BRUSELAS.- El pasado 20 de marzo el rotativo británico The Sunday Times reveló que tres diputados del Parlamento Europeo habían aceptado 100 mil euros al año a cambio de introducir enmiendas a los documentos legislativos en preparación, desatando así lo que algunos medios ya consideran el mayor escándalo de corrupción en la historia de esa institución de la Unión Europea (UE).

El caso ha tenido fuertes repercusiones políticas porque involucra a figuras nacionales de los dos principales grupos políticos del Parlamento Europeo: el ex ministro del interior de Austria, Ernst Strasser –del mayoritario Partido Popular Europeo (PPE)–; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Zoran Thaler, y el ex viceprimer ministro de Rumania, Adrian Severin (ambos de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, segunda fuerza política).

Strasser y Thaler ya renunciaron a sus curules, mientras que el grupo socialista del Parlamento Europeo corrió a Severin, quien decidió conservar su cargo. Aun así, los tres son investigados por las autoridades anticorrupción de sus respectivos países.

El 27 de marzo el periódico británico incluyó en sus acusaciones al español Pablo Zalba Bidegain, un joven eurodiputado de 37 años de edad, miembro del PPE.

Otros 14 eurodiputados cayeron en la trampa que les tendió The Sunday Times. Sus casos serían divulgados próximamente.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Diana Wallis, prometió una investigación interna. El eurodiputado polaco Jerzy Buzek, que preside esa institución, se rehusó a que los agentes de la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF) penetraran en el edificio y realizaran sus propias investigaciones ya que, remarcó, es un caso que no entra en su área de competencias.  

Buzek sostiene que el derecho a investigar asuntos criminales o judiciales ligados a los eurodiputados únicamente involucra a las autoridades de los países de donde éstos provienen. Con esas autoridades, dice, cooperará el Parlamento Europeo, cuyos guardias internos vigilan las oficinas de los eurodiputados inculpados, las cuales fueron selladas.

El asunto ha puesto otra vez en entredicho la actual normativa europea en materia de cabildeo y la necesidad de un registro más estricto y obligatorio de esta actividad en Bruselas, que no sea voluntario como ahora.

Andy Rowell, integrante de la organización no gubernamental Alianza para la Transparencia del Cabildeo y una Regulación Ética, consideró que este escándalo “fue un accidente que debía suceder”. Y señaló que los políticos de Bruselas, responsables de hacer leyes, “disfrutan de una relación bastante cómoda con los cabilderos de la industria. No es sorprendente que a los eurodiputados se les haga muy fácil actuar a favor de falsos cabilderos”.

En medio de las revelaciones británicas, el martes 29 de marzo la eurodiputada austriaca Hella Ranner (PPE) anunció que renunciaría a su cargo luego de que el diario Kurier –de su país– publicó una carta de su abogado indicando que ella planeaba pagar una deuda personal de 7 millones de euros utilizando el dinero que reciben los eurodiputados para contratar personal y solventar los costos de sus oficinas en el Parlamento Europeo.

Firma falsa

Hace ocho meses un equipo de reporteros de The Sunday Times creó la falsa firma de cabildeo Taylor Jones Public Affairs. En Bruselas se encuentran las instituciones de la Unión Europea responsables de la elaboración de leyes comunes a los 27 Estados asociados, por lo que existen cientos de empresas privadas y organismos públicos que emplean en conjunto casi 20 mil cabilderos para intentar influir a favor de sus intereses durante el proceso legislativo.

A nombre de esa empresa pantalla, los reporteros del rotativo británico contactaron a 60 de los  736 eurodiputados, proponiéndole a cada uno de ellos por separado una retribución económica a cambio de que introdujeran enmiendas particulares a los documentos legislativos en preparación.

Según la investigación de The Sunday Times, Strasser no sólo aceptó el ofrecimiento de los supuestos cabilderos sino que, además, en los encuentros con ellos se jactó de que, por actividades de cabildeo, percibía, adicionales a su salario, 436 mil libras anualmente (casi medio millón de euros), y las prestaciones personales como eurodiputado que ascienden a 190 mil libras en el mismo periodo (215 mil euros).

Les explicó también que él debía tomar muchas precauciones en el Parlamento Europeo para evitar sospechas. En una imagen registrada con una cámara oculta, el eurodiputado dice: “El problema es que un cabildero es un cabildero, sí. Y un cabildero tiene un olfato especial. Es verdad que yo mismo soy algo así. Así que tenemos que ser muy cuidadosos.”

Tras las revelaciones, Strasser afirmó que él no había hecho nada incorrecto. Sin embargo, horas más tarde renunció a su diputación porque, dijo, se había orquestado una campaña en su contra en Austria y ello dañaba la imagen de su agrupación política, el Partido Popular Austriaco.

Poco antes, el vicecanciller de su país y presidente de su partido, Josef Proell, había calificado su actitud de “inaceptable” y le había exigido dejar de inmediato todos sus cargos políticos, no sin antes advertir que “todas las justificaciones que pudiera ofrecer Strasser son completamente huecas frente al peso de las revelaciones.”

