BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó, el pasado miércoles 28 de octubre, un paquete de medidas económicas con las que la Unión Europea (UE) pretende hacer frente a la ya larga crisis que amenaza con llevar a la quiebra a varios países de la zona euro, debido a sus enormes deudas públicas.

Sin embargo, diversos expertos opinan que tales medidas no son suficientes para sanear las finanzas del bloque europeo ni para acabar con la falta de confianza y las consecuentes turbulencias en los mercados financieros.

Este 4 de octubre, el Consejo de la UE (el órgano de decisión colectiva de los 27 gobiernos asociados) deberá aprobar esas medidas, de tal forma que éstas puedan entrar en vigor a finales de este año o principios de 2012.

El llamado Six Pack es un paquete de seis medidas legislativas que hace un año, el 10 de septiembre de 2010, presentó la Comisión Europea, la institución de la UE que protege los intereses comunes del bloque y diseña leyes colectivas a petición de los Estados miembros. Su objetivo general es “mejorar y ampliar la vigilancia de las políticas fiscales y proponer políticas macroeconómicas y reformas estructurales”.

La Comisión Europea asegura que tal paquete legislativo “comprende el cuerpo más integral de medidas de reforzamiento del gobierno económico de la UE (o gobernanza económica) y de la zona euro desde el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria”, cuyos orígenes se remontan a 1972 con la llamada Serpiente Monetaria Europea.

Actualmente, los 27 Estados miembros de la UE ya están obligados a regular sus políticas fiscales para evitar endeudamientos excesivos, en particular así lo establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

Esa norma –sustentada en el artículo 121 del tratado de la UE– provee una guía preventiva para garantizar que las políticas fiscales sean sostenibles, y fija que cada año los 27 gobiernos socios presenten en sus planes presupuestales las medidas que consideren necesarias para cumplir con sus objetivos de mediano plazo en sus programas de estabilidad o convergencia.

No obstante, esa regla era incumplida en la práctica y Grecia incluso ocultó durante años su verdadero nivel de endeudamiento, que tiene al país al borde de la bancarrota oficial.

Sanciones

El nuevo sistema que propone la Comisión Europea introduce mecanismos “preventivos”: por un lado, el crecimiento del gasto público debe ahora corresponder a la tasa de crecimiento a mediano plazo del producto interno bruto (PIB), así que cualquier gasto adicional solamente podrá ser financiado con recortes al gasto o con un incremento de los ingresos.

Por otro lado, en caso de que un Estado falte a las medidas acordadas, la Comisión Europea emitirá una “advertencia”. También puede emitir una “recomendación correctiva”, que deberá adoptar el Consejo (todos los gobiernos de la UE) por mayoría calificada. De persistir la violación, la Comisión pedirá al Consejo que adopte una “decisión” estableciendo que el Estado acusado no solucionó el problema. Si el Consejo no adopta esa decisión y, un mes después continúa la falta, la Comisión Europea puede someter de nuevo la adopción de la “decisión” y será adoptada, a menos que vote en contra una mayoría simple de los 27 gobiernos de la UE.

Según la legislación en vigencia, los Estados miembros tienen la obligación de mantener un déficit menor a 3% y una deuda pública inferior o “declinando suficientemente” a 60% de su PIB.

La Comisión Europea constata que “los altos niveles de deuda respecto al PIB existente en varios países aun antes de la crisis, y los problemas de deuda soberana en muchos, demuestran que el actual Procedimiento de Deuda Excesiva (PDE) no fue efectivo en frenar el avance del endeudamiento”.

Por lo tanto, un nuevo mecanismo de sanción establece que los Estados de la UE cuya relación de deuda exceda 60% de su PIB “deben disminuir ese monto de exceso a una tasa del orden de un veinteavo anual durante tres años consecutivos”. En caso contrario, la Comisión Europea podría iniciar un PDE: si el país afectado pertenece, además, a la zona euro, la Comisión Europea emitirá una “recomendación” y, salvo que una mayoría calificada de los gobiernos nacionales de la UE voten en contra, ese país será requerido de un depósito sin devengar intereses equivalente a 0.2% de su PIB.

En caso de que el país en cuestión continúe sobrepasando los límites acordados, dicho depósito será convertido en multa y ésta aumentará si no son respetadas las recomendaciones emitidas.

Una nueva directiva (ley europea que deben adoptar las leyes nacionales) pretende reforzar el PEC y “mejorar de manera sustancial las decisiones presupuestarias” de los Estados miembros “cuyas debilidades institucionales interfieren con su habilidad para garantizar un efectivo gobierno económico”.

En especial, los Estados miembros “tienen que asegurarse que sus marcos fiscales están en línea con los estándares mínimos de calidad y que cubren todos los niveles de gobierno: nacional, regional y local”. Aparte deben adoptar planes fiscales multianuales para poder lograr los objetivos de mediano plazo, así como garantizar la transparencia del proceso presupuestal, “entregando información relevante sobre fondos y organismos extrapresupuestales existentes, gastos fiscales, y pasivos contingentes con potencial impacto sobre los presupuestos públicos, por ejemplo las garantías gubernamentales.

