BRUSELAS.- Por primera vez de manera pública, el gobierno mexicano confrontó en las instituciones de la Unión Europea (UE) los cuestionamientos de varios eurodiputados que califican de “lamentable” la situación de los derechos humanos en San Juan Copala, Oaxaca.

El pasado 16 de septiembre, la delegación para México del Parlamento Europeo reunió a los representantes de la embajada mexicana ante la UE con las eurodiputadas Satu Hassi y Franzisca Keller.

Ahí, las eurodiputadas presentaron, por escrito, el reporte oficial de la visita que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca, a principios de julio, con el propósito de recabar información acerca de las investigaciones policiacas en torno del asesinato de los activistas Jyri Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, y Beatriz Cariño.

Keller y Hassi también hicieron uso de la palabra.

Aunque la embajadora Sandra Fuentes Beráin fue invitada a exponer la posición mexicana frente al referido reporte, ésta no pudo hacerlo porque tuvo que asistir a un evento con la comunidad mexicana en el marco de las fiestas del Bicentenario, explicó a los asistentes Víctor Hugo Morales, jefe de cancillería de la embajada, quien respondió en su lugar. Lo acompañaban Alberto Glender Rivas, responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo, y Alejandro Sousa Bravo, encargado de derechos humanos.

En esa misma sesión, Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, anunció que el gobierno de Felipe Calderón asumió la contratación y el pago de dos expertos europeos que evaluarán los campos de cooperación de la UE con México en materia de seguridad y combate contra la delincuencia organizada.

El pasado 16 de mayo, las autoridades mexicanas y europeas sellaron con bombo y platillo una “asociación estratégica” que, como consecuencia de la violencia desatada en México por las políticas gubernamentales contra el narcotráfico, integra por primera vez un diálogo bilateral en temas de seguridad.

El hecho de que México sufrague completamente el trabajo de dichos expertos europeos choca con la actual política de cooperación de la Comisión Europea con México, la cual estipula que el financiamiento de los proyectos se divide en partes iguales entre el gobierno mexicano y la mencionada institución europea.

Mavromichalis insistió en que el gobierno panista fue el que solicitó expertos europeos en seguridad, por lo que su remuneración correrá a cargo del erario público mexicano. Esta semana, Mavromichalis comunicará al gobierno de México, para su aprobación, el nombre de los expertos, los cuales no quiso revelar.

Críticas

El 6 de mayo pasado, días después del asesinato de los activistas el 27 de abril en San Juan Copala, Hassi y su colega Heidi Hautala, ambas de origen finlandés, se entrevistaron en sus oficinas del Parlamento Europeo con la embajadora Fuentes Beráin.

En ese breve encuentro, la embajadora minimizó el nivel de violencia existente en la región, negó la existencia de grupos paramilitares en México y consideró la agresión contra los activistas una consecuencia de un conflicto interétnico y no político (Proceso 1749).

Pocos días después de que regresaron de México, Hassi y Keller ya habían divulgado por separado reportes internos de su viaje a México tanto en el Parlamento Europeo como en el alemán, país del que proviene Keller.

En esos documentos las legisladoras europeas denunciaron el cerco que mantiene sobre San Juan Copala la organización de corte paramilitar ligada al gobernador Ulises Ruiz, Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Documentaron también graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población, en su mayoría indígenas triquis, sin que el gobierno estatal ni federal intentaran siquiera intervenir, por lo que las eurodiputadas advertían la posibilidad de más hechos de violencia, como finalmente sucedió (Proceso 1765).

Pero a diferencia de esos reportes, el que presentaron la semana pasada lo dirigen, además de las embajadas de Finlandia y Alemania, así como a la representación de la UE en México, al gobierno de Felipe Calderón.

El contenido del nuevo reporte es prácticamente el mismo que los anteriores: éste conserva su fondo crítico y alarmante, aunque se observa una formulación más diplomática de las denuncias.

En la sesión del 16 de septiembre, Hassi se refirió al activista Jyri  como extremadamente soñador. Platicó cómo sucedieron los hechos el día de los asesinatos y, en ese sentido, subrayó que las autoridades oaxaqueñas ya tenían información de que la caravana de paz iría a San Juan Copala, pero que aún así “no estuvieron dispuestas a proteger al convoy”.

“El caso no está resuelto en absoluto”, espetó la exministra de Cooperación de Finlandia.

Posteriormente, Keller señaló que tales asesinatos están forzosamente vinculados con la pésima situación de los derechos humanos en México.

Recordó a los funcionarios mexicanos presentes en la sala que México ha sido denunciado por ese motivo por muchas organizaciones no gubernamentales, instituciones y observadores internacionales.

Keller consideró que la situación en San Juan Copala ”es muy complicada y difícil”, e identificó a Ubisort como un grupo paramilitar que “de una u otra manera” cuenta con el respaldo del gobierno saliente de Ulises Ruiz, como lo dijo también Hassi.

Narró rápidamente las penurias y los peligros que pasan los habitantes de ese poblado cuando tienen que salir a buscar alimentos o  atención  médica, así como la carencia del suministro de electricidad y de agua. Contó además que los paramilitares utilizan contra la población civil un tipo de proyectiles expansivos prohibidos por las leyes internacionales.

Y sentenció: “Son muchos los problemas que se tienen que superar. Pero el gobierno federal no interviene, no quiere solucionar esos problemas. Y las autoridades de Oaxaca tampoco hacen nada”.

Silencio oficial

Morales respondió que el gobierno de México “lamentaba los hechos acontecidos en San Juan Copala”, y que éste “continuaría informando a la opinión pública sobre ese ‘acontecimiento’”.

Mencionó que las autoridades mexicanas iniciaron “inmediatamente” las investigaciones de los “hechos”, y que desde entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa de los avances a las embajadas europeas “interesadas”, de manera particular a las de Finlandia y la UE. El funcionario jamás mencionó la palabra ”asesinatos”.

Morales reprochó la actitud de las eurodiputadas. Recordó a Hassi y Keller que la SRE les ayudó a coordinar su visita a México, “a pesar de lo precipitado y el cortísimo tiempo que tuvimos desde que nos la anunciaron”.

Manifestó que las eurodiputadas pudieron entrevistarse sin obstáculos con las autoridades federales, por lo que no podían quejarse de falta de “apoyo y apertura” por parte del gobierno calderonista.

El funcionario presumió que “México practica una política de total y absoluta apertura de monitoreo internacional de derechos humanos”. Ese fue el caso, expuso, durante la visita de los padres de Jyri Jaakkola al país del 27 de agosto al 7 de septiembre, quienes se reunieron con las autoridades federales y con el gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, quien les ofreció ”continuar con las investigaciones sobre el fallecimiento” de su hijo, a lo que también se comprometió la PGR, según añadió Morales.

Según él, al final de su visita, los padres de Jyri “manifestaron su satisfacción por los resultados de la misma”.

“La posición del gobierno de México –sentenció Morales– ha sido franca, abierta y permanente en este tema”.

El presidente de la delegación europarlamentaria, Ramón Jáuregui, intervino:

–A mí me queda una sola pregunta: ¿hay algún acusado ante la Procuraduría? ¿Hay alguna persona inculpada por estos asesinatos?

–Según mi información, nadie ha sido acusado oficialmente –contestó Hassi.

Los funcionarios mexicanos prefirieron guardar silencio al respecto. Y es que ese era el reclamo central de las eurodiputadas: la impunidad que reina en México.

(Artículo publicado el 18 de Septiembre de 2010 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)