizaciones señalan que “el acceso a la información es fundamental para garantizar la transparencia, la apertura y los derechos democráticos de los ciudadanos europeos”.

De acuerdo con los tratados comunitarios, recuerdan en la misiva, “la UE aspira a crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones sean tomadas lo más abiertamente posible y lo más cercano posible a los ciudadanos.

“Sin embargo –continúa–, el ombudsman de la UE (Nikiforos Diamandourus) y otros, han advertido que la propuesta hecha por la Comisión Europea significará un menor acceso, y no más, a los documentos”.

El 2 de junio de 2008 –apenas dos meses después de que la Comisión Europea propusiera sus reformas a la ley de acceso a los documentos de 2001– Diamandourus participó en una audiencia dedicada al tema en el Parlamento Europeo.

Ahí, dijo que, ”en muchos casos, (la propuesta indica que) los ciudadanos pueden solicitar el acceso a documentos únicamente si éstos aparecen en un registro”. Lo anterior, opinó, “representa un paso atrás a nivel de transparencia”.

En esa misma audiencia, el eurodiputado italiano Marco Cappa –integrante de la Alianza de los Liberales Europeos y ponente del reporte de evaluación anual que realiza el Parlamento Europeo en la materia– planteó que si se volvía más difícil consultar los documentos oficiales, la UE difícilmente podría recortar el déficit democrático que la alejan de sus ciudadanos.

También en esa ocasión, el eurodiputado británico Michael Cashman –miembro de la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos y ponente de la reforma de la ley de acceso a la información en el Parlamento Europeo– agregó que si la UE quería erradicar el creciente euroescepticismo ciudadano, ”debe explicar claramente qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”.

Opacidad 

Hace poco más de dos años que la Comisión Europea –la institución que rige la legislación común a los 27 Estados miembros actuales de la UE– presentó oficialmente una proposición para modificar las actuales reglas de acceso a documentación oficial (la Regulación 1049/2001).

Esas reglas conciernen a los documentos relacionados con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros (el órgano de representación de los gobiernos nacionales de la UE).

“La propuesta de la Comisión Europea reduciría sustancialmente el número de documentos considerados ‘públicos’. Niega el acceso a los correos electrónicos y a otros documentos enviados hacia la UE que no hayan sido transmitidos ‘formalmente’, señala un comunicado de prensa emitido por Client Earth, Access Info Europe y Greenpeace International, las ONG que coordinan la movilización.

Ahí mismo advierten que, de aprobarse dicha propuesta, los gobiernos de los países asociados a la UE dispondrán de más poder para clasificar como “secretos” una mayor parte de la documentación.

Por lo tanto, acusan a la Comisión Europea de “ignorar los principios de apertura que consagran los tratados fundacionales de la UE”, así como ”contradecir la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia, que favorece en sus sentencias un acceso más amplio a los documentos públicos”.

En un reporte fechado en junio pasado, la ONG Client Earth explica más detalladamente sus preocupaciones.

Señala que “la propuesta de la Comisión Europea solo se refiere a las (tres principales) instituciones de la UE. Sin embargo, el artículo 15 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (el llamado Tratado de Lisboa) extiende el campo de regulación a los cuerpos, oficinas y agencias de la Unión”.

Agrega que el referido artículo señala además que la Corte Europea de Justicia, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones –que concede préstamos a empresas en México– debe también dar acceso a sus documentos en lo que concierne a sus labores “administrativas”.

Otra causa de inquietud es el hecho de que la Comisión Europea consideraría como “documento” solo aquél que sea “formalmente transmitido a uno o más destinatarios o de otra forma registrados, o recibido por una institución”.

Bajo la actual legislación, cualquier documento enviado o recibido por una institución es considerado de acceso público Client Earth explica:

“La nueva definición implica que los documentos que no son ‘transmitidos’ a una persona moral o física, a otra institución, a Estados miembros, o que no están circulando dentro de una institución, no entran al ámbito de competencia de la regulación y no serán públicamente accesibles”.

Así, por ejemplo, las notas de reunión (minutas) que redactan los oficiales de la Comisión Europea no serían accesibles.

Por otro lado, abunda el reporte en este aspecto, el término “formalmente” podría empujar a los funcionarios a no comunicar de manera “formal” los documentos para evitar que cualquiera tenga acceso a ellos, y lo mismo con el proceso de “registro”. De tal forma, la mayoría de los borradores de uso interno (drafts), tan comunes en las instituciones, como no son registrados ni formalmente aprobados quedarían fuera del conocimiento público.

Control estatal

La propuesta de la Comisión Europea también estipula que el acceso a un documento puede ser rechazado si así lo disponen las leyes internas del Estado miembro que lo emite, y a pesar de que el documento haya sido transmitido a una institución de la UE.

Lo anterior, precisa el reporte, pese al fallo en el caso C-64/05P de la Corte Europea de Justicia (cuya jurisprudencia prima sobre las leyes nacionales) en el sentido contrario: los Estados miembros no tienen facultad de veto en esta materia.

Otro punto preocupante es que la Comisión Europea añade a la lista de excepciones al acceso público los documentos relativos a los “procedimientos de negociación de disputas” de la Comisión Europea contra Estados miembros. Por tanto, un documento no podrá ser divulgado si una institución, agencia, oficina o cuerpo de la UE considera que puede dañar dicho procedimiento.

Finalmente, entre otras críticas, la ONG con sede en Bruselas exige que el límite de tiempo para que las instituciones de la UE respondan una solicitud de acceso a información se mantenga en quince días y no se prolongue a 30 como lo establece la proposición de la Comisión Europea.

El pasado 1 de febrero, el asunto fue discutido por el Comité del Parlamento Europeo sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos.

La directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire, comentó a APRO que en ese encuentro, “de apenas 40 minutos”, hubo declaraciones desafortunadas por parte del partido mayoritario en la Eurocámara.

La eurodiputada alemana Renate Sommer, platica Darbishire, declaró: “No es que el Partido Popular Europeo esté contra la transparencia, al contrario… pero tenemos que ver cuánta información divulgamos en términos de documentos, o cuánta puede ser divulgada sin confundir al ciudadano. Vamos a ahogarlo de información y será incapaz de identificar la información importante”.

Según el vocero de la Comisión Europea, Michael Mann, quien participó en la misma audiencia, la propuesta busca aclarar los puntos “vagos” de la actual legislatura.

Así mismo, declaró que la Comisión Europea está totalmente abierta a discutir textos alternativos que tengan el mismo objetivo: mayor claridad legal tanto para el solicitante de información como para el funcionario que la maneja”.

Según Darbishire, el Comité de Libertades Civiles organizará un nuevo debate antes de votar, en las próximas semanas, el texto de la Comisión Europea, para que luego pase al voto del pleno del Parlamento Europeo.