BRUSELAS.- La Comisión Europea, el organismo responsable de gestionar el acuerdo bilateral con México y vigilar el cumplimiento de su cláusula democrática, reconoció que la deficiente situación de los derechos humanos en territorio mexicano ya es un factor de “tensión” en las relaciones diplomáticas entre ambos socios.

El pasado 23 de septiembre, María Gotsi, funcionaria de la Unidad para México de esa institución, dijo ante activistas mexicanos que, aunque la relación de la Unión Europea (UE) con México es “buena” en términos comerciales, la interlocución con los oficiales del gobierno de Felipe Calderón se vuelve “tensa” en cuanto se toca el capítulo de derechos humanos.

Gotsi es una experimentada funcionaria en asuntos relativos a las políticas europeas de cooperación y derechos humanos. Hasta hace poco trabajó en la representación de la UE en Colombia, y también en la unidad de la Comisión Europea encargada de las relaciones con Guatemala, ambos países latinoamericanos con fuertes problemas de inseguridad. Recientemente, Gotsi fue llamada a reforzar el personal de la unidad para México en Bruselas.

En sus oficinas de la Comisión Europea, la diplomática europea se reunió con Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Cristina Hardaga, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero), y Verónica Corchado, representante de la organización Pacto por la Cultura de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con el apoyo logístico y financiero de la Coordinación alemana por los derechos humanos en México –una agrupación ligada a la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia, con sede en Munich– dichos defensores de derechos humanos viajaron a Bruselas para denunciar la militarización del país, los graves abusos de autoridad contra la ciudadanía, específicamente contra defensores de derechos humanos, así como la impunidad que gozan los infractores.

En el gobierno de Calderón esta es la primera ocasión que organizaciones mexicanas de derechos humanos, provenientes de distintos estados del país, logran concertarse para hacer frente común a la hora de exponer sus preocupaciones y demandas a los diplomáticos de la Comisión Europea.

Cristina Hardaga dijo a este corresponsal: “Les dijimos: ‘ustedes tienen ciertas competencias (en la defensa de los derechos humanos en México). Necesitamos que se pronuncien sobre los recientes casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha fallado contra México”.

Señaló que, por lo pronto, los funcionarios europeos planean actualmente la forma en que aplicarán en México las llamadas Directrices de la UE para la protección de los defensores de derechos humanos.

Ese mecanismo, que incluso contempla la salida del país de un activista en peligro de muerte, forma parte de la política exterior de ese bloque comercial en todos los países con los que sostiene relaciones. Esas modalidades de aplicación están en proceso de discusión en Bruselas.

En los próximos días, el Grupo de Derechos Humanos del Consejo de Ministros –el órgano de representación de los 27 gobiernos que conforman la UE– determinará si tales modalidades se harán públicas o se guardarán en secreto, si ello permite salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos, informó a Apro Susana Daag, integrante de la Iniciativa de Copenhague para México y América Central (Cifca), un conocido grupo de cabildeo de la sociedad civil europea.

El cabildeo

Los activistas mexicanos también se entrevistaron con los portavoces de eurodiputados que conocen la problemática mexicana: la alemana Franziska Keller, la finlandesa Satu Hassi, y el español Ramón Jáuregui, presidente además de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con México.

En esa reunión conjunta, el representante del eurodiputado Jáuregui, Antonio Roldán Mones, advirtió a los mexicanos sobre la fuerte presión que ejerce en el Parlamento Europeo el cabildeo de la embajada mexicana en Bruselas.

Refirió que cualquier tipo de mención a los problemas que atraviesa el país es de inmediato contrarrestada por la diplomacia mexicana, que, por ejemplo, envía a los europarlamentarios documentos atiborrados de cifras y datos con lo que pretenden engrandecer los avances en el caso concerniente.

Los oficiales mexicanos, les comentó, “están muy bien preparados” para neutralizar o aminorar las críticas que provengan de algún miembro o grupo político del Parlamento Europeo.

Por ejemplo, a fines de 2007, la embajadora Sandra Fuentes Beráin consiguió eliminar y suavizar algunos párrafos incómodos para el gobierno contenidos en un informe relativo a los feminicidios (Proceso 1615).

En marzo pasado también logró desaparecer duros cuestionamientos contra el Ejército en una resolución relacionada con la escalada de la violencia que atraviesa el país.

En ambos casos obtuvo el completo respaldo del grupo del Partido Popular Europeo, en el que tiene una fuerte influencia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca.

Pero también los socialistas europeos han colaborado con el lobby calderonista en la UE, a tal grado que la anterior presidenta de la delegación para México del Parlamento Europeo, la alemana Erika Mann, llegó a proponer las mismas enmiendas que Salafranca a los informes críticos contra el gobierno mexicano, incluso con idéntica redacción.

De hecho, el 14 de octubre de 2009, el propio Jáuregui fue objeto de tales presiones diplomáticas. Ese día, el socialista español declaró al diario Reforma que la decisión de Calderón de desaparecer Luz y Fuerza del Centro y echar a la calle a más de 40 mil trabajadores había sido “brutal” (Proceso 1721).

Apenas horas después de que sus cuestionamientos aparecieran en la página de internet de ese diario, recibió el regaño telefónico de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Lourdes Aranda, que le reclamó el “impacto negativo” que tendrían en México sus críticas.

Al día siguiente por la mañana, Fuentes Beráin lo acusó de desconocer el origen del conflicto sindical, pero se negó a exponer su postura al respecto en la sesión de la delegación para México, que tendría lugar una hora más tarde.

Otro caso simbólico es el Cuarto Foro de Diálogo Sociedad Civil México-UE, que se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre próximo en México.

El primero de tales foros, realizado en 2002 en Bruselas, despertó grandes expectativas de las organizaciones civiles mexicanas y europeas, que veían posible la creación de instancias a través de las cuales pudieran participar en las decisiones del acuerdo global.

El próximo foro de México se presenta como una reunión que ya no entusiasma igual a los activistas.

Desde un principio, el gobierno del expresidente Vicente Fox evitó asumir cualquier compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, y luego también la Comisión Europea siguió esa estrategia, a pesar de que ella fue la que empujó la realización de estos encuentros.

Luis Arriaga lamentó que el gobierno de Calderón “no ha hecho ni una consulta a la sociedad civil” para acordar los contenidos del cuarto foro, cuando ese diálogo ha sido uno de los pilares de ese evento desde 2002.

Cifca, la organización que más animó los primeros foros, con la presencia activa de sus integrantes y con la elaboración por escrito de las propuestas más concretas y precisas, no acudirá a la cita con las autoridades europeas y calderonistas.

(Artículo publicado el 24 de septiembre de 2010 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)