Un centenar de ingenieros y técnicos especializados luchan por controlar los reactores de la planta nuclear de Fukushima y están expuestos a niveles de radiactividad que afectarán su salud; el primer ministro japonés, Naoto Kan, los calificó de “héroes”. Pero su hazaña puede no ser recompensada pues Japón tiene un “rezago de medio siglo” en la protección laboral de los trabajadores de la industria nuclear. De hecho 96% de los casos de contaminación radiactiva pertenece a empleados subcontratados por compañías del sector.

(Artículo publicado en la edición del 26 de marzo de 2011 de la revista PROCESO)

BRUSELAS, (Proceso).- Entre 50 y 100 ingenieros especializados permanecen en la central nuclear japonesa de Fukushima 1 –dañada por el terremoto y el tsunami del viernes 11– intentando recuperar el control de los reactores y evitar una catástrofe mayor. Expuestos a radiaciones superiores a la norma, esos trabajadores han merecido el título de “héroes” y la gratitud del primer ministro japonés, Naoto Kan, quien elogió su “valor”.

Ellos deben restaurar la energía eléctrica de la planta nuclear, lo que permitiría encender el complejo sistema de motores, válvulas e interruptores que inyecte agua fría a los reactores para que dejen de liberar radiación. Restaurada la electricidad, afirman los expertos, bastaría un día para estabilizar la temperatura de los seis reactores. El problema es que se encuentran seriamente dañados.

El lunes 21, los trabajadores tuvieron que ser retirados momentáneamente cuando la piscina de combustible del reactor 3 comenzó a arrojar humo negro, posiblemente radiactivo. Dos días después se repitió la emergencia. Ese reactor es el más peligroso: funciona con una mezcla de plutonio y uranio. El jueves 24, el gobierno japonés informó que tres trabajadores tuvieron que ser hospitalizados después de entrar en contacto con líquidos radiactivos.

Ese mismo lunes la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco, por sus siglas en inglés) anunció que era necesario reemplazar un importante dispositivo de bombas para reactivar el sistema de enfriamiento del reactor 2.

Temores

No todos los equipos de rescate que han sido activados para enfrentar la emergencia nuclear han actuado con el mismo estoicismo y obediencia que los ingenieros de Tepco.

Tropas del ejército japonés fueron enviadas a la zona del reactor 3 cuando la estructura de su contenedor explotó. El Ministerio de Defensa protestó ante la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón y ante Tepco por la posible radiación que recibieron sus soldados, algunos de los cuales quedaron heridos por el estallido.

En su edición del pasado martes 15, el diario Yomiuri Shinbun recogió las declaraciones de un “alto oficial” del ejército: “Ellos (Tepco y la agencia) nos dijeron que todo era seguro, lo cual nosotros creímos y por eso fuimos a trabajar allá. Nosotros tenemos conocimiento de cómo protegernos de la radiación, pero no somos especialistas en estructuras de reactores nucleares”.

El lunes 21, el gobernador de la prefectura de Tokio, Shitaro Ishihara, le reclamó al primer ministro japonés que su ministro de Economía, Comercio e Industria, Banri Kaieda –el jefe adjunto de la fuerza de tarea contra el desastre nuclear–, había tratado de “obligar” a los bomberos de la capital a participar en un operativo en Fukushima.

Los bomberos ya habían acudido a operaciones de enfriamiento del reactor 3, lo que los había dejado exhaustos; se rehusaron a intervenir de inmediato en una nueva acción que duraría horas y Kaieda los amenazó con “castigarlos”. El martes 22, el ministro pidió disculpas por lo que consideró un “malentendido”.

Caso Umeda

A pesar de su experiencia histórica, el sistema nipón de compensación para los trabajadores del sector nuclear afectados por cánceres asociados a su actividad laboral “está rezagado medio siglo”, plantea el Centro Ciudadano de Información Nuclear (CNCI, por sus siglas en inglés).

En 2009, el gobierno japonés agregó el mieloma múltiple y el linfoma maligno a su lista de enfermedades elegibles de compensación bajo la Ley de Estándares Laborales, que no se había actualizado desde 1978.

El CNCI dice que esa lista –que originalmente incluía la leucemia y los cánceres de piel, tiroides, pulmón y hueso– todavía es limitada en comparación con las de Estados Unidos y Europa, donde la mayor parte de los cánceres que afectan a personal de centrales nucleares es susceptible de indemnización.

El caso de Ryusuke Umeda ilustra las dificultades que enfrenta ese personal en Japón para obtener una reparación económica justa: Hace 30 años Umeda fue expuesto a rangos altos de radiación en las centrales nucleares de Shimane y Tsuruga. Era el responsable de soldar las placas de plomo que recubren el corazón de los reactores nucleares.

