Desde finales de 2010 el gobierno de Barack Obama busca negociar la paz en Afganistán con representantes del mismo régimen talibán al que derrocó militarmente. Emisarios de Estados Unidos y de los talibanes –a quienes Washington acusó de complicidad con Osama bin Laden– han sostenido reuniones secretas en las que se negocian, entre otros temas, la liberación de presos y el levantamiento de sanciones contra dirigentes del antiguo régimen afgano. El objetivo: garantizar la estabilidad en esa nación arrasada por casi una década de guerra.

(Artículo publicado en la edición del 11 de Septiembre de 2011 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Diez años después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y la posterior invasión de Afganistán, el gobierno estadunidense busca negociar la paz con los mismos dirigentes del régimen al que acusó de brindar protección a Osama bin Laden y Al Qaeda, pero también con el llamado Grupo Haqqani y con Hizb-i-Islami, las otras organizaciones de la insurgencia afgana.
El 20 de septiembre de 2001 el entonces presidente George W. Bush amenazó al gobierno talibán con invadir el país en caso de no entregar a “todos” los líderes de Al Qaeda escondidos en territorio afgano, cerrar sus campos de entrenamiento y permitir el acceso a verificadores de Estados Unidos para constatar que habían sido desmantelados.
Ese día desde la tribuna del Congreso de su país, Bush amenazó: “El régimen talibán debe actuar, y actuar inmediatamente: o nos entregan a los terroristas o enfrentarán el mismo destino que ellos”.
El 7 de octubre de 2001 empezó la intervención militar estadunidense. Un mes después cayó Kabul y las cúpulas rebeldes huyeron al vecino Paquistán: Mohammed Omar trasladó el Consejo Talibán a la ciudad de Quetta, en el suroeste. Jalaluddin Haqqani y su hijo Sirajuddin, líderes del Grupo Haqqani, aliados de Omar y con fuertes vínculos con los servicios de inteligencia paquistaníes y con Al Qaeda, montaron su base de operaciones en el norte. Hizb-i-Islami, comandado por Gulbuddin Hekmatyar, es el menos poderoso.

El resultado de una década de conflicto ha resultado dramático en todos sentidos. Un informe de la organización Afghanistan Rights Monitor, publicado el pasado 11 de febrero, resume: “La nueva era prometida en Afganistán, con un plan de reconstrucción, desarrollo y democratización, se desfiguró en un sistema político altamente corrupto e ineficiente que recompensa a los señores de la guerra, criminales, narcotraficantes y políticos corruptos (…) A pesar de que los soldados de la OTAN y Estados Unidos han capturado y matado a miles de rebeldes, la guerra, paradójicamente, se ha intensificado y extendido a todo el país”.

Ante el evidente fracaso de una salida militar al conflicto, Barack Obama incorporó a la estrategia puramente bélica la negociación.

El contacto Aga

El pasado 15 de febrero, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue invitada a una conferencia de la organización Asia Society en Nueva York. Dos meses antes, el 13 de diciembre, había fallecido Richard Holbrooke, el arquitecto de los acuerdos de paz en Bosnia en 1995. Nombrado por Obama enviado especial para Afganistán y Paquistán el 22 de enero de 2009, Holbrooke sostenía que había llegado la hora de negociar con la resistencia talibán.

En su intervención, Clinton justificó la actual posición de su país:

“Soy consciente de que reconciliarse con un adversario que puede ser tan brutal como el régimen talibán suena de mal gusto, incluso inimaginable. Pero la diplomacia sería muy sencilla si sólo tuviéramos que platicar con nuestros amigos. Y así no es como se hace la paz. El presidente Reagan lo comprendió cuando se sentó a la mesa con los soviéticos. Y Richard Holbrooke convirtió la negociación en el trabajo de su vida. Él negoció cara a cara con Milosevic y puso fin a una guerra.”

Según versiones periodísticas basadas en fuentes diplomáticas anónimas, el sustituto de Holbrooke, Marc Grossman, ha sostenido contactos, algunos directos, con las tres principales fuerzas rebeldes.

Destacan las reuniones secretas de sus representantes con Tayyab Aga, el asistente personal del mullah Omar, y que se desarrollaron en Alemania y Qatar. Un primer encuentro tuvo lugar “a finales de 2010” y dos más “en la primavera de 2011”.

Los negociadores estadunidenses ofrecieron a Aga algunas concesiones con la finalidad de “establecer una confianza mutua”. Acordaron que Washington pediría al Comité de Sanciones de la ONU que estableciera una diferenciación entre los militantes talibanes y los de Al Qaeda.
Aga argumentó que las acciones de los talibanes se concentran en Afganistán y no en la Guerra Santa internacional contra Occidente como lo lleva a cabo Al Qaeda.

Al respecto, el gobierno de Hamid Karzai (actual presidente afgano) solicitó a dicho comité de la ONU que retirara de su lista de sanciones a 50 dirigentes talibanes de los 137 enlistados, de tal modo que se les permitiera viajar y disponer de sus bienes.

El pasado 16 de julio, el comité decidió eliminar de su lista sólo a 14. Entre ellos, miembros del antiguo régimen como Habibullah Fawzi, embajador en Arabia Saudita; Faqir Mohammad Khan, viceministro de Estado; Sayed Rahman Haqani, viceministro de Minas y Trabajos Públicos; y Maulvi Arsala Rahmani, viceministro de Educación Superior.

