La Unión Europea podría cancelar la venta de armas a México. La razón: el código de ética prohíbe a sus miembros vender material bélico a países que lo utilicen para reprimir o en situaciones de tensión política. Organizaciones internacionales de derechos humanos y parlamentarios europeos consideran que éste es el caso de México, particularmente por la crisis que afecta a Oaxaca.
(Artículo publicado en la edición del 19 de Noviembre de 2006 de la revista PROCESO)
BRUSELAS.- A partir de la decisión del presidente Vicente Fox de utilizar la fuerza pública en Oaxaca, y ante las múltiples denuncias de abusos policiacos en éste y otros conflictos, en la Unión Europea (UE) crecen los pronunciamientos que exigen un mayor control de las millonarias exportaciones de armas a México.
La presidenta de la influyente subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Hélène Flautre, advierte: “Los países de la UE deben cuidarse de no vender a México armas que luego puedan servir a la policía para torturar o atacar a los ciudadanos”.
Para la eurodiputada francesa, “dada la situación predominante en México, el país no podría adquirir ciertas armas europeas si los gobiernos (de la UE) aplicaran correctamente el código de conducta”.
El pasado miércoles 8, los partidos Verde e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo propusieron una “resolución de urgencia” sobre el conflicto de Oaxaca y la venta de armas a México. Sin embargo, los parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista Europeo la rechazaron e impidieron que el tema fuese incluido en la sesión plenaria de la semana pasada.
No obstante, en el próximo encuentro de la subcomisión de Derechos Humanos, este lunes 20 de noviembre, los verdes presentarán a la UE, entre otras demandas, la de “prohibir estrictamente la exportación de armas a México, para evitar que éstas sean utilizadas contra la población civil en un conflicto interno”, según la carta original en poder de Proceso, a la cual estarán obligados legalmente a responder las más altas autoridades diplomáticas de Bruselas.
Nicolas Kerlereux, portavoz del Consejo de Ministros de la UE, señala a Proceso que “cualquier procedimiento de revisión del comercio de armas con México está abierto a iniciativa de algún gobierno del bloque”.
Contra la represión
El Código de conducta sobre exportación de armas, que acordaron en 1998 los gobiernos de la UE, está compuesto de ocho “criterios”. El segundo de éstos prohíbe expedir licencias de exportación a un país, “si hay un claro riesgo de que el material pueda ser usado para ejercer una represión interna”, para practicar “tortura y otros tratos o castigos degradantes, inhumanos o crueles, ejecuciones sumarias o arbitrarias, desapariciones, detenciones arbitrarias, y otras violaciones mayores a los derechos humanos”.
El tercer criterio tampoco permite las exportaciones de material militar a naciones “en tensión política o conflictos armados”.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Oxfam afirman que estos criterios se cumplen en el caso de México. Desde junio del año pasado, estos organismos ya acusaban en un informe la “transferencia irresponsable” de armas europeas hacia países como México, “donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos”.
AI ha documentado en los últimos años acciones abusivas de las fuerzas mexicanas de seguridad: en 2004 en Guadalajara, durante la cumbre UE-América Latina; en mayo pasado en San Salvador Atenco; y el 14 de julio reciente en Oaxaca, en un primer intento de desalojo.
De agosto y hasta el 27 de octubre pasado, la organización ha difundido comunicados en los que culpa a la Policía Federal Preventiva de haber usado “una fuerza excesiva y desproporcionada contra los manifestantes del estado de Oaxaca”, e incurrir en delitos tales como asesinato, torturas y malos tratos.
Sin embargo, en el periodo que comprende de enero de 2001 a diciembre de 2005, la UE vendió al gobierno de Fox más de 243 millones 500 mil euros en armamento de distinto género, colocando a México entre sus clientes latinoamericanos más importantes.
De acuerdo con los informes anuales del Consejo de Ministros de la UE sobre la materia, en el mismo periodo 14 de los 25 países socios transfirieron material de guerra a México: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Lituania, Polonia, Reino Unido y Suecia.
El citado Kerlereux confirmó al corresponsal que el destino de dichas exportaciones abarca al conjunto de las fuerzas policiacas mexicanas.
