BRUSELAS (apro).- La política exterior de derechos humanos de la Unión Europea (UE) tiene que ser “más activa, más coherente y más eficiente”.

“Han pasado diez años desde que la Comisión Europea emitió la comunicación del 8 de mayo de 2001 sobre El papel de la UE en la promoción de los derechos humanos y la democracia en países terceros. Desde entonces han ocurrido cambios sísmicos en el mundo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta la Primavera Árabe (…) Es importante que la UE renueve sus esfuerzos para encuadrar una efectiva respuesta a los desafíos en esas materias que enfrenta en el mundo”.

Lo anterior lo plantea la Comisión Europea –la institución que propone y vigila el cumplimiento de las leyes comunes– y la oficina de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, en una comunicación conjunta dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, el órgano de negociación de los 27 Estados miembros.

El documento, cuyo propósito es estimular la discusión, se titula Derechos Humanos y democracia en el corazón de la acción externa de la UE-Hacia una enfoque más efectivo. Tal texto es poco crítico con el accionar europeo, pero deja ver algunos puntos débiles.

“Existe la percepción –señala— de que las declaraciones de la UE tratándose de derechos humanos y democracia no siempre corresponden totalmente con sus políticas internas y externas. En el contexto de la Primavera Árabe hubo un debate en torno a si la UE había hecho lo suficiente para apoyar a la sociedad civil de esos países y promover el cambio en lugar de apostar por la estabilidad”.

Admite: “La UE no siempre ha sido tan efectiva ni tan unida como debió haber sido. El objetivo (futuro) es garantizar la claridad, la coherencia y la eficiencia de su política (de derechos humanos), siendo más inteligente y estratégica. Lograr lo anterior es más apremiante tras la promesa hecha en el Tratado de Lisboa, de colocar a los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el centro de todas las acciones externas de la UE, y de asegurar la consistencia entre las diferentes áreas de su actuación exterior y la implementación de los principios de su política exterior”.

Defensores

El documento referido establece que “la UE necesita trabajar estrechamente con la sociedad civil e inspirarse en su experiencia y sus canales alternativos de comunicación”.

Reafirma que “los defensores de derechos humanos son un aliado indispensable de la UE”, así como “interlocutores clave para las delegaciones de la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros en los países terceros”.

Además refiere que la UE debe “ofrecer la protección urgente que requieran los defensores de derechos humanos en riesgo inmediato, notablemente a través de un escudo de protección a nivel de la UE”.

Así mismo, recuerda que debe “apoyar la efectiva implementación de las Directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos, incluyendo el aumento de una mayor conciencia en el tema entre todos los actores implicados”.

El caso de México ilustra las dificultades que atraviesa la UE para poder cumplir en la práctica con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que en la teoría pregona.

Como lo informó Apro, el 18 de marzo pasado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, formada por 69 ONG, envió una carta a la jefa de la delegación de la UE en México, Marie-Anne Coninsx, en la que acusó la falta de consulta previa al segundo diálogo de derechos humanos entre México y la UE celebrada el 2 de marzo del mismo año en Bruselas.

Tales diálogos en derechos humanos entre ambos socios comerciales fueron instituidos el 16 de mayo de 2010 por el Plan Ejecutivo de la Asociación Estratégica bilateral, aprobado por el Consejo de la UE el 13 de octubre de 2008. Dicho plan no prevé ninguna participación de la sociedad civil.

No obstante, las Líneas Directrices de la UE, que rigen sus diálogos en materia de derechos humanos con terceros países desde 2001, instan a las autoridades europeas a “organizar seminarios con representantes de la sociedad civil del tercer país para discutir temas a profundidad, en paralelo al diálogo formal (con el gobierno)”.

Sólo después de los reclamos de las ONG europeas y mexicanas, la UE anunció el 14 de marzo pasado que llevará a cabo un seminario de ese tipo previo al tercer diálogo con México durante este año.

Por otro lado, la Delegación para las relaciones con México del Parlamento Europeo no respondió a la invitación que le hiciera la oficina mexicana de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), una organización que trabaja con defensores amenazados por su activismo, para que se reunieran durante la gira que tal misión europea realizó al país del 24 al 28 de noviembre últimos (Proceso No. 1834).

PBI había solicitado formalmente la entrevista con los eurodiputados a través de una carta, fechada el 18 de noviembre, que entregaron a la delegación de la UE en el país, la cual nunca fue contestada.

Más aún, desde que el presidente Felipe Calderón emprendió su guerra contra el narcotráfico, los altos diplomáticos de la UE han reiterado su apoyo, y si bien subrayan que ésta debe implementarse sin atropellar los derechos humanos, hasta ahora no han emitido ninguna condena oficial como tal contra las numerosas y graves violaciones cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad del gobierno calderonista.

El pasado 8 de diciembre, durante la reunión de la Delegación para México del Parlamento Europeo, que estuvo dedicada a discutir la situación en el país de los derechos humanos, el jefe de la Unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, Petros Mavromichalis, enfatizó que el presidente Calderón Hinojosa cuenta con el absoluto respaldo de la UE en su guerra contra el crimen organizado.

Cuestionamientos

Uno de las principales propuestas que plantea la alta representante y la Comisión Europea para mejorar sus mecanismos a favor de los derechos humanos en el mundo tiene que ver con las reuniones de expertos del Consejo.

Una ocasión cada mes, los 27 gobiernos de la UE envían a Bruselas a sus especialistas en la materia, quienes discuten al seno del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos (Cohom, en el argot diplomático).

Estos debates son breves, sin mucha profundidad, y en ellos cada representante gubernamental informa a los demás de la postura de su país respecto de un tema o a los casos específicos que sean abordados, tras lo cual regresan a sus países.

“Cohom ya no puede responder totalmente a la creciente carga de trabajo y de demandas. La implementación efectiva de la política externa de derechos humanos de la UE requeriría juntas más frecuentes de Cohom y también una sólida capacitación y experiencia sobre derechos humanos y democracia entre las Representaciones Permanentes de los países de la UE en Bruselas”.

El 7 de junio de 2006, por ejemplo, el eurodiputado Raúl Romeva hizo una pregunta escrita al Consejo sobre el muy mediatizado caso de las ciudadanas españolas María Sostres y Cristina Valls, que el 6 de mayo de ese año habían sido expulsadas de México después de ser golpeadas y violadas por agentes de la Policía Federal Preventiva en el marco de los disturbios en Atenco, Estado de México.

Romeva mencionó también en esa comunicación que otros tres españoles habían recibido malos tratos físicos el 28 de mayo de 2004, durante la represión policiaca de las manifestaciones contra la cumbre UE-Latinoamérica de Guadalajara, Jalisco, y luego deportados ante la pasividad del cónsul español en el Distrito Federal.

La respuesta del Consejo, emitida el 1 de septiembre de 2006, fue insólita: “El Consejo no ha sido informado hasta la fecha del problema que plantea su Señoría, por lo cual no ha podido tratarlo ni internamente ni con las autoridades mexicanas”.

Días antes, el Consejo había consultado por escrito a la Representación Permanente de España en Bruselas si estaba de acuerdo con esa respuesta.

(Artículo publicado el 13 de Enero de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)