Por su parte, el eurodiputado Severin envió a los reporteros –que él creía cabilderos– un correo electrónico que decía: “Sólo quiero avisarles que la enmienda que ustedes deseaban fue introducida a tiempo.” Después los reporteros recibieron una factura suya por 12 mil euros, respaldados bajo el concepto de “servicios de consultoría”.

El diario rumano Gandul divulgó un video grabado en secreto por The Sunday Times durante un encuentro con Severin, a quien se escucha aceptar el pago de 12 mil euros.

En declaraciones a la agencia rumana de noticias Mediafax, el eurodiputado negó de tajo las acusaciones en su contra y denunció que “toda esta historia es un ultraje sin fin”, por lo que exigió al Parlamento Europeo que ofreciera “una prueba aclaratoria” de que él no había cometido ninguna falta en este caso.

Pero no sólo eso: remarcó que él no había hecho “nada ilegal o que vaya contra las costumbres que hay aquí (en el Parlamento Europeo)”, y amenazó con demandar a los autores del reportaje periodístico.

Severin declaró a la misma fuente que los eurodiputados tenían ”el derecho a trabajar como consultores políticos”, y que su única obligación era no difundir información confidencial.

El líder de la bancada socialista, el alemán Martin Schulz, declaró el mismo día de la revelación que “un artículo periodístico no es el fallo de una Corte”, que hablaría lo antes posible con los eurodiputados inculpados de su grupo para conocer su versión de los hechos y, en caso de ser cierta la información, adelantó, propondría suspenderlos como miembros del grupo socialista.

Severin fue finalmente expulsado de la bancada socialista, pero a pesar de las presiones sigue aferrado a su curul.

Víctimas

A diferencia de Severin, Thaler renunció un día después de las revelaciones del Sunday Times. En su caso, él había aceptado introducir enmiendas a una reforma de la ley bancaria, y solicitó que le enviaran sus honorarios a la cuenta de una asociación establecida en Londres.

Pero como en los otros casos, Thaler rechazó las acusaciones y dijo que renunciaba para abrir la posibilidad de que una investigación aclarara los hechos y las circunstancias de lo que llamó “un intento por manchar mi nombre”.

En una comunicación con el sitio de noticias Euractiv, el político esloveno apunta que él sabía que se trataba de una “manipulación y un intento por desacreditarlo” desde que, en diciembre de 2010, los falsos cabilderos le habían hecho la “oferta inmoral.”

Thaler –quien fue ponente de un informe sobre Macedonia– relacionó las acusaciones que, un mes antes, en noviembre, le imputaron en ese país, y que tenían que ver con un caso de tráfico de influencias a través de una compañía eslovena de relaciones públicas.

Thaler finaliza diciendo que no tocó el dinero que le propusieron y que no tenía la intención de tocarlo en un futuro, además de que nunca firmó el “contrato de cooperación” que le habían ofrecido ni entregó factura alguna como le solicitaron.

El caso del eurodiputado español Zalba es distinto. Él proviene del medio empresarial: ha ocupado altas responsabilidades comerciales en corporativos como Arcelor Mittal (acerera), Comansa (fabricante de grúas industriales) o SIC Lázaro (dispositivos para ascensores), según sus datos curriculares oficiales.

Los presuntos cabilderos de Taylor Jones Public Affairs se vieron con él el 19 de enero. Le dijeron que necesitaban ”un socio” al interior del Parlamento Europeo para enmendar algunas partes de una directiva dirigida a compensar a los pequeños inversores en caso de fraude.

En un video con cámara oculta, Zalba contesta que él puede cambiar cualquier informe que prepare el Parlamento. “Aquí hay muchos grupos de presión, y muchos quieren que metamos enmiendas. Y depende de nosotros si hacemos un `cortar y pegar`”, refiere el eurodiputado.

Zalba les dice a sus interlocutores que él, “por supuesto”, puede presentar una enmienda a favor de sus intereses.

A fines del mismo mes, una reportera del diario volvió a verse con el eurodiputado, quien se manifestó dispuesto a tomar el cargo remunerado que le ofrecieron, pero sólo después de saber si el Partido Popular de su país lo postularía para las elecciones de mayo entrante.

En la misma cita le confirma que introducirá la enmienda que ella quiere.

Posteriormente, a través de un intercambio de correos electrónicos, los reporteros logran fácilmente que el eurodiputado introduzca una enmienda tal como ellos la redactaron, permitiendo a los fondos financieros europeos ocultar informaciones a sus clientes.

Zalba asevera que su conciencia está limpia, pues está convencido de  que votó por una ley justa, por la que no aceptó ni dinero ni favores. Así mismo, ha comentado que la presunta cabildera “era muy atractiva” y que los estándares éticos del periódico británico dejan mucho que desear.

Refiere igualmente que la enmienda propuesta por los cabilderos ficticios era muy buena y así le pareció a su bancada. También explicó que se percató de la mentira y llamó al rotativo antes de que publicara el reportaje el 20 de marzo, tras lo cual consiguió una declaración escrita de los abogados en donde aseguran que él no recibió dinero. 

El PPE ha tomado la defensa de Zalba; en un comunicado afirma  que la bancada sabía que éste había introducido una enmienda con la que estaba de acuerdo, y que de ninguna manera puede ser condenado por charlar con cabilderos.

(Artículo publicado el 8 de Abril de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)