BRUSELAS.- Datos que emplea el gobierno de Felipe Calderón en Europa para minimizar la extrema violencia que azota al país, fueron incorporados a un documento solicitado por el Parlamento Europeo a sus servicios internos de análisis, con el propósito de conocer la situación económica y política que reina en México con miras a las elecciones presidenciales de 2012.

Ese documento fue elaborado por el experto europeo en Latinoamérica Jesper Tvevad, a petición de la Delegación para las Relaciones con México del Parlamento Europeo, que preside el eurodiputado español Ricardo Cortés Lastra, miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

Dicho texto está sustentado por la Dirección General del Parlamento Europeo para Políticas Externas de la Unión Europea.

En él se afirma que “a pesar de la extrema violencia con que reaccionaron los narcotraficantes” a la estrategia contra el tráfico de drogas que implementó Calderón desde 2006, “esa violencia ha estado en gran parte confinada en áreas geográficas específicas: en primer lugar en los estados fronterizos con Estados Unidos (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)”.

Asimismo, advierte que la violencia tiende a expandirse hacia otras zonas no tan afectadas, pero inmediatamente después asegura que 70% de los asesinatos cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico se concentró en sólo 85 municipios, la mayoría ubicados en la frontera norte.

El documento europeo manifiesta que “a pesar de la oleada de violencia criminal”, la tasa de homicidios en México “se mantiene por abajo de la de Brasil, Colombia y Venezuela”, y “significativamente por abajo de aquellas en países de Centroamérica”, que es otro de los argumentos al que recurre frecuentemente en el extranjero el gobierno panista.

Consultado por Apro el martes 15, Tvevad dijo no recordar en ese momento de dónde recogió esas informaciones, pero aclaró que el suyo es un “reporte independiente que no expresa ningún punto de vista oficial”. Éste consta de 24 páginas y en su portada se puede leer la leyenda Exclusivamente para uso interno del Parlamento Europeo. Esta agencia obtuvo el escrito el 10 de noviembre, el mismo día que fue introducido al sistema interno del Parlamento Europeo.

Específicamente, el documento en ciernes es un “informe de país”, cuya importancia radica en que está destinado a los eurodiputados y sus asesores, por lo que los datos y análisis que aporta pueden influir en la opinión de los miembros del Parlamento Europeo y repercutir en su toma de decisiones.

Fuente oficial

El informe de Tvevad no siempre cita las fuentes de su información. Sin embargo, el manejo de estadísticas que subestima la dimensión de la violencia en México ha sido utilizado repetidamente por los enviados del gobierno mexicano en sus reuniones con representantes oficiales, centros de estudios y organismos no gubernamentales de Europa. Forma parte del discurso diplomático mexicano, que así busca relativizar los cuestionamientos a la estrategia gubernamental contra el tráfico de drogas.

Por ejemplo, el pasado 14 de julio, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, entregó un documento oficial que incluía esos datos a representantes de ONG europeas de derechos humanos, con quienes se reunió en la sede de la embajada mexicana ante la Unión Europea (UE) en Bruselas (Proceso No. 1811).

En ese encuentro también estuvieron presentes la embajadora Sandra Fuentes Beráin; el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el finado Felipe de Jesús Zamora, así como el responsable de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la embajada, Alejandro Sousa.

Ese documento de 28 páginas, titulado La lucha de México por la seguridad: Estrategias y principales logros, no aborda el tema de las numerosas violaciones a los derechos humanos que ha provocado la guerra contra el narcotráfico.

Durante esa gira de trabajo, Poiré se entrevistó, a puerta cerrada, con funcionarios de alto nivel de las instituciones de la UE.

Los mismos planteamientos fueron manejados el 25 de mayo por el consejero de la embajada mexicana en Gran Bretaña, Ariel Moutsatsos, durante su exposición en una conferencia celebrada en un centro cultural en la ciudad holandesa de Utrecht, organizada por el Centro Nijmegen para Asuntos de Desarrollo Internacional de la Universidad Raudboud. Moutsatsos incluso presentó a la audiencia gráficas con esas informaciones en formato power point.

Como lo reportó Apro, ese evento formó parte de una serie de conferencias consagradas a los Estados fallidos.

Críticas

El objetivo del reporte realizado por Tvevad no es ofrecer datos reveladores, ya que su contenido se estructura con base en informaciones ampliamente divulgadas, en su mayor parte, en la prensa mexicana.

Así, por ejemplo, expone una cifra de 230 mil mexicanos desplazados a causa de la violencia, que corresponde a un reporte del Centro de Supervisión de los Desplazados Internos, con sede en Ginebra, publicado en marzo pasado.

Lo mismo sucede con una estimación concerniente a la pérdida en 2010 de 4 mil millones de dólares de inversión directa extranjera por el mismo motivo, la cual retoma Tvevad de un artículo del periódico Wall Street Journal publicado en diciembre de 2010, en el que se cita al economista en jefe de la oficina de JP Morgan en México, Gabriel Casillas.

No obstante, en el informe se pueden encontrar algunos análisis formulados por su autor.

El informe sobre México está dividido en cinco partes temáticas: la escena política; el tráfico de drogas y las amenazas a la seguridad; los desafíos económicos y sociales; políticas exteriores, y relaciones con la UE.

En el capítulo concerniente al narcotráfico, Tvevad opina que “el enorme poder de corrupción del tráfico de drogas significa una amenaza al funcionamiento de la justicia y de otras instituciones del Estado (mexicano), incluyendo a las fuerzas de seguridad”.

Observa que “recientemente cientos de policías, jueces, oficiales de alto nivel y políticos locales han sido arrestados y acusados de colaborar con los carteles de la droga”, y que incluso “ha habido varias campañas (del gobierno mexicano) para purgar y enjuiciar a las fuerzas de policía local”.

“Sin embargo –afirma– los arrestos no derivan frecuentemente en procesos judiciales. De igual forma, el desplazamiento de las fuerzas armadas –vistas tradicionalmente como una de las instituciones menos afectadas por la corrupción– en la guerra contra las drogas, las expone a un creciente riesgo”, además de que “la infiltración de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de aplicación de la ley, incluyendo una institución clave como la Procuraduría General de la República, está obstaculizando la persecución de los narcotraficantes”.

Tvevad expone que “el poder local de los cárteles de la droga y del crimen organizado en varias áreas ha alcanzado tal nivel que diversos analistas observan una situación donde la autoridad real es ejercida ahí por esos grupos, los cuales incluso proveen servicios públicos”, por lo que, estima, “un desafío mayor será evitar que el dinero de la droga sea usado para financiar campañas electorales o intentar comprar votos”.

El experto europeo indica que “el dinero del narcotráfico está cada vez más presente en la economía legal” mexicana, a través de la cual genera “miles de millones de dólares, que son reciclados en una variedad de sectores de negocios, como la construcción, los bienes raíces, las casas de cambio, restaurantes y hoteles”.

En el análisis, Tvevad asegura que “el desplazamiento masivo de las fuerzas de seguridad, particularmente el Ejército, ha estado acompañado de numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos y abusos contra los civiles”, y añade que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido unas 5 mil quejas de violaciones cometidas por los militares desde 2007, incluyendo tortura, violación, desapariciones y asesinatos.

Tvevad admite en su informe que “la posición inflexible de la administración de Calderón contra los cárteles de la droga ha hecho posible algunos éxitos”, como la incautación de armas y el arresto o asesinato de integrantes de base y de algunos líderes de los principales cárteles.

Pero concluye: “nada de ello ha conducido a una disminución de la violencia”.

(Artículo publicado el 21 de Noviembre de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)