La tercera compañía cementera más grande del mundo e icono de la empresa mexicana global no sólo está sumida en una seria crisis financiera; también enfrenta investigaciones judiciales en Europa por realizar prácticas monopólicas y violar límites de emisión de contaminantes. Incluso, organizaciones civiles la acusan de aprovechar para sus fines privados proyectos de Naciones Unidas destinados a iniciativas ecológicas.

(Artículo publicado en la edición del 1 de Febrero de 2009 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- La empresa Cementos Mexicanos (Cemex) es investigada por los gobiernos de Alemania, Gran Bretaña y Polonia por supuestas prácticas contra la competencia; la Corte Europea de Justicia le rechazó dos demandas que presentó con el propósito de elevar los límites a los índices de contaminación que producen algunas de sus plantas, y la Comisión Europea averigua si pactó precios con sus competidoras a escala regional.

Más aún: mientras Cemex presiona a la Unión Europea (UE) para que la industria del cemento continúe exenta de pago por sus emisiones de dióxido de carbono, organizaciones ecologistas cuestionan la utilización comercial que hace de proyectos internacionales supuestamente destinados a proteger el medio ambiente en México.

Estos problemas legales se suman a la crisis financiera que enfrenta la trasnacional mexicana: en el último trimestre de 2008 sus ventas y utilidades cayeron 21% y 27%, respectivamente, según analistas financieros. La depreciación del peso y operaciones con derivados, así como la compra por 14 mil millones de dólares de la empresa australiana Rinker en julio de 2007 acrecentaron sus problemas para pagar sus deudas, que eran de 17 mil 298 millones de dólares hasta septiembre de 2008.El pasado miércoles 28, Cemex anunció que había logrado la reestructuración de créditos por unos 4 mil millones de dólares que debía pagar este año, cuyos vencimientos trasladó a 2010 y 2011.

Un día antes, el presidente y director general de Cemex, Lorenzo Zambrano, declaró al diario británico Financial Times que vendería activos por 2 mil millones de dólares para pagar adeudos. El jueves 29, su vicepresidente ejecutivo de Planeación y Finanzas, Héctor Medina, informó que la empresa recortaría 10% de su planta laboral en el mundo como parte de su plan de reducción de costos.

Cártel cementero
El pasado 4 de noviembre, inspectores de la Comisión Europea –el organismo rector del mercado común europeo– ingresaron a las oficinas de Cemex en Gran Bretaña y Alemania como parte de una investigación contra el sector cementero por presuntas violaciones a las leyes de competencia.

Till Schreiber, consejero legal del bufete de abogados Cartel Damage Claims (CDC), dice a Proceso que la Comisión Europea no se comprometería en esta investigación sin tener pruebas contundentes sobre la existencia de un cártel de compañías cementeras que operaría en varios países miembros de la UE.

De comprobarse tal acusación, CDC buscará organizar a las empresas afectadas por los altos precios acordados por el cártel e interpondrá un juicio por daños e intereses contra Cemex y otras cementeras, más allá de la multa administrativa que a éstas les imponga la Comisión Europea, anticipa Schreiber.

En Alemania, la Oficina Federal Anticárteles impuso el 14 de abril de 2003 una multa de 660 millones de euros a varias cementeras que sostuvieron prácticas anticompetencia de 1993 a 2002, entre ellas Ready Mix, que Cemex adquirió en 2005.

Por ese caso, CDC –que representa a 36 empresas alemanas– exige 170 millones de euros en daños y 150 millones más por concepto de intereses, que se resisten a pagar las cementeras acusadas. Schreiber se mofa de esas empresas que dicen “sí, existía el cártel, pero éste no afectó los precios”.

