(Artículo publicado en la edición del 18 de Marzo de 2007 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Después de numerosas expresiones de condena en Europa por los asesinatos de mujeres y niñas en México, sobre todo en Ciudad Juárez, el Parlamento Europeo discutirá el asunto a su más alto nivel y elaborará un documento de resolución.

Su objetivo es proponer a la Unión Europea (UE) y al gobierno del presidente Felipe Calderón medidas concretas para prevenir tales crímenes y terminar con la impunidad que los rodea.

Dicho documento tendrá fuerte significado político, pues no representará la opinión de un eurodiputado, grupo o comisión parlamentaria, sino del Parlamento Europeo en su conjunto, que de esta manera busca adoptar una posición firme e inequívoca ante los asesinatos de mujeres en México. Sus exhortos serán “transmitidos” al Consejo de Ministros (que representa a los Estados nacionales de la UE en Bruselas), a la Comisión Europea (encargada de la relación de la UE con México) y a los 27 Estados miembros, así como al gobierno mexicano.

Aunque dichos exhortos no son de cumplimiento obligatorio, ignorarlos puede acarrear desavenencias del Parlamento Europeo y el resto de las instancias de la UE con el gobierno de México.

Este lunes 19 comienza el proceso de discusión sobre el particular entre los ocho grupos políticos del Parlamento Europeo, con base en una propuesta de resolución que elaboró el Grupo de los Verdes y cuyo contenido puede ser objeto de enmiendas. De acuerdo con el calendario previsto, una versión final del texto será sometida a la aprobación de los 785 eurodiputados en su sesión plenaria de septiembre próximo.

Proceso obtuvo una copia de la propuesta de resolución original, fechada el pasado 8 de marzo y que consta de cinco páginas. Se titula Informe sobre feminicidios en América Central y México, el papel de la Unión Europea en su persecución.

De entrada, el documento señala varias convenciones y acuerdos internacionales que forman parte de los esfuerzos para garantizar los derechos y la protección a las mujeres en la región mencionada. Se refiere también a recomendaciones ya planteadas a México por instancias internacionales, como las que formuló en 2005 la relatora de la Comisión de Equidad y Género del Consejo de Europa, Ruth Gaby Vermot-Mangold, o las emitidas por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Yakin Ertürk, en sus informes publicados en febrero de 2005 y enero de 2006, así como las que en marzo de 2003 presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Impunidad

La segunda parte del documento contiene 18 puntos de “consideraciones”, en los cuales critica la ineficiencia de las autoridades mexicanas para erradicar este fenómeno.

“El feminicidio, definido como el asesinato de una mujer o niña por el simple hecho de ser mujer, es la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, y su castigo y erradicación es una obligación y debe ser una prioridad para cualquier estado de derecho”, enfatiza el primer punto.

El feminicidio, agrega, comprende “toda una progresión de actos violentos que van desde (el daño) emocional (y) psicológico, (a) los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de mujeres (y que sea) tolerada por el Estado”.

En el documento se sostiene que el Parlamento Europeo está “alarmado” por el “considerable aumento de feminicidios en los últimos años, en particular en América Central y México, sin que los Estados hayan atacado suficientemente las raíces de estos crímenes, sin que las autoridades policiales y judiciales hayan investigado adecuadamente los asesinatos, quedando los crímenes impunes, y sin que los Estados hayan brindado medidas preventivas suficientes para proteger a las potenciales víctimas de feminicidios”.

Tales crímenes “no pueden explicarse únicamente ‘por un clima de violencia generalizada’; debe tomarse en cuenta la discriminación y el contexto socioeconómico desfavorable para las mujeres –agudizándose contra las indígenas–, las altas tasas de pobreza, las bandas delictivas en el caso de México, y la falta de desmantelamiento de los cuerpos ilegales de seguridad en el caso de América Central”.

El documento confirma “la impunidad (vigente) en la materia, entendida como la inexistencia de hecho o derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, (quienes continúan) eludiendo la investigación o la condena, así como una falta de sensibilización de los servidores públicos y de recursos presupuestales”.

También menciona “los obstáculos que afrontan las mujeres víctimas y (sus) familiares (para tener) acceso a la justicia, incluyendo la discriminación de género”. Subraya que “los feminicidios de dos ciudadanas holandesas –Hester van Nierop y Brenda Susana Margaret Searle– permanecen igualmente impunes”.

Al respecto, el pasado 28 de febrero un juez de Betún, Yucatán, impuso a Jorge Gamboa Ramos, Arturo Blancas Pizaña y a su hermana Lourdes Alejandra, penas por 39, 33 y 2 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Searle, ocurrido en 2001, cuando ella vacacionaba en Chichén Itzá. La joven arquitecta Van Nierop, por su parte, fue encontrada muerta en un cuarto de hotel en Ciudad Juárez el 20 de septiembre de 1998. Su crimen sigue impune, aunque las autoridades mexicanas tienen identificados a varios presuntos asesinos.

