Hong Kong (apro).- El Consejo Legislativo parece haber salido de una máquina del tiempo a lado de los rascacielos que conforman el paisaje arquitectónico de esta excolonia británica y oasis de la disidencia china.“Es el último edificio de la época victoriana que queda en Hong Kong”, comenta Lee Cheuk-yan, mientras ingresa a una vetusta sala de juntas de ese edificio de tres niveles, ubicado en el corazón financiero de la ciudad, frente a la bahía Victoria.Recuerda que, en 1997, Pekín confirmó la vigencia de la Ley Básica, acordada con Londres en la Declaración Conjunta de 1984, que garantiza a Hong Kong su modo de vida capitalista hasta 2047. Salvo en relaciones exteriores y defensa, la excolonia obtuvo un alto grado de autonomía política.
En 2004, sin embargo, el Congreso del Partido Popular chino reinterpretó la Ley Básica. China condicionó entonces toda reforma política a la voluntad del poder ejecutivo hongkonés –sobre cuyo jefe tiene una enorme influencia– y rechazó cualquier ajuste a la alza en la proporción actual de legisladores, 50 por ciento, que son electos democráticamente.
Lee subraya: “El mensaje de Pekín es claro: ‘el control es nuestro’”. Y agrega: “El hecho de que China intervenga en la política interna de Hong Kong, marca un precedente nefasto. La fórmula ‘dos sistemas, un país’, que nos da espacio de decisión, retrocede hacia un único sistema: Pekín nos dice: ‘aceptamos que desarrollen su modelo, ¡excepto el político!’”.
Lo que sucede en Hong Kong, remarca Lee, es de trascendencia geopolítica, “porque es el único lugar de China donde el régimen está obligado a emprender una apertura democrática. Es el laboratorio de su propia transformación”.
Por eso lamenta que las potencias occidentales estén actuando como mudos espectadores: “Pesan más los intereses económicos, y en especial ahora que el poderío de la economía china va en ascenso. Gran Bretaña expresó a Pekín su inconformidad con la reinterpretación de la Ley Básica, y hasta ahí. ¿Cómo vamos a esperar que la comunidad internacional defienda nuestras aspiraciones cuando no hizo lo suficiente para sancionar a China por la masacre en Tiananmen?”.
–¿Qué escenario vislumbra si China no cede? –se le cuestiona a Lee.
–La confrontación crecerá. La sociedad se desintegrará a causa de un sistema opaco que ampliará la brecha entre ricos y pobres, y que entregará el control a intereses particulares. Como la energía social se estará ‘perdiendo’ en la lucha por conservar las libertades, la economía se va a desplomar”.
No descarta el estallido de violentos disturbios.
El brazo chino
El 1 de julio de 1997 –como lo acordaron Londres y Pekín en 1984–, la montañosa isla de Hong Kong, gran parte de Kowloon, los Nuevos Territorios y 235 pequeñas islas –en total mil kilómetros cuadrados y 6.8 millones de habitantes–, dejaron de ser dominio británico para convertirse en una Región Administrativa Especial de la República Popular de China.
Los peores augurios sobre la militarización de la isla y la derogación de los derechos civiles conquistados, no se cumplieron, por una sencilla razón: siendo el centro financiero internacional y puerto más activo del planeta, Hong Kong agregaba en ese momento 20 por ciento de riqueza a la economía china; es decir, 173 mil millones de dólares cada año.
No obstante, el periodista británico Jonathan Fenby, autor de Dealing with the dragon, explica así la estructura de poder que implantó Pekín en su nuevo territorio:
“En la cumbre está el jefe del Ejecutivo, elegido por un comité cuidadosamente configurado por amigos de China. Él es aconsejado por un consejo ejecutivo secreto, cuyos miembros él mismo determina. Debajo hay un bloque de altos funcionarios que gobiernan los departamentos. Este mecanismo perpetúa el antiguo sistema colonial, pero ahora en beneficio de Pekín”.
El Poder Legislativo también resultó afectado. Queriendo dejar un ambicioso legado político, en 1995 el último gobernador británico, Christopher Patten, permitió elecciones libres. Los partidos críticos a China consiguieron llevarse la victoria. El disgusto de Pekín fue tan grande que llegó a tachar a Patten de “prostituta con máscara de jade”.