El precio del cemento disminuyó 36.4% una vez que se descubrió el cártel, de acuerdo con los datos que recabó el mencionado despacho.
La querella es “única en Europa” por el monto que hay en disputa y su relevancia jurídica, dice el entrevistado, y se resolverá el próximo verano en el tribunal de la ciudad alemana de Dusseldorf. Sin embargo, CDC estima que las cementeras apelarán en caso de recibir un fallo en contra, por lo que el proceso podría durar cinco años más. “Su táctica ha sido ganar tiempo y desgastarnos económicamente”, acusa Schreiber.
En Polonia también existe una investigación en curso contra Cemex, según dijo a este corresponsal Kamila Kurowska, funcionaria de la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor (OCPC) de ese país, que acusa a la firma mexicana de pactar precios y condiciones de venta con otras cementeras, dividirse el mercado e intercambiar información estratégica entre ellas.

Esto llevó a que el 31 de mayo de 2006, en un operativo que la prensa local definió como “espectacular”, 50 inspectores de la OCPC, acompañados por 100 policías, ingresaron en forma simultánea a ocho oficinas de distintas cementeras, entre ellas las de Cemex en Varsovia.
Kurowska indicó que el contenido de las investigaciones es confidencial. Sin embargo, Cemex estima una posible sanción de 44 millones 700 mil euros, equivalente a 10% de los ingresos que obtuvo en ese país durante 2006, de acuerdo con un documento interno fechado el pasado 30 de junio, al que tuvo acceso este semanario.

Derrotas legales
Como parte de la Asociación Europea del Cemento (Cembureau), Cemex presiona para que la Comisión Europea clasifique a la industria cementera que opera en la UE como un sector “vulnerable” a la competencia proveniente del exterior del bloque, la cual, sostiene, no está sometida a estrictas normas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Lo anterior, señala Cembureau, encarece el cemento producido en Europa.

Si prospera el cabildeo, la Comisión Europea tendría que retirar su propuesta de obligar a las cementeras a pagar por las emisiones de carbono que produzcan a partir de 2013, en el marco del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión, en vigor desde el 1 de enero de 2005.

La industria del cemento es una de las más contaminantes: produce 5% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, según datos oficiales de la Comisión Europea.

En ese contexto, el 5 de junio de 2007 la subsidiaria de Cemex en Polonia (Cemex Polska) interpuso una demanda ante la Corte Europea de Justicia (CEJ) en la que solicitó anular la decisión de la Comisión Europea que obliga al gobierno polaco a reducir las emisiones de carbono que producen las empresas instaladas en su territorio en un plazo entre 2008 y 2012.

De acuerdo con la crónica jurídica del caso que elaboró la CEJ, Cemex alegó una afectación directa, pues sus dos plantas de cemento en Polonia obtuvieron “cuotas de emisiones de carbono” (volúmenes del contaminante que cada gobierno permite) inferiores a las originalmente establecidas.

La CEJ dictó su fallo el pasado 23 de septiembre. Según el expediente T-203/07, la Comisión Europea no perjudicó a Cemex porque la distribución de las cuotas de emisiones en Polonia corresponde al gobierno de ese país. Por tanto, la segunda cámara de la CEJ declaró “improcedente” el recurso legal de Cemex Polska y condenó a la empresa a pagar los gastos del litigio.

El 6 de noviembre de 2007, la CEJ dictó una sentencia similar ante otra demanda interpuesta por Cemex UK Cement Ltd, filial de la cementera mexicana en Gran Bretaña, para anular una decisión de la Comisión Europea que ordenó al gobierno británico recortar las emisiones de carbono que se emiten en su territorio. Cemex debió reducir 20% de los volúmenes de ese contaminante en su planta de Rugby.

Cemex consideró que tenía derecho a un mayor volumen de emisiones de carbono en esas instalaciones, pues la había terminado de construir apenas en febrero de 2003. También acusó al gobierno de un trato discriminatorio para su empresa, registrada en ese país como una subsidiaria de Cemex España, pues permitió que las cementeras locales rivales emitieran volúmenes superiores de carbono. Y tal práctica, aseguró, viola las leyes comunitarias de la UE.

