BERLIN (apro).- – Cuando Volkswagen de México decidió ampliar su planta de producción de Puebla, solicitó apoyo financiero al Banco Europeo de Inversiones (BEI). La empresa alemana fabricante de automóviles obtuvo, en 2004, un crédito de dicha institución por 70 millones de euros, 9% del costo total del proyecto de ampliación. Dicho proyecto, sin embargo, es cuestionado por tres razones: resulta engañoso en el número de nuevos empleos que prometió crear, los principales beneficios no son para el comercio mexicano y los exámenes de impacto ambiental no fueron sometidos al escrutinio público.

(Artículo publicado el 20 de Marzo de 2006 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Así lo denunció la organización italiana Campagna per la Riforma della Banca Mondiale en una síntesis del reporte presentado en febrero pasado. El documento completo consta de 54 páginas y se titula Los créditos en México del Banco Europeo de Inversiones: ¿en beneficio de quién?

En dicho reporte, –realizado por la investigadora Domitille Delaplace y editado una parte por el directorado general de políticas externas del Parlamento Europeo,– se acusa: el proyecto de la automotriz pone en evidencia “la incoherencia que hay entre las operaciones crediticias del BEI en México, y las prioridades que la Unión Europea (UE) dice defender en materia de ayuda y cooperación al desarrollo en el país”.

Como conclusión: “lejos de apoyar las relaciones comerciales entre México y la UE y la participación de las compañías mexicanas, como estipula el ‘acuerdo global’, el proyecto privilegia las actividades de un grupo europeo y sus relaciones comerciales con Estados Unidos”.

La extensión de la planta de Volkswagen en Puebla está destinada a la fabricación del modelo Jetta A5. El objetivo: exportar 80% de las unidades a Estados Unidos y Canadá. La misma lógica se aplica a la instalación de la línea de ensamblaje del nuevo motor R5: el corporativo alemán pretende alcanzar de ese modo los estándares estadunidenses de emisión de gases contaminantes y ganar competitividad en ese mercado.

Empleos ilusorios

Otro cuestionamiento: la promesa que hizo Volkswagen de crear mil 600 empleos directos en las instalaciones poblanas, así como un “sustancial incremento en los indirectos”. El reporte asegura que esa aparente creación de fuentes de trabajo, en realidad no lo es, ya que cubrirá parte de los 2 mil despidos que Volkswagen anunció en julio de 2003 a causa de las malas ventas y el cese de la producción del modelo Beetle.

Subraya que, “incluso si el proyecto tiene repercusiones positivas sobre el nivel total de empleo en la región, debido al hecho de que una considerable parte de la producción de Volkswagen es subcontratada a compañías locales, tales proveedores pagan a sus trabajadores, la mayoría no sindicalizados, de 40 a 50% menos que Volkswagen”.

Los trabajos indirectos generados por el proyecto se caracterizan por su precariedad, por eso la organización italiana, –miembro de la red Bankwatch de grupos civiles vigilantes del desempeño de las instituciones financieras internacionales–, acusa a Volkswagen de fomentar la violación de los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución mexicana, y en varios tratados y convenciones internacionales. De lo mismo culpa al BEI.

La institución europea –fundada en 1953 para colaborar en el desarrollo de la región–, cuenta con lineamientos sobre el contenido social de los proyectos llevados a cabo en países fuera de la UE. El cumplimiento de los derechos laborales –abolición del trabajo forzado, eliminación del trabajo infantil, libertad de asociación, derecho a organizarse y negociar colectivamente y en igualdad de oportunidad y trato–, constituye un área bajo su competencia.

Sin embargo, en el proyecto de Volkswagen el BEI no hace referencia a la mencionada “valoración social”. El reporte remarca: “dicha valoración hubiera sido de particular interés porque en los últimos años el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen ha acusado a la gerencia de la compañía de implementar una política regresiva y antisindical”.