Francia se adjudicó 38% de la factura. Hasta diciembre pasado había vendido a México 93 millones de euros, la mayor parte en equipo electrónico para uso militar, aeronaves de combate y diferentes clases de balas.
El más reciente informe del Consejo de Ministros de la UE, publicado el pasado 12 de septiembre, revela que este negocio resultó tan lucrativo para los fabricantes franceses durante el foxismo que, el año pasado, acapararon 68% de las ventas totales de la UE a México. Más aún: el año pasado el gobierno de Fox casi triplicó las adquisiciones de armamento galo, de 12 a 34 millones de euros, con relación a 2004.
El Consejo de Ministros no dispone de información precisa de los países a los que compró Fox el primer año de su gobierno, 2001, cuando suscribió pedidos a la UE por 26 millones de euros.
Lo que sí registra es que de los 56 millones de euros que entonces exportó el bloque comercial a México por concepto de armas pendientes de entrega, 48 millones (85%) provenían de Francia.
Investigación
Desde 2003, la UE detalla las características del armamento que exportan los estados miembros y las agrupa en 22 categorías.
La que entraña mayor riesgo corresponde al apartado de fusiles, pistolas, revólveres y metralletas de calibre inferior a 20 milímetros, así como armas automáticas o semiautomáticas de 0.50 pulgadas de calibre o inferiores.
En los últimos tres años México adquirió armas de esta categoría por un valor de 7.47 millones de euros -la mitad el año pasado-, que abastecieron Austria, República Checa y Alemania, y en menor cantidad España.
Un serio cuestionamiento a las garantías que ofrece México ya ocurrió cuando, en febrero de 2000, el país quiso comprar a Bélgica 500 metralletas modelo P-90. La transacción comercial fue acordada, pero el 2 de mayo de ese año el gobierno belga la detuvo de manera unilateral. El argumento: el Parlamento local había expresado su temor de que armas tan sofisticadas -capaces de atravesar unos 50 chalecos blindados a 100 metros de distancia-cayeran en manos equivocadas: cárteles del narco y organizaciones de delincuencia organizada.
Dirk van der Maelen, líder de la bancada socialista, recuerda en entrevista con Proceso que varios parlamentarios, habían advertido junto con él que, de concretarse el negocio, Bélgica estaría violando la Ley Nacional de Armas y el Código de conducta de la UE.
En medio del revuelo político que causó el caso, las autoridades de Bruselas otorgaron a México dos meses para probar que las metralletas serían para uso exclusivo de la policía y del ejército. Tres semanas más tarde México canceló el pedido sin mediar explicaciones.
Rupert Knox, esperto de AI para México, reconoce el derecho de las autoridades a resguardar el orden y la tranquilidad. Sin embargo, advierte: “La UE debe revisar cualquier exportación (de armas) si ésta tiene implicaciones en la violación de derechos humanos, si ha identificado qué cuerpos de policía o del ejército están involucrados, y si dispone de hechos documentados”.
El pasado 30 de octubre, la sección londinense de AI demandó que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre la muerte de dos manifestantes durante el operativo policial del día anterior en Oaxaca, así como sobre el asesinato del periodista estadunidense William Bradley Roland, ocurrida el 27 de octubre en la misma ciudad. El propósito: “determinar la responsabilidad de las autoridades locales y estatales en la promoción o tolerancia de la violencia y las violaciones a los derechos humanos”.
Hélène Roux, activista de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México, una organización con sede en Barcelona, dice al corresponsal: “La UE mantiene programas de cooperación con la policía mexicana. En este marco, varios países de la UE, en particular Francia, financian un programa específico con la Policía Federal Preventiva.
Ya es tiempo que la UE evalúe con qué tipo de cuerpo policiaco está cooperando y qué tipo de aporte concreto está dando al avance de los derechos humanos”.
Y remata: “En la medida en que estos acuerdos de cooperación están vinculados a la venta de armamento, no vemos en qué sentido esta clase de comercio y la dotación de armas más sofisticadas podría contribuir en una mejora de la actuación de la policía mexicana”.