Medidas cortas

Los 17 países de la UE que comparten una moneda única, el euro, no han tomado las decisiones que realmente puedan ayudarlos a salir de la crisis, opina un análisis del Centro para la Reforma Europea (CER por sus siglas en inglés), un influyente think tank británico especializado en asuntos de la UE.

Elaborado por el economista en jefe de ese centro, Simon Tilford, el reporte, fechado el 19 de septiembre, señala que “la eurozona ha optado por negarse a sí misma las herramientas para poder gestionar la crisis”. Un primer elemento que señala es la mutualización de la deuda, es decir la creación de bonos europeos únicos que respondan por las deudas del conjunto de países de la zona euro.

El gobierno alemán de Ángela Merkel se opone rotundamente a esta opción, ya que una mayoría de sus ciudadanos rechazan que el país tenga que pagar las deudas de Grecia, España o Italia. Un sondeo de la firma alemana Boersennews, publicado el 13 de septiembre último, arrojó que 93% de los alemanes rechaza las también llamadas “euro-obligaciones”. Los partidos políticos alemanes, añade, perderían en conjunto 27% de su electorado en caso de aceptarlas, sobre todo el partido gobernante, la Unión Cristiana-demócrata, 17%.

Actualmente, la tasa de los bonos alemanes a 10 años se ubica a 2.6%, la de los bonos griegos hasta 16%, y la introducción de eurobonos aumentaría a 4.9% la tasa alemana. En contraste, la simple existencia de la moneda única genera aproximadamente 10% del PIB alemán: su derrumbamiento tendría un efecto fatal en la economía de la locomotora económica europea.

Agrega Tilford que “la manera en que varios países de la zona euro, como Alemania u Holanda, han caracterizado la crisis, como una batalla entre países que cumplen con las reglas y aquellos que las rompen, hace imposible un apoyo a la unificación de la deuda europea en esos países”.

Otro punto: el Banco Central Europeo (BCE) no puede ejercer las funciones plenas de un órgano crediticio de última opción: como adquirir volúmenes ilimitados de deuda soberana y otros activos financieros “con el objetivo de demostrar a los inversionistas que sus temores de que un país caiga en la insolvencia son infundados”.

Plantea Tilford: “La renuncia de los alemanes Juergen Stark y Axel Weber –el economista en jefe del BCE y el dirigente del Bundesbank, respectivamente– en protesta por la compra que realizó el 8 de agosto el BCE de deuda de países fuertemente golpeados por la crisis (España e Italia), muestra que muchos del establishment político alemán preferirían que la crisis siga su curso en lugar de comprometer sus posiciones filosóficas”.

“Lejos de abrirle el camino a una estrategia más activa del BCE dirigida a asegurar a los inversionistas que los bancos centrales sostienen las deudas soberanas de las economías de la eurozona, la partida del señor Stark confirma la ruptura con Alemania y amenaza con paralizar al BCE”, advierte el autor del reporte.

Subraya que, “en extremis”, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que a partir del 2013 se convertirá en el Mecanismo Europeo de Estabilidad –conocidos popularmente como fondo europeo de rescate–, podrá comprar porciones de deuda soberana e inyectar algunos fondos a los bancos, “pero ni de cerca será suficiente para sobrellevar una crisis interrelacionada de deuda soberana y del sector financiero”.

Este 29 de septiembre, el parlamento alemán votó a favor de expandir a 440 mil millones de euros ese fondo de rescate. En ese aspecto, los cuestionamientos apuntan al tamaño reducido del monto, tomando en cuenta que tan solo la deuda griega asciende a 350 mil millones de euros, por lo que dicho fondo difícilmente podría encarar el rescate de economías más grandes como la italiana o la española.

Por otro lado, los economistas cuestionan el desfase que existe entre la rapidez con que actúan los mercados financieros y el proceso pausado que caracteriza la toma de decisiones de la UE. El voto del parlamento alemán, por ejemplo, proviene de una decisión tomada desde marzo.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, propuso el pasado miércoles 28 la creación de un impuesto a las transacciones financieras en la UE, que, según sus estimaciones, recaudaría 55 mil millones de euros cada año.

Argumentó: “En los últimos tres años, los Estados miembros, los contribuyentes, han dado ayuda y garantías de 4 mil 600 millones de euros al sector financiero.

“Es una cuestión de justicia –dijo Barroso en el Parlamento Europeo–: si nuestros agricultores, si nuestros trabajadores, si todos los sectores de nuestra economía, desde la industria a los servicios, pagan su contribución a la sociedad, el sector bancario debe también aportar su contribución”.

La propuesta difícilmente podría instrumentarse: Reino Unido, el centro financiero de Europa, la rechaza, al igual que el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, quien considera que la medida provocaría una fuga de las actividades financieras fuera de los países de la UE.

(Artículo publicado el 30 de septiembre de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)