Citando datos de la Comisión Especial de Feminicidios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados mexicana, la propuesta de resolución elaborada por el Grupo de Los Verdes europeos ubica en 6 mil el número de niñas y mujeres asesinadas en el país entre 1999 y 2006, e indica que tan sólo en 2004 fueron asesinadas hasta mil 205 niñas.

Puntual seguimiento

En la tercera parte del documento, el Parlamento Europeo aborda los acuerdos y políticas que justifican la solicitud para que el gobierno mexicano aplique medidas concretas para erradicar la violencia y los asesinatos de mujeres. Cita, por ejemplo, la política exterior y de seguridad común de la UE, cuyo “objetivo global” es “el desarrollo y la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

También invoca “el valor jurídicamente vinculante de la cláusula sobre derechos humanos y democracia en el Acuerdo Global y en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-México”, y recuerda a la UE que, al suscribir acuerdos con países que contengan una cláusula de ese tipo, “asume la responsabilidad de velar por que ese país, como ella misma, respete las normas internacionales sobre derechos humanos en el propio acto de la firma”.

Por ello, el documento solicita al Estado mexicano aplicar 15 “recomendaciones” específicas; entre ellas: “Apoyar con recursos financieros y técnicos las políticas de protección y prevención en materia de violencia contra las mujeres, y fortalecer la capacidad del organismo judicial, los cuerpos de seguridad y las fiscalías generales para perseguir, investigar y castigar a los responsables”.

Adicionalmente, en su proyecto de resolución, el Parlamento Europeo insta al gobierno de Calderón “a tomar todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra el narcotráfico y el crimen organizado, y pide que estas medidas garanticen el respeto íntegro de los derechos humanos”, por lo que solicita “respetar y dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos”.

Más adelante, se “pide” a las autoridades mexicanas “promover iniciativas legislativas para tipificar la violencia intrafamiliar y el acoso sexual como delito (…), asegurar los derechos laborales de las mujeres en las legislaciones nacionales (…) y supervisar a las empresas trasnacionales para que éstas respeten la integridad y los derechos laborales de sus trabajadoras”.

Por otra parte, el organismo parlamentario “pide a la UE establecer un cargo de ‘coordinador’ dentro de su representación en México y en Centroamérica” a fin de que organice “los esfuerzos de la UE, de las embajadas de los países miembros y, en el caso de México, del National Contact Point de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en la erradicación de la impunidad en los feminicidios”.

Otras funciones de ese coordinador, prosigue la propuesta, serán “sensibilizar” a dicho personal diplomático sobre los feminicidios, así como “oficiar como instancia de contacto con la ciudadanía centroamericana y mexicana, asegurar que el tema del combate a los feminicidios y a la impunidad esté presente en todos los niveles del diálogo político, y rendir un informe anual a la Comisión de Género del Parlamento Europeo”.

El documento contiene, igualmente, una solicitud a la delegación de la Comisión Europea en México, a las embajadas europeas en el país y a la OCDE para que desarrollen “un programa específico destinado a las obreras de las empresas trasnacionales para asegurar la seguridad de la mujer, condiciones dignas de trabajo y la no discriminación salarial”.

Además, se pide que establezcan (sin participación de la OCDE) una “mesa redonda sobre feminicidios e impunidad, en la que participen las diferentes redes e iniciativas parlamentarias, centros de investigación, asociaciones de derechos humanos y de género, y familiares de víctimas”.

Llama la atención un párrafo en el que se exhorta a la Comisión Europea a que, “en el marco de los acuerdos actuales y en negociación, se desarrollen mecanismos concretos que hagan operativa la cláusula democrática, asegurando una reglamentación vinculante para la ratificación y aplicación efectiva de todos los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, con especial atención a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Y no sólo eso: el Parlamento Europeo, según esta propuesta de resolución, “lamenta la vaguedad del tema de género en la guía estratégica para México 2007-2013” y, por tanto, demanda que “para la revisión trianual de estos documentos, y los siguientes, se amplíe la cooperación en dicha materia (y) en el tema de los feminicidios, incorporando un plan de acción” para combatir tales crímenes, la impunidad con la que se cometen, y permitir el pleno acceso a la justicia para las familias de las víctimas.

El borrador de resolución, además, insta “a la parte europea del Comité Conjunto Parlamentario México-Parlamento Europeo (…) a incluir sistemáticamente el punto ‘Feminicidios e impunidad’ en el programa de sus visitas a la región”, y requiere que el conjunto de la UE haga lo mismo en las reuniones de diálogo político con México y con la sociedad civil.

Para terminar, se propone que antes de la cumbre UE-América Latina de Lima, Perú, en 2008, se realice una “audiencia conjunta” entre las comisiones de género y de derechos humanos del Parlamento Europeo, con las delegaciones de la misma instancia para México y Centroamérica, a fin de “hacer un balance de las medidas tomadas, incluyendo los casos de las dos holandesas asesinadas”.