Engaños ambientales
El pasado 22 de enero, Cemex inauguró en Oaxaca el Parque de Energía Eólica Eurus, considerado el más grande de América Latina y registrado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lorenzo Zambrano afirmó ese día que el proyecto promueve el desarrollo de las energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono.

Sin embargo, para la World Wide Fund for Nature (WWF, un organismo europeo defensor del medio ambiente) el proyecto obedece en realidad a los intereses privados de la cementera.

“Eurus no debió ser aceptado en el MDL porque no cumple los requisitos” sobre el desarrollo sustentable del país, expone Delia Villagrasa, consejera de WWF en Bruselas.

El MDL forma parte del Protocolo de Kioto y está vinculado a la Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Su objetivo: que los gobiernos y empresas de los países industrializados inviertan en proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero –principalmente de dióxido de carbono– en los países en desarrollo, como México.

Para construir el parque Eurus, la trasnacional española Acciona Energía aportó 550 millones de dólares y Cemex 45 millones de dólares. Por invertir en este tipo de proyectos, el MDL ofrece a cambio los llamados “créditos de carbono” (un crédito equivale al derecho de emitir una tonelada del contaminante), cuyo precio en el mercado era de 11.75 euros el pasado 28 de enero.

Villagrasa explica que el proyecto Eurus incumple el llamado “principio de adicionalidad” que exige el MDL, el cual consiste en probar que habrá una reducción “extra” de emisiones. Pero esto es imposible de realizar sin el apoyo financiero que otorga el citado mecanismo, lo que contrasta con el poder económico y tecnológico de Cemex, dice.

Peor aún: el megaparque de energía eólica, ubicado en uno de los estados más pobres de México, tiene como objetivo alimentar de energía eléctrica a 13 de las 15 plantas que tiene Cemex en el país. La empresa calcula que para 2018 habrá suprimido 5 millones 995 mil 710 toneladas de emisiones de carbono en todas sus instalaciones.

Luis Carranza García, director de medio ambiente de la cementera mexicana, declaró el 2 de enero de 2008 a la revista Obras que las reducciones de carbono en sus plantas mexicanas permiten a Cemex México obtener créditos de carbono que vende a Cemex International Financial Company. A su vez, ésta los pone a disposición de las filiales de la compañía en Europa para que éstas puedan cumplir con sus cuotas.

Alfonso Lanseros, director de CO2 Solutions, una firma especializada en diseñar proyectos para el MDL, reveló el 29 de febrero de 2008 que, en asociación con Cemex, su empresa dispone de 1 millón 500 mil toneladas anuales de carbono para comercializar. Según Lanseros, esto genera a Cemex ingresos adicionales por 30 millones de dólares cada año.

Sin embargo, el 14 de marzo de 2008, la Junta Ejecutiva de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (CONUCC) rechazó apoyar a Cemex al MDL en un proyecto destinado a eliminar 2 millones 331 mil 78 toneladas de carbono de sus 15 plantas mexicanas entre 2008 y 2017.
En un documento fechado el 31 de diciembre de 2007, cuya copia obtuvo Proceso,- el secretariado de la CONUCC determinó que en ese caso la cementera mexicana incumplió el referido “principio de adicionalidad” y le exigió “mayores clarificaciones” respecto de las “barreras tecnológicas, financieras y de mercado” con las que Cemex intentó justificar el apoyo solicitado al MDL.

El punto 7 de los 20 que integran el documento, remite a la información que la cementera difunde en su sitio en internet, en la que presume ser “líder de la industria global con operaciones en 50 países de los cinco continentes”, cuenta con “66 plantas de cemento propias” y tiene “una capacidad de producción anual de 93 millones de toneladas métricas de cemento”, entre otros aspectos.

“Frente a ese liderazgo industrial global y capacidades técnicas, requerimos mayores clarificaciones sobre las barreras técnicas que menciona” en su proyecto, expone el documento.