Así, apenas éste abandonó la isla en el yate real, el entonces gobierno de Jiang Zemin disolvió el legislativo y lo reemplazó por otro, cuyos miembros seleccionó. Cuando en mayo de 1998 hubo nuevas elecciones, las reglas habían cambiado: constituida por 60 escaños, sólo 12 se destinaron al voto popular. El resto se distribuían mediante un complicado método entre representantes de “grupos profesionales” y títeres del poder central.
En la actual legislatura, que entró en funciones el 1 de octubre de 2004, hay 30 miembros electos de manera directa, pero China se niega a aumentar la cifra.
Pekín instauró también la representación proporcional y agrandó las circunscripciones, de tal modo que, pese a que los candidatos demócratas ganaron 70 por ciento de la elección de 1998, éstos quedaron confinados a una minoría legislativa. Para cerrar el círculo, los legisladores no votados obtuvieron un extraño poder de veto.
El resultado fue un desastre. James McGregor, quien fue corresponsal en la capital china del diario Wall Street Journal, explica: “China nombró a Chee Hwa Tung, un indeciso magnate naviero, para dirigir Hong Kong. Rodeándose de otros magnates y consejeros, Tung formó un gobierno de, para y por los millonarios, cuyos hijos aprovecharon a su antojo las reformas y las privatizaciones gubernamentales para enriquecerse. Hong Kong fue gobernado como un country club”.
La impopularidad de Tung se fue a los cielos, sobre todo después de que, en 2003, propuso un controvertido proyecto de ley anti-subversión.
En marzo de 2005 renunció “por motivos de salud”. Lo sustituyó el jefe administrativo y exsecretario de Finanzas, Donald Tsang, un tecnócrata de la Universidad de Harvard, con un sobrio gusto en el vestir, pero con poca experiencia política.
En octubre pasado, Tsang propuso una reforma constitucional encaminada a adoptar el “sufragio universal”. Pero no mencionó cuándo y cómo lograría ese objetivo. De acuerdo con la prensa local, Tsang obtendrá su reelección.
Abusos
A pesar de que 80 por ciento de los hongkoneses piensa que en China ha “mejorado” la situación de los derechos humanos desde 1989, las expresiones de inconformidad han subido de tono en los últimos años.
El 1 de julio de 2004, medio millón de hongkoneses marcharon para exigir la celebración de elecciones democráticas para jefe ejecutivo en 2007 y para legisladores en 2008. Un año antes, por vez primera en la historia de Hong Kong, un número similar de ciudadanos había salido a protestar, en esa ocasión, contra un escandaloso proyecto de ley anti-subversión, el cual violaba el artículo 23 de la Ley Básica, que consagra la libertad de prensa, religión y asociación.
El más reciente reporte de Amnistía Internacional, que corresponde a hechos de 2005, refleja esa lucha de poder entre posiciones autoritarias y democráticas.
Algunos ejemplos:
“En abril, la Corte final de apelaciones anuló las sentencias contra ocho seguidores de Falun Gong por obstruir y atacar a la policía durante una manifestación, en marzo de 2002. Varios cargos ya habían sido levantados en 2004.
“Activistas de derechos humanos protestaron contra la decisión de las autoridades de encargar a la Sociedad para la Verdad y la Luz, un grupo conservador cristiano que se opone a los derechos de los homosexuales y al ‘uso excesivo’ de los derechos humanos, la educación de los maestros en temas de garantías individuales y no discriminación.
“William Leung, homosexual de 20 años, consiguió cambiar una ley que prohíbe el sexo consentido entre hombres menores de 21 años. Un tribunal de primera instancia determinó que esa ley era discriminatoria y violaba los derechos humanos. Las autoridades apelaron.
“La policía usó gases pimienta y lacrimógenos contra quienes se manifestaban en ocasión de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en diciembre, lo que generó acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Más de mil participantes fueron detenidos y muchos declararon haber sido maltratados durante la custodia policiaca. Todos fueron liberados, pero 14 fueron acusados de asociación ilegal y liberados bajo fianza”.