En septiembre de 2008 solicitó una compensación laboral tras sufrir un infarto, una afectación que el Ministerio de Salud y Trabajo reconoce que puede ser causada por exposición radiactiva.

La Oficina de Supervisión de Estándares Laborales de la localidad de Shimuna transfirió su demanda a la Oficina Laboral de Fukuoka, que el 14 de septiembre de ese año la rechazó, con el argumento de  que la dolencia declarada provenía de su estilo de vida y no de la radiación.

Umeda exigió una revisión de su expediente. El 8 de febrero de 2010 fue recibido en las oficinas del Ministerio de Salud y del Trabajo en Tokio para que explicara directamente su caso.

Mikiko Watanabe, del CNCI, escribió en el boletín bimensual del organismo lo que sucedió: “El señor Umeda explicó su trabajo de soldador en el reactor número 1 de Tsuruga. Dijo que era muy difícil respirar en un ambiente muy húmedo y a 40 grados centígrados usando una mascarilla que le cubría el rostro entero. Al soldar y cortar tubos con un cortador a base de gas, la mascarilla se empañaba inmediatamente y estaba obligado a quitársela”.

Watanabe sigue: “Con frecuencia la alarma del dosímetro que portaba el señor Umeda sonaba tan pronto como ingresaba al área de trabajo, indicando que su dosis de radiación permitida ya se había excedido. A veces tenía que retirarse el aparato para poder terminar el trabajo durante el tiempo asignado al periodo de inspección”.

El CNCI menciona que los funcionarios del ministerio prometieron investigar a fondo la demanda de Umeda y tomar en consideración la exposición a la radiactividad que no constaba en su libreta de control.

El ministerio concluyó “no haber reconocido ningún accidente debido a una exposición radioactiva”, pero, asegura el CNCI, sin que hubiera una investigación de por medio.

El centro apunta que la exposición de los trabajadores nucleares a la radiactividad alcanzó un pico a finales de los setenta y durante los ochenta, cuando Umeda estuvo en activo.

Subraya: “Las condiciones laborales eran muy severas esos días; incluso si el trabajo llevado a cabo durante los periodos de inspección no era ‘susceptible de accidente’, éste implicaba someterse a altas dosis de radiación. Bajo esas condiciones es obvio que empleados como Umeda, que trabajaron cerca del núcleo del reactor, estuvieron fuertemente expuestos a eso.

“Así que sin haber realizado una investigación, ¿cómo puede afirmar categóricamente el Ministerio de Salud y del Trabajo que no había exposición radiactiva que no fuera monitoreada?”

Rezago

Un reporte conjunto del CNCI y del Consejo Legal del grupo de reclamantes de enfermedades causadas por la bomba atómica afirma que durante décadas el gobierno nipón ha señalado que sólo una pequeña porción de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki desarrolló padecimientos relacionados con los ataques nucleares de 1945.

Había registrados 250 mil sobrevivientes, pero hasta abril de 2008, cuando comenzó un proceso de revisión de los criterios, las autoridades únicamente reconocían 2 mil 200 casos de enfermos por la radiación.

En el contexto actual, otro documento del CNCI dedicado al tema remarca: “El hecho de que las enfermedades relacionadas con la radiación se manifiesten generalmente muchos años después de que ocurriera la exposición dificulta especialmente la situación para los trabajadores subcontratados, muchos de los cuales incluso ni siquiera recibieron una copia de sus libretas de control de radiación”.

Esa clase de trabajadores, no contratados directamente por las empresas operadoras de las centrales nucleares, representa 96% de los casos de contaminación radiactiva entre los empleados del sector.

Otro problema es la falta de transparencia del gobierno japonés en el tratamiento de esos expedientes. A principios de 2010 el CNCI fue informado de que en 2008 siete trabajadores de la industria nuclear pidieron una indemnización por afectaciones a su salud relacionadas con su ocupación.

Fue la primera vez que el centro era informado de siete solicitudes en un mismo año, pero sin obtener más detalles. Otro tipo de información al respecto es confidencial, debido a que el Ministerio de Salud y del Trabajo argumenta que datos como el nombre del solicitante, su condición física o la dosis de exposición están cubiertos por la Ley de Protección de la Privacidad.

“Dado que el papel de ese ministerio es proteger la salud de los trabajadores y de los ciudadanos, determinar los efectos a la salud de los trabajadores en industrias específicas y revelar esa información es una tarea importante que el ministerio debe llevar a cabo. Pero su respuesta en este caso distorsiona completamente el sentido de la ley”, concluye el CNCI.