Dos ejemplos de lo anterior: cuando el 18 de agosto de 2000 el sindicato comenzó una huelga por incremento salarial, la empresa fue acusada de presionar a los líderes sindicales durante las negociaciones para que éstos no consultaran a los trabajadores, lo que no dio resultado. En julio de 2003, Volkswagen anunció el despido de 2 mil personas. Con tal de evitarlo, el sindicato aceptó un acuerdo con la firma alemana: la jornada semanal se redujo de cinco a cuatro días, y el incremento salarial no fue de más de 525%, lo que, de acuerdo con el experto independiente Paul Hampton, –cita el reporte–, “no compensó las pérdidas causadas por la reducción del tiempo laboral”.

Otra de las críticas apunta la falta de transparencia sobre los efectos al medio ambiente que implica el proyecto. Este fue autorizado por la Secretaría de Madio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de acuerdo con declaraciones oficiales del BEI. Delaplace cuenta que le fue rechazada la entrega de todo documento cuando, en el marco de su investigación –realizada a petición del Parlamento Europeo–, solicitó al BEI la evaluación de impacto ambiental aprobada por el gobierno mexicano.

Según un correo electrónico de la división para América Latina del BEI –fechado el 11 de febrero de 2005–, la institución no revelaría nada porque, dijo, el dinero del préstamo no había sido expedido, posición que confirmó Enrique Leo Sánchez, el encargado de Volkswagen en México de las relaciones con el BEI, en una conversación telefónica con Delaplace.

“Como en el caso de otros proyectos, –remarca el reporte–, el banco no cumplió con la obligación de mostrar que el impacto de este proyecto sobre el medio ambiente ha sido efectivamente evaluado a la luz de los principios y estándares de la UE, con un especial énfasis de la directiva 97/11/EC sobre impacto ambiental”.

Klaus Schlinder, investigador de la organización World Economy, Ecology and Development (WEED) –también integrante de la red europea Bankwatch, con sede en Berlín–, manifestó a este corresponsal que Europa necesita que el BEI sea una “verdadera banca de desarrollo”. Schlinder es coautor de El Banco Europeo de Inversiones: ¿en interés de quién?, un reporte general que analiza las actividades del banco en siete países subdesarrollados: Chad, Zambia, Brasil, México, Indonesia, Filipinas y Laos.

“Las dos más importantes recomendaciones fueron, por un lado, que haya transparencia, los proyectos no pueden seguir dándose en completo secreto y contra la voluntad de la población. Y por otro lado, que se pliegue a los lineamientos de desarrollo que son la razón de ser de la institución”, afirma el activista alemán.

Mutuo interés

Las operaciones del BEI en México, según lo define el acuerdo global con la UE y el acuerdo marco para la cooperación financiera, se guían por el principio de “mutuo interés”: los préstamos deben reforzar tanto la política exterior de la UE, como el desarrollo del país seleccionado. Sin embargo, expone el reporte, en América Latina más del 90% de los créditos del BEI desde 1993, –año que comenzó operaciones en el continente–, han sido otorgados a subsidiarias europeas o a grandes corporativos transnacionales, principalmente en los ramos de la energía.

La española Repsol, la francesa Gaz de France, o la británica British Gas, son algunas de las beneficiadas. Sólo 2% de los créditos del BEI corresponden a empresas privadas locales.

“El concepto de ‘interés mutuo’, indica el reporte, es interpretado por el BEI como desarrollo del mercado externo y apoyo a las empresas de la UE, mientras que la ayuda a la creación y mejoramiento de la infraestructura local, tales como redes de electricidad y sistemas de transporte local, es desatendida”.

Las pequeñas y medianas empresas representan el 98% de las compañías mexicanas, que son calificadas de “socias privilegiadas” en la estrategia de cooperación de la Comisión Europea con México. No obstante, el BEI solamente ha beneficiado a cuatro empresas privadas europeas, con un financiamiento general de 210.2 millones de euros para cinco proyectos.

Además de Volkswagen de México, las beneficiadas fueron: Vidrio Saint–Gobain de México (en 1997 recibió un crédito de 50 millones de euros); Vetrotex América (80% propiedad del grupo francés Saint–Gobain; en 2001 recibió 159 millones de euros); y Consorcio Mexi–Gas (controlado por Gaz de France; en 1999 y 2000 recibió créditos por un total de 743 millones de euros).

