BRUSELAS.- La Federación Internacional de Periodistas (FIP), con sede en esta ciudad, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, comparten su diagnóstico sobre la situación de la prensa en México: el creciente poder del narcotráfico, mezclado con la ineficacia de la justicia y con la grave corrupción policiaca del país han dejado al gremio totalmente vulnerable a los atentados y a los intentos de infiltración.

Durante el sexenio de Vicente Fox, 14 periodistas han sido asesinados o desaparecidos, con lo que México se ha convertido en “el país más peligroso de América” para ejercer esa profesión, según los reportes de ambas organizaciones internacionales.

(Artículo publicado en la edición del 12 de Marzo de 2006 de la revista PROCESO)

En 2004, se disparó la violencia de los cárteles de las drogas contra la prensa. Desde entonces, el narcotráfico ha cobrado la vida de Roberto Javier Mora García, de El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Francisco Javier Ortiz Franco, del semanario Zeta de Tijuana, Baja California; Francisco Arratia Saldierna, de El Imparcial de Matamoros, Tamaulipas; y Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate de Escuinapa, Sinaloa.

A esas mismas bandas se les atribuye la muerte de Guadalupe García Escamilla, de la estación radiofónica XHNOE Estéreo 91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas; y la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Hermosillo, Sonora.

Mientras en 2003 México ocupó el lugar 74 entre 166 países en la clasificación sobre libertad de prensa de RSF, en 2005 cayó al sitio 135, muy por debajo de Colombia (numero 100) e incluso de naciones africanas como Etiopía, Kenia o Zambia.

En su más reciente reporte, publicado el pasado 23 de enero, la FIP le dio el vergonzoso título de “triángulo mortal” del periodismo a Colombia, Haití y México, destacando que en este país “los traficantes de drogas continúan con sus acciones criminales prácticamente en la impunidad”.

Robert Shaw y Benoît Hervieu, responsables de la sección latinoamericana de la FIP y de RSF, respectivamente, alertan en entrevistas separadas que tales agresiones del narcotráfico, circunscritas hasta ahora en el contexto de violencia de la frontera norte, se pueden extender al resto del país.

“A principios del sexenio de Fox -señala Hervieu-, Estados Unidos recuperó el control aéreo sobre el narcotráfico en general, y los traficantes comenzaron a transportar las drogas por mar y tierra. Así extendieron sus rutas y, por tanto, su presencia en el territorio mexicano: Veracruz, Guerrero, Jalisco, etcétera.”

Desde la sede parisina de Reporteros Sin Fronteras, el activista francés comenta que la guerra por el control de esas nuevas rutas de las drogas “provoca que haya más medios de comunicación expuestos a la violencia del narco, no sólo los fronterizos”.

En Bruselas, Shaw confirma que la situación es “muy, muy preocupante”. Las autoridades mexicanas, acusa, “han respondido incorrectamente: en abril, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Roberto Gutiérrez Flores, propuso a los periodistas amenazados negociar un permiso para que porten armas, en lugar de que la policía garantice su protección”.

Otro caso: la creación de la fiscalía especial para periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, no es más que “una burla”, dice Hervieu, pues “no va a tomar los crímenes ligados al narcotráfico y a bandas organizadas, ¡que son las principales fuentes de ataque contra la prensa!”.

Y agrega: “lo que tememos es que ésta se haya creado como ‘anuncio político’ para separar los casos de periodistas y dar publicidad a las investigaciones, pero sin encargarse de lo esencial: la lucha contra el narco y la solución de los casos”.

Esa “atmósfera de indiferencia” del poder público, la “cultura de la impunidad” y la pujante “fuerza del narcotráfico” favorecen que “el problema se vaya ampliando en todo México”, declara Shaw, quien también dirige la oficina de derechos humanos de la FIP, la cual agrupa a medio millón de periodistas en un centenar de países.

Prensa infiltrada

Un fenómeno paralelo provoca inquietud en ambos organismos: la colaboración de periodistas o de propietarios de medios con el narcotráfico. “No ignoramos, porque no somos ingenuos, que en países como México existe corrupción en la prensa”, concede Hervieu, pero subraya que eso no justifica de ningún modo la muerte de periodistas.

Un ejemplo: según informaciones de Reporteros Sin Fronteras, hay sospechas de que Guadalupe García Escamilla -asesinada a tiros en abril pasado al salir de la estación para la que trabajaba- mantenía relaciones con “elementos del cártel del Golfo” a través de sus contactos con la policía local.