Mark Allison es investigador de Amnistía Internacional en esta ciudad. Desde una grande y moderna oficina totalmente informatizada, explica a este corresponsal que tal balance ya existía antes de la devolución británica. Y apunta: “Lo que nos está preocupando es la libertad de prensa”.
A diferencia de China –donde las telenovelas y los programas de concurso dominan la controlada programación televisiva, y no es posible hallar más que diarios locales con noticias a modo y fotos de políticos sonrientes–, en Hong Kong el acceso a la información es casi tan pleno como en Londres.
Sin embargo, hay temas periodísticos que censura China, a los que también debe poner atención la prensa hongkonesa. Así lo resume un reportaje del prestigiado South China Morning Post, el diario de más venta aquí:
“Las tres ‘T’ son los temas prohibidos para los medios chinos: Tiananmen, Tibet y Taiwán (…) Hay también líneas rojas: el movimiento religioso Falun Gong; el problema de separatismo en la provincia de mayoría musulmana Xinjiang; y ciertos aspectos de la relación entre Pekín y Tokio”.
El pasado 7 de agosto, el Consejo Legislativo aprobó, sin el voto de la oposición democrática que abandonó la sala en señal de desacuerdo, la Ley de comunicaciones y vigilancia.
Esa ley ampara, en teoría, las intensas actividades en Hong Kong de los servicios de seguridad chinos.
Entre otros actos, que son calificados de antidemocráticos –que agentes de seguridad puedan entrar al domicilio de una persona y colocar equipos de vigilancia, controlar el correo electrónico o interceptar las llamadas telefónicas–, la ley puede servir para espiar y controlar legalmente a los periodistas.
También se han dado casos de ataques directos contra los profesionales de la información. Cuenta Allison que “un presentador de RTHK (Radio Televisión de Hong Kong), conocido por sus críticas al sistema, hace poco tuvo que renunciar por las presiones y amenazas a que fue objeto”.
Otro caso, ocurrido en 2005, es el del veterano periodista hongkonés de 55 años, Ching Cheong, quien trabajaba en Singapur para el rotativo local Straits Times. El había viajado a Pekín para encontrarse con una fuente que le entregaría unas entrevistas secretas con Zhao Ziyang, el exprimer ministro chino que pasó casi 16 años bajo arresto domiciliario –hasta su muerte en enero del año pasado– por haber negociado con los estudiantes de Tiananmen.
Cheong –que en 1989 renunció al diario prochino para el que escribía en un acto de protesta por la represión en Tiananmen– fue arrestado el 22 de abril y detenido bajo una rara forma llamada “residencia vigilada”.
La Oficina de Seguridad Pública de China aconsejó a su esposa no hacer pública la detención. Mientras tanto, la embajada china en Singapur comunicó al diario que Cheung “estaba colaborando en Pekín con oficiales de seguridad en un asunto que no concernía al Straits Times”.
Cheong pudo decirle a su esposa que él estaba seguro que agentes chinos le habían tendido una trampa. Cuando ella supo que él sería acusado de revelar secretos de Estado, rompió el silencio y contó todo. Al día siguiente, el 31 de mayo, el Ministerio chino de Exteriores anunció que Cheong había confesado ser un espía de agencias extranjeras.
El 5 de agosto fue acusado, de manera oficial, de espiar para Taiwán, por lo que el periodista corre el riesgo de enfrentar cadena perpetua: los hongkoneses, aunque cuentan con un pasaporte especial británico, son ciudadanos chinos ante las leyes internacionales.
El pasado 20 de julio, 20 organizaciones gremiales, entre ellas la Asociación de periodistas de Hong Kong, organizaron una jornada mundial por la liberación de Cheong, a quien, señala un comunicado, “le han sido negados los derechos que le garantiza el Código de procedimientos criminales chino.
“Cheong ha sido aislado, se le ha negado todo recurso legal y a tener contacto con los miembros de su familia o con sus colegas del periódico”. Las organizaciones piden un juicio “transparente, justo y abierto”, y de no encontrarse pruebas suficientes, que sea liberado de inmediato.