Todos ellos forman parte del Alto Consejo para la Paz que instituyó Karzai el 28 de septiembre de 2010, una asamblea de 70 representantes de facciones rivales cuyo objetivo es promover las negociaciones de paz con los rebeldes.
Karzai había incluido en su petición al propio Omar y al líder de la organización Hizb-i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, pero Rusia y Estados Unidos se opusieron.

Aga obtuvo otras concesiones de buena fe: Estados Unidos se ocupó de que no fuera detenido al asistir a las conversaciones en Alemania, y garantizó que no se opondría a la apertura de una representación talibán en un tercer país.

En esas charlas clandestinas, los enviados de Obama preguntaron cómo podrían conseguir la liberación del sargento Bowe Bergdahl, capturado hace dos años por los talibanes en Afganistán. Aga abordó la posibilidad de liberar a 600 talibanes presos en la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, y en Guantánamo. Ahí están encarceladas figuras importantes del régimen talibán, como el exjefe de personal del Ministerio de Defensa, Mohammed Fazilo el exgobernador de la provincia de Herat, Kairullah Khairkhwa.

A principios de junio, la existencia de tales conversaciones secretas fue divulgada en la prensa: todo apunta a que la filtración fue deliberada y efectuada por una persona que trabaja en el palacio presidencial de Karzai.

Aga se vio obligado a huir por temor a represalias y está actualmente en Alemania, según declaraciones de fuentes anónimas divulgadas por la agencia Associated Press el 29 de agosto.

De acuerdo con un “exoficial estadunidense familiarizado con las conversaciones”, que cita la misma agencia, tal filtración enfureció y consternó a los negociadores de la Casa Blanca y terminó erosionando su confianza en Karzai.

El acuerdo de Karzai

Los acercamientos de Washington con los talibanes no convienen a Karzai, quien busca desde hace años un acuerdo de paz con los talibanes que lo ayude a mantenerse políticamente a flote.

El 27 de julio de 2009, Siamak Harawi, uno de los voceros de Karzai, anunció que dos días antes entró en vigor un cese al fuego con las milicias talibanes del distrito de Bala Murghab, en la provincia de Badghis, con el propósito de que pudieran transcurrir sin violencia las elecciones locales del 20 de agosto. El acuerdo, que había sido negociado por los jefes de las tribus locales y no por funcionarios gubernamentales, consistía en la retirada de los insurrectos de una parte del distrito a cambio de que el ejército afgano abandonara las posiciones ganadas en la zona.

Herawi calificó positivamente la tregua y afirmó que otras provincias querían concluir pactos similares, pero un portavoz talibán de alto rango, Yousuf Ahmadi, desmintió el acuerdo que supuestamente había suscrito uno de sus comandantes.

Durante la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Londres el 28 de enero de 2010, Karzai llamó a los rebeldes a incorporarse al plan de desarme y unirse a la Loya Jirga o Gran Asamblea de notables, pero la cúpula talibán rechazó la iniciativa y exigió como condición la salida del país de las tropas extranjeras. Obama había ordenado el despliegue de 30 mil soldados más en Afganistán en 2010.

Un día antes de dicha conferencia, el Consejo de Seguridad de la ONU removió de su lista de sanciones a cinco connotados talibanes: Wakil Ahmad Mutawakil, exministro de Relaciones Exteriores; Fazil Mohammad, exviceministro de Defensa y preso en Guantánamo; Shams-Us-Safa, exjefe de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores; Mohammad Musa, exviceministro de Planeación y Abdul Hakim, exviceministro de Asuntos Fronterizos.

El 6 de octubre de 2010, el Washington Post reveló que el gobierno de Karzai mantenía “serias pláticas” con representantes de Omar para negociar el final de la guerra. A esta reunión asistieron enviados del gobierno paquistaní quienes querían tener mayor control sobre las negociaciones, lo que irritó al presidente afgano.

El pasado 18 de agosto, Paquistán ofreció llevar a la mesa de negociaciones a Jalaluddin Haqqani, una opción inviable para Washington debido a que este líder encabeza un grupo que realiza mortales ataques contra tropas estadunidenses.

Según el rotativo estadunidense, las primeras conversaciones de Karzai con el Consejo Talibán se efectuaron en 2009 en Arabia Saudita y “por primera vez”, los talibanes parecían dispuestos a discutir “un acuerdo integral” de pacificación, que incluía la participación en el gobierno afgano de algunos de sus líderes y el retiro de las tropas estadunidenses y de la OTAN en un tiempo establecido.

El 22 de junio último, Obama anunció que 33 mil soldados regresarían a Estados Unidos para septiembre de 2012 y que la fase final de entrega del mando militar al ejército afgano concluirá en diciembre de 2014.

A Karzai le urge reconciliarse con las milicias rebeldes. Un reporte del prestigiado International Crisis Group (ICG), publicado el 27 de junio pasado, señala que la insurgencia en Afganistán se ha expandido “más allá de sus bastiones en el sureste del país”, así como de su tradicional base de apoyo en la etnia pastún, por lo que “la influencia de los talibanes está creciendo en las provincias del centro y este del país, donde instala gobiernos paralelos y explota las vulnerabilidades del gobierno central, carcomido por la corrupción y que depende profundamente de una corrosiva economía de guerra”.

A pesar de los esfuerzos para combatir la insurgencia en el sur, prosigue el análisis del ICG, la estabilidad en el centro de Afganistán “está muy erosionada”: los rebeldes ya rodean Kabul, donde vive la quinta parte de los habitantes del país.

Se duda que Karzai sea capaz de contener la amenaza y logre estabilizar el país antes de 2014.