“Otros policías tenían relaciones con otros cárteles; al parecer ella estaba bastante bajo presión de una banda del cártel del Golfo”, reitera Hervieu, aunque matiza: es “muy difícil saber quién maneja a quién en este tipo de historias”, y no hay pruebas concluyentes de ese vínculo.

La Federación Internacional de Periodistas ha recabado también datos que confirman la “ambigua” conducta de García Escamilla. Aún más, dice contar con elementos “para sospechar que hay familias propietarias de medios vinculadas con el tráfico de drogas”, las cuales, dice Shaw, administran sus negocios en las “zonas fronterizas”, pero también, “aunque en menor medida por el momento”, en el resto del país.

La FIP se refiere a “ciertos dueños de medios” ubicados principalmente “en la zona de Tijuana, pero también en Nuevo Laredo y, posiblemente, en Veracruz”.

Al respecto, el representante de RSF matiza: “Es seguro que pueden existir complicidades de la prensa, como en toda la sociedad. Puede estarse dando un proceso de infiltración del narco parecido al de Colombia. Pero el narco no necesita tener espías directamente adentro de las redacciones. Un cómplice dentro del gremio, de la policía y de los poderes locales es suficiente para que se enteren de todo”.

Pero Shaw y Hervieu incluyen otros factores en esta problemática: los bajos salarios, la falta de solidaridad en el gremio -principalmente de los medios “nacionales” y de las “vacas sagradas” del periodismo-, así como el cada vez mayor número de reporteros freelance como consecuencia de la mala situación de las empresas.

Un estudio realizado por la FIP en 2003 sobre las condiciones laborales de los periodistas en el mundo, que fue presentado a la Organización de las Naciones Unidas, indica que México y otros países de América Latina presentan la proporción más alta de periodistas sin contrato ni protección de ningún tipo: en promedio, 50%, cinco veces más que en Estados Unidos y el doble que en Europa y África.

“¿Cómo vamos a decir desde nuestra posición europea, desde nuestras confortables casas y salarios decorosos, que es inaceptable recibir dinero del narco cuando no conocemos las difíciles condiciones de vida y los salarios ridículos que tienen los periodistas mexicanos?”, pregunta Shaw. “Ahí empieza la responsabilidad de los propietarios de los medios en esta problemática”.

Por su parte, Hervieu describe: “El periodista mexicano está solo, no se gana bien la vida, y la profesión tiene mala imagen en la sociedad; en México, hay que admitirlo, el periodista es como un pobre perro en estas circunstancias”.

Un informe especial de RSF revela que, como consecuencia de todo lo anterior, un pesado velo de autocensura se impone en la prensa mexicana. El documento sostiene que en Tijuana el diario Frontera ha dejado de publicar fotografías de narcotraficantes y su entorno; la estación radiofónica Estéreo 91, de Nuevo Laredo, ha cambiado su línea y sólo reproduce la información facilitada por las autoridades, evitando el “quién” y el “por qué”. Lo mismo ocurre en el diario nuevoleonés El Mañana. Pero esas precauciones no evitaron el ataque del pasado 6 de febrero.

La corresponsal de El Universal en Tijuana, Julieta Martínez, confesó a los autores del informe -Balbina Flores Martínez y el propio Hervieu- que ya no aborda temas “sensibles”, más que en caso de condena o encarcelamiento; René Gardner, del diario El Norte, actúa de igual manera.

Incluso un pequeño periódico de Nuevo Laredo, Primera Hora /Última Hora, cuyo tiraje es de mil 500 ejemplares, dejó de “ahondar en los temas delicados” luego de que una bomba destrozara, el 10 de mayo pasado, el automóvil de su director, Pedro Pérez Natividad, cuyo paradero se desconoce a partir de entonces.

A falta de una solución, RSF esboza un escenario para México: el exilio de los periodistas y la abolición de la libertad de prensa en las áreas más “calientes”. Hervieu explica: “El año pasado se redujo el número de periodistas asesinados en Colombia, pero no porque hubiera menor peligro. Resulta que huyeron, al menos 10 al extranjero. Eso está por pasar en estados como Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas…”.

Igual de pesimista es la FIP. Prevé un clima tenso con la prensa de cara a las elecciones presidenciales del 2 de julio. Si el gobierno federal y los estatales dejan las cosas como ahora, “veremos más periodistas asesinados y un nivel de autocensura casi total. Ello va a tener un grave efecto en la calidad de los medios y de la información que llegue a los mexicanos. México entrará de lleno en el camino de Colombia”, vaticina Shaw.