“Durante los últimos diez años, explica el reporte, las operaciones crediticias del BEI en México se han caracterizado por una significante falta de diversificación. Los préstamos se han concentrado en la industria, compartidos entre los sectores automotriz, energético y del vidrio”.

Ninguna otra rama de la industria, –continúa el texto–, como el de la agricultura, la ganadería o la pesca, ni tampoco la promoción de fuentes de energías renovables, nunca ha sido considerado a pesar de que son áreas “prioritarias” en la citada estrategia de cooperación de la Comisión Europea.

Incumplimiento

El reporte estudió también el proyecto Mexi–Gas. El 3 de julio de 1998 ese consorcio –conformado entonces por la mexicana Bufete Industrial Construcciones, Gaz de France Internacional y su subsidiaria, Mexi –Gas–, ganó a otros tres consorcios la licitación del gobierno mexicano para poder “proveer el servicio de abastecimiento de gas natural en la zona geográfica del valle de Cuatitlán–Texcoco”.

El 3 de septiembre de ese año, las autoridades mexicanas dieron luz verde a Mexi–Gas para abastecer a los 28 municipios del Estado de México, que comprendían la zona en cuestión. Primer incumplimiento: el proyecto no culminó en agosto de 2004, como lo estipuló el contrato, y habrá que esperar hasta julio de 2006 para que eso suceda. El consorcio alegó obstáculos administrativos para obtener de los municipios los permisos y la rivalidad de los promotores del uso de gas licuado.

Segundo incumplimiento: el nivel de cobertura que se comprometió alcanzar Mexi–Gas ante la Comisión Reguladora de la Energía. Al menos, aseguró, proveería del servicio a 3747 millones de clientes a través de una longitud de red de 3 mil 500 kilómetros. La fecha límite para lograrlo era 2005. Sin embargo, el año pasado el consorcio contaba con apenas 130 mil clientes y operaba una red de mil 424 kilómetros, instalada únicamente en ocho de los 28 municipios bajo su servicio.

El análisis del reporte es contundente: “el proyecto no ha conseguido que el gas natural sustituya otros combustibles fósiles, tradicionalmente usados por la población de la zona. El objetivo medioambiental del proyecto, que preveía una reducción en emisiones de gas contaminante y bajar el nivel de contaminación en el aire del valle de Cuatitlán-–Texcoco, no ha sido logrado”.

El reporte señala que los lugareños desaprobaron desde el principio el proyecto, algo que desoyó el BEI. Además, según un sondeo propio, la mayoría opinó que los ductos son inseguros, en especial los tramos en Ecatepec y Cuatitlán Izcalli.

El precio del producto, por otro lado, subió 47% entre 2002 y 2005, pasando de 171.53 pesos a 252.34 pesos la gigacaloría. Pero eso no es todo: el consorcio francés no ofrece un servicio igualitario. El informe apunta que “ninguna de las regiones que aparecen en los registros de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un nivel de marginación alto o muy alto”, han sido provistas del servicio al que se comprometió Mexi–Gas. La razón: la empresa prefiere dar cobertura a las áreas residenciales de ingreso medio, que pueden pagar los 2 mil pesos que cuesta el acceso a su sistema de gas natural.

Entregándolo a operadores privados –alerta el reporte–, la distribución de gas ha perdido su vocación de servicio público: “la extensión y operación de la red está basada sobre criterios de rentabilidad económica, favoreciendo el acceso a los consumidores con capacidad para pagarlo”. Sobre los estudios de impacto medioambiental, el BEI también se negó a proporcionarlos.

Si la negativa para mostrar esas evaluaciones en referencia al proyecto Volkswagen se basó en que el crédito no se entregaba aún, esta vez el pretexto fue uno menos imaginativo: todos los documentos están protegidos por una “cláusula de confidencialidad” entre el BEI y la empresa acreedora, señaló la primera.

Delaplace platica que, ante su insistencia por obtenerlos, los representantes del banco europeo aceptaron revelar los citados documentos sólo si el Consorcio Mexi–Gas lo autorizaba. Pero al mismo tiempo, Nicolás Vergés, director de finanzas y management del consorcio, declaró que era el BEI, y no él, el que tenía que proporcionarlos. Los documentos, en cualquier caso